Segundo premio del concurso Julio Castro
Hay un pájaro cerca del cartel. Camina despreocupado sobre el pasto. Nada más se mueve. Unos metros más arriba se ven, estoicas, tres maderas horizontales clavadas en dos troncos; un nombre: “Armada Nacional. Comando de la Flota. Base naval ‘C/C E. Motto’”.
La Base Naval Secundaria de La Paloma existe, como tal, desde el 14 de abril de 1941. Ese día la Dirección de Hidrografía le entregó a la Inspección General de Marina, por resolución del Poder Ejecutivo, el istmo —una franja estrecha de tierra que une, a través del mar, dos áreas mayores de tierra— de La Paloma, con las construcciones que existen hasta hoy.
Las oficinas están ingresando a la zona del puerto. Para llegar a ese punto hay que pasar frente a las casas que conforman la base. El nombre se ve en carteles y uniformes.
Hay una calle larga y asfaltada, doble vía, que al fondo se curva a la izquierda, hacia la escollera; al avanzar por ella aumentan el viento y los elementos militares detrás de mallas de alambre y alambres de púa: botes, boyas, un helicóptero. Lo único que pertenece a la zona militar pero está del lado “de afuera” son los carteles. Al final del recorrido aparece un espacio de playa abierto a todo público que se corta de manera abrupta por una cerca con un cartel: “Área naval, no pase”.
Todos esos terrenos son propiedad de la Armada Nacional y llevan el nombre “Capitán de Corbeta Ernesto Motto”, integrante del Escuadrón de la Muerte.
Ernesto Motto
¿Quién era Ernesto Motto? “No hay un documento que te responda lo que vos te preguntás”, asegura Fabiana Larrobla, investigadora especializada en terrorismo de Estado. Para saber sobre él hay que rastrear fragmentos de la historia, intentar sistematizarlos y reconstruir.
La historia de Motto se puede rearmar con declaraciones de expolicías procesados, precisiones en su legajo y menciones en algunos documentos y publicaciones.
Ernesto Motto Benvenuto era capitán de corbeta de la Armada Nacional, un rango mayor que el de teniente. En 1971 era oficial de Inteligencia. Operaba como enlace entre el Estado Mayor Naval y el grupo paramilitar Comando Cazatupamaros, conocido como Escuadrón de la Muerte.
El Escuadrón de la Muerte, además de realizar varios atentados con bombas, secuestró, torturó y asesinó a Manuel Antonio Ramos Filippini, Íbero Gutiérrez y Héctor Castagnetto –aún desaparecido–. Además, según la información de Sitios de Memoria, se presume que Abel Ayala –el primer desaparecido– también fue víctima del grupo parapolicial. Todos estos crímenes fueron cometidos entre 1971 y 1973, antes del golpe de Estado del 27 de junio.
El rol del capitán en la organización paramilitar aparece registrado en las actas del exfotógrafo policial Nelson Bardesio, secuestrado en febrero de 1972 por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) e interrogado en la Cárcel del Pueblo. Sus dichos se transcribieron en un comunicado que fue difundido a la población: “Como resultado de sus declaraciones ante el Tribunal del Pueblo, van quedando en claro los siguientes hechos [...] ATENTADOS CON EXPLOSIVOS. Contra el domicilio del Dr. Arturo Dubra. Además de Bardesio participó el capitán de la marina ERNESTO MOT[T]O BENVENUTO, en cuyo automóvil fue perpetrado el hecho”.
Tras el secuestro de Bardesio algunos integrantes del Escuadrón de la Muerte asumieron que alguien lo había delatado. Señalaron a Mario Benítez Saldivia, exagente policial que cumplía funciones en el Ministerio del Interior. Lo detuvieron y lo interrogaron.
Luego de que lo liberaran, vigilado de cerca, Benítez dio una declaración que fue leída por el senador Juan Pablo Terra en la Cámara de Senadores en junio de 1972. Allí, entre otros elementos, se destaca: “En referencia al atentado contra el Dr. Dubra, fueron Motto, Bardesio y un integrante del grupo que no puedo precisar quién era”.
Benítez aseguró, además, que Motto daba a los demás integrantes del Escuadrón de la Muerte “clases de inteligencia” en el Club Naval. Esta afirmación se suma a una que figura en su legajo: “30/IV/71. ‘Fue designado por la Superioridad para realizar un curso de contrainsurgencia en Panamá; su actuación y posterior rendimiento en esa área son elementos reveladores del buen provecho sacado del curso por el T/N Motto’ –fs. 311–”.
“Se recomienda la captura o cualquier información que contribuya a ello de las siguientes personas: [...] Capitán de Marina ERNESTO MOT[T]O BENVENUTO –alias TITO–, domiciliado en la calle Torres García de la ciudad de Las Piedras”, decía el comunicado del MLN.
El 14 de abril de 1972 Ernesto Motto Benvenuto fue acribillado a balazos en la ciudad de Las Piedras, donde vivía.
Vivo sigue en la muerte
“El Soldado dedica el presente número a la recordación de los soldados, policías y civiles que cayeron en la lucha contra la sedición. Vuestro esfuerzo, valor y patriotismo nos enorgullece y nos obliga a superarnos día a día, ustedes que brillaron al morir porque ‘vivieron la vida de tal suerte que vivos siguen en la muerte’”, rezaba esa edición mensual de la revista del Centro Militar. Dentro, fotos de militares, policías y civiles asesinados entre abril y junio de 1972.
El 5 de junio de 1973, de acuerdo con el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, el presidente Juan María Bordaberry –pocas semanas antes del golpe de Estado– decretó (398/973) que la Base Naval Secundaria de La Paloma se llamaría Ernesto Motto, considerando “que la fecha de creación del Apostadero de La Paloma coincide con la fecha de inmolación del citado oficial”.
En 1994, nueve años después del retorno a la democracia y durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el Poder Legislativo le dio carácter de ley (16.571) al decreto de Bordaberry. Votaron a favor de la iniciativa legisladores blancos y colorados; el Frente Amplio se opuso.
Pasaron 27 años desde esa decisión, 48 desde el decreto inicial, y el cartel de tres tablas continúa en la entrada de la base naval de La Paloma como un gesto inamovible y silencioso de la impunidad.
El poder de los nombres
La nomenclatura puede ser tildada de inocente, de inocua. Pero si el Estado elige conmemorar a una persona poniendo su nombre en una dependencia, la comunidad entiende que algo hizo para merecerlo. Más, se puede pensar, si la decisión fue revisada y reafirmada.
Mariana Achugar, investigadora de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) especializada en memoria colectiva con perspectiva discursiva y de derechos humanos, explica que la nomenclatura “forma parte de la memoria social, transmite qué es importante, quiénes son los símbolos de la identidad nacional que hay que emular y que nos parece importante recordar”.
Lo simbólico tiene un doble carácter al “dar legitimidad”. ¿Qué señal se manda directa e implícitamente a la sociedad? “Que hay quienes tienen poder y, no importa lo que hagan, mantienen su lugar a nivel social. Indica qué es lo posible a nivel de justicia e impunidad”.
La nomenclatura forma parte de la memoria social, la construye. “Se pone en disputa la reconstrucción de la historia”, asegura la especialista; “en varios lugares sociales aparecen estas marcas: es una disputa de poder”.
Páginas 2 de la edición del 15 de abril de 1972 del diario El País.
El nivel simbólico forma parte de la reparación que el Estado debe garantizar a las víctimas de los crímenes perpetrados por él o sus integrantes, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa materia Uruguay está atrasado; por ello ha recibido diversas observaciones y sanciones del organismo, que ha señalado la falta de actitud proactiva en el país en esta materia en casos como el de las “muchachas de abril” o la denuncia colectiva que algunas mujeres ex presas políticas hicieron en 2011 y que no ha presentado avances.
“Se trata de reconocer el lugar de víctimas y asignar responsabilidad a los perpetradores”, dice Achugar. El caso de Motto es complejo en este sentido, ya que es reconocido como víctima y perpetrador. Para la experta es importante tener en cuenta todo lo que hizo la persona, no sólo el motivo por el que se está eligiendo su nombre, más en casos relacionados con los crímenes de Estado.
“Fue el Estado el que cometió estos crímenes y no lo ha admitido todavía”, sentencia Achugar, “no fueron sólo los militares”. Para ella, olvidar esa dimensión en el relato refuerza la idea de que fueron “excesos”, eufemismo que eligen algunos oficiales. “Las reglas del juego están en discusión cuando el Estado viola los derechos de los ciudadanos, a los que debe proteger”. Hasta hoy, “el Estado y la comunidad en este país reafirman la impunidad”.
Lo primero, para que pueda haber reencuentro y superación, “es reconocer que hubo un crimen, reconocer un daño”. En el caso de la base naval de La Paloma y de otras acciones, como la colocación de la placa en honor al excomisario Víctor Castiglioni –encargado de la inteligencia policial durante la dictadura– el año pasado, Achugar se pregunta: “¿Los que son responsables o acusados del daño son a los que queremos memorializar? ¿Los queremos poner en el lugar de destaque en nuestra sociedad? ¿Qué quiere decir de esta sociedad que hagamos monumentos a los perpetradores?”
Nadie sabe nada
Hay gente que dice que acá no pasó nada. Persiste la idea de que la dictadura “cruda” fue en Montevideo, que en “el interior” –como si todos los departamentos fuesen iguales– “no pasaban esas cosas”.
En el marco del proyecto de extensión de la Universidad de la República, Memorias en las Costas, la investigadora Larrobla y su equipo visitaron Rocha para recabar testimonios locales sobre el hallazgo de cuerpos no identificados en las costas del departamento en el año 1976.
El grupo detectó que hay “ganas de hablar, ganas de narrar”, pero también gente que no vivió, no percibió y no sintió el impacto de la dictadura. Ni la documentación ni los relatos sobre los períodos predictatorial y dictatorial en Rocha están sistematizados. Esa época está dispersa en retazos de historias que persisten en la memoria –casi nunca registrada– de algunas personas. Por eso hay cosas que se saben, pero no se saben: “Ahí se ve la impunidad. No en lo que [los responsables] no cuentan, en lo que nosotros no somos capaces de decir todavía”.
Ariel Bergamino, escritor y ex preso político oriundo de Rocha, coincide con Larrobla. Para él “Rocha siempre fue un departamento conservador”, y cree que el aislamiento territorial, la idiosincrasia de la sociedad y la cercanía de la gente colaboran con el clima de silencio. Identifica una actitud de pudor, “de eso no se habla”.
Acá, sin embargo, pasaron cosas. Bergamino destaca el intento de asesinato a Liber Seregni en Rocha, durante la campaña de 1971; los arrestos de militantes del MLN en 1972; la aparición de cadáveres NN en las costas en 1976; la autopsia que le realizaron en Rocha al estudiante de Agronomía Hugo de los Santos Mendoza, oriundo del departamento, que determinó que la causa de muerte no fue natural y le costó el puesto al forense a cargo; la destitución del juez Mario Forni Bell en 1977; la desaparición de Olivar Sena en Castillos.
En la capital del departamento funcionó como centro de detención el Batallón de Infantería N°12, dirigido desde la División del Ejército IV, que también estaba a cargo de las unidades de Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo y Maldonado. En muchos casos las personas presas políticas eran trasladadas de dependencia en dependencia.
Las acciones y omisiones del Estado a nivel nacional, departamental y local contribuyen, también, al clima social. En Rocha las menciones y acciones relacionadas con el terrorismo de Estado son contadas.
En el despacho del intendente de Rocha hay un cuadro en honor a Mario Amaral, el único jerarca departamental que renunció cuando ocurrió el golpe de Estado. También hay una plaza en la capital departamental con su nombre.
Por otra parte, en 2019 se nombró un espacio público “Dr. Mario Forni Bell”, en honor al primer juez destituido por la dictadura.
En noviembre de 2020, y tras seis años de militancia del grupo de ex presos políticos de Rocha –al que Bergamino pertenece–, se instaló un sitio de memoria en la capital del departamento de acuerdo con la ley 19.641. Querían que estuviese frente al batallón, ya que estos sitios deben consagrar “el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales”, pero fue dispuesto en otro punto de la ciudad.
No hay registro de actividades oficiales organizadas por la Junta Local de La Paloma relacionadas con la memoria sobre la dictadura.
Página 3 de la edición del 15 de abril de 1972 del diario El País.
Una voz se empieza a escuchar
La primera Marcha del Silencio en La Paloma se realizó en 2017 por iniciativa del Plenario Intersindical y Social María Romana. El colectivo comenzó a militar por distintas causas relacionadas con los derechos humanos en el balneario; dieron los primeros pasos para la reconstrucción pública de la memoria.
Aníbal Álvarez, integrante del plenario, cuenta que en 2019 decidieron comenzar a movilizarse para cambiar el nombre de la base naval. ¿Por qué? Porque era un tema que la gente mencionaba. Mensajes en la radio comunitaria, comentarios al pasar en círculos informales, planteos en las marchas.
En el proceso descubrieron que sólo el Parlamento tiene incidencia en este caso, porque sigue vigente la ley aprobada en 1994. No importaría si el gobierno local, el gobierno departamental, el Ministerio de Defensa o la misma base naval se pronunciaran: es un tema legislativo.
El 27 de junio de 2019 el plenario comenzó a juntar firmas, una acción simbólica, con el objetivo firme de entregarlas en el Parlamento el 13 de setiembre de ese año, el aniversario número 25 de la aprobación de la ley. Llevaron 600 firmas.
La iniciativa fue apoyada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, el PIT-CNT, distintos sindicatos y organizaciones sociales. Tuvo varios empujes puntuales, pero cada uno terminó en silencio.
Un año después, ante la ausencia de respuestas, el plenario insistió. Les comentaron que el tema “se les había pasado”. En setiembre de 2020 se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y llevaron 200 firmas más.
El nombre de la base “sin duda está presente [en la comunidad de La Paloma] y nosotros como colectivo viabilizamos esa posibilidad de hacerlo visible. Quizás siempre lo estuvo, pero capaz que fuera del radar”, afirmó Álvarez en la exposición. Más de un año después, el plenario no ha recibido respuesta.
La versión taquigráfica de la comisión correspondiente al 5 de mayo de 2021 muestra que Verónica Mato, diputada por el Frente Amplio, mencionó el tema. Anunció que la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente no envió los documentos que solicitaron sobre Motto y que el Ministerio de Defensa le hizo llegar a ella un CD con información. El asunto no prosiguió. Consultada sobre el material que recibió, Mato informó que no puede hacer comentarios hasta que el tema se trate en comisión.
Para Álvarez esta es “una reparación histórica necesaria”, y que a Motto lo haya asesinado el MLN “no lo hace inocente”.
El plenario espera recibir novedades. El cartel, en el silencio de la tarde, sigue nombrando.