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Unidad 1, cárcel de Punta de Rieles. Archivo: agosto de 2019

Foto: Federico Gutiérrez

Propuesta de cabildantes para que Inisa sea de Participación Público Privada es criticada por oficialismo y oposición

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El proyecto de Cabildo Abierto propone una réplica de la Unidad 1 de Punta de Rieles en un único edificio que condensaría todos los servicios del Inisa.

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Leído por Abril Mederos.
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“Yo les preguntaría a los legisladores [de Cabildo Abierto (CA)] cuál es el gasto que ellos entienden adecuado para todo lo que tiene que hacer el Inisa [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente] y todas las necesidades que tiene que cubrir que no han sido cubiertas en la vida de esos jóvenes”, manifestó a la diaria la directora del Inisa por el Frente Amplio (FA), Andrea Venosa. La pregunta planteada se enmarca en la reciente propuesta cabildante de que el Inisa pase a ser un proyecto de participación público-privada (PPP).

“Amiguismo, despilfarro, desidia, cientos de familiares, 54,5 millones de dólares al año para atender a 600 adolescentes, ese es el Inisa que recibimos, vamos a proponer cerrarlo y llamar a iniciativa privada”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Álvaro Perrone. El Inisa fue “una cooperativa del despilfarro”, señaló, en consonancia, el diputado cabildante Eduardo Lust, durante la sesión del lunes en la Cámara de Representantes, a la que asistió el directorio del instituto para dar explicaciones por los problemas en la gestión y la alta conflictividad.

En la sesión, Lust esbozó que el Inisa cuenta con un presupuesto de 54 millones de dólares por año, por lo que cada adolescente que está bajo medidas privativas o no privativas de libertad cuesta 17.000 dólares al mes. Sin embargo, la jerarca frenteamplista afirmó que lo esbozado es “un cálculo lineal, que nunca está bien porque hay gastos accesorios”, como locomoción, educación, alimentación, proveeduría, salarios, mantenimiento, seguridad perimetral, entre otros.

Venosa sostuvo que durante 2020 el Inisa atendió a 948 adolescentes -con y sin privación de libertad-, y que si se hiciera “un cálculo lineal”, por año se invierte 8.000 dólares en cada joven; “son 1.000 pesos por día, que en realidad son los gastos que tiene cualquier adolescente en cualquier familia. Además, ellos vienen de trayectorias y vidas bastante golpeadas, que hay que atender con equipos técnicos, psicólogos: requieren una atención integral”, especificó.

En diálogo con la diaria, Lust detalló que la idea del proyecto de PPP es que sea igual al de la Unidad 1 de Punta de Rieles. El plan: construir un único edificio que condense todos los servicios del Inisa en uno de los predios ya existentes que, según afirmó, tiene más de 260 hectáreas. “Y los edificios que quedan ociosos, que el Estado los destine a otros fines o los venda”, agregó.

Según dijo, la idea es que haya “campos de juego, salas de recreación, enfermería, etcétera”, que el mantenimiento del edificio, la alimentación y la limpieza estén a cargo de la empresa, y que todo lo que refiere a la atención de los adolescentes quede en la órbita estatal, desde educadores y psicólogos hasta la seguridad. En cuanto a la guardia específicamente, pretende que aquellos “funcionarios que sobran se redistribuyan en el Estado, como se ha hecho históricamente”. Por otro lado, la propuesta incluye convenios con la enseñanza pública, la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio de Educación y Cultura, “para que tengan acceso a formación y educación”.

Pero la iniciativa de los diputados Lust y Perrone tomó por sorpresa a los propios integrantes de su partido. De hecho, Lust mencionó a la diaria que recién este miércoles les comunicó el proyecto en detalle, y que si no es abrazado e impulsado desde Cabildo Abierto, él lo hará a través de la agrupación interna que está conformando y que ya ha sido aceptada por CA: el Movimiento Ambiental Constitucional. Este jueves el senador cabildante Guillermo Domenech dijo a Desayunos informales que no ve “factible” la propuesta, porque “en estos establecimientos de reclusión en determinadas oportunidades hay que utilizar la fuerza, y yo no veo una empresa de seguridad privada reprimiendo un motín”.

A propósito, Lust señaló que “para saber si algo es factible o no tenés que informarte en qué consiste. Ahora, si filosóficamente no compartís es legítimo”. Por otro lado, aseguró que al igual que Domenech está de acuerdo en que el Estado debe mantener “el monopolio del uso de la fuerza”, y que es justamente lo que plantea en el proyecto.

Los movimientos dentro de CA también llegaron a la directiva del Inisa: según Lust, dialogó con la presidenta, Rosanna de Olivera, quien dijo que por su “posición institucional” ve al proyecto como “simpático” pero “no puede apoyarlo porque está en una gestión política y por tanto no se puede involucrar”. A su vez, el diputado comentó que ya tiene programadas reuniones con los abogados que llevaron a cabo el proyecto de la Unidad 1, con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, el subdirector del PIT-CNT, Joselo López, y con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Al finalizar los encuentros y la discusión con la bancada cabildante, lo presentarán a la coalición de gobierno.

“Ni los presos, ni los operadores, ni los policías quieren estar en Punta de Rieles”

La privatización de las cárceles comenzó en la década de 1980 en Estados Unidos, según explicó a la diaria Venosa. Desde entonces, “hay varios estudios que señalan la inconveniencia y lo nefastas que han sido algunas experiencias internacionales”, afirmó, y ejemplificó con el caso de Chile. La jerarca comentó que las empresas, por el afán de obtener una mayor ganancia de recursos, generan que cada vez haya más privados de libertad o que cada vez permanezcan por más tiempo. “A raíz de la privatización de las cárceles hay más violencia e incluso aumentó la cantidad de suicidios”, aseguró.

Sin ir más lejos, el 6 de agosto de 2020 el exministro del Interior, Jorge Larrañaga, había dicho en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados que “ni los presos, ni los operadores, ni los policías hoy quieren estar en la cárcel de Punta de Rieles”. la diaria intentó comunicarse con el actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), Santiago González, para conocer su evaluación al respecto del proyecto PPP en la Unidad, pero este dijo que la valoración de la cárcel se hará dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio del Interior, “no dentro del marco de este debate, que no tiene nada que ver con el INR”.

Sin embargo, en aquella sesión, Larrañaga hablaba de “vandalismo” y de rupturas “de importantes características” tanto en las celdas como en los espacios carcelarios, que hicieron que se convocara a la Guardia Republicana “para que se hiciera cargo, en parte, de lo que significaba la administración del centro carcelario”. A su vez, manifestaba que las reparaciones eran “muy costosas” y que no era “fácil solucionarlo”.

El modelo de PPP de la Unidad 1 fue exportado de España. Según desarrolló a la diaria Mauricio Wood, arquitecto que ha abordado desde distintos proyectos el modelo de la nueva Punta de Rieles, se reproduce un “esquema de lo que es la vida”: “Acá dormís, acá comés, acá te recreás”. El contexto: “Todo es hormigón y antivandálico, todo se supone que es automatizado y nunca te cruzás con un ser humano. Y en esa lógica ese es el entendimiento de lo que es la vida”, agregó.

En consecuencia, dijo que el encierro, la falta de actividad física y el control de lo que comen “para que no tengan tanta energía” se volvió la norma. Este último punto afirmó que se relaciona con el hecho de que la empresa se encarga de la alimentación, por lo que las familias no pueden llevarles comida a los privados de libertad ni estos pueden cocinar adentro. “Cuando había un traslado de una persona PPP a otra [Unidad], llegaban extremadamente flacos, con un déficit de alimentación”, narró.

Lo automatizado se deterioró casi al instante y, en consecuencia de que la arquitectura fue prearmada, “no incorporó nada de cómo funciona nuestro sistema penitenciario”. Por otro lado, Wood manifestó que “hay un imaginario colectivo de que [con los proyectos de PPP] se le saca un problema al Estado, que es ineficiente, y que los privados lo cumplen y funciona. Pero lo que a veces pasa es que estos contratos son complejos y es una burocracia infinita”. A modo de conclusión, el arquitecto expuso que “cuando algo se privatiza se transforma en un negocio. Acá hay unas empresas que están interesadas en ganar dinero, y no es que eso esté mal, pero esos son los objetivos”.

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