En diciembre de 2017 se instaló una polémica a la interna del entonces oficialismo, el Frente Amplio (FA), sobre la conveniencia o no de aprobar una ley que atienda el reclamo del grupo denominado de “cincuentones”, que incluía a la primera generación abarcada por la ley de reforma previsional de 1996 y que, entendían, fueron perjudicados en su cálculo jubilatorio. Estas personas se movilizaban porque por su edad y nivel salarial habían sido obligadas a afiliarse al régimen de AFAP, pero otros trabajadores con idéntica carrera laboral que habían nacido meses antes se podían jubilar por el régimen anterior y recibían hasta 30% más. Entonces, se atendió el reclamo y se impulsó una ley reparatoria, bajo ciertas condiciones.
Una de esas condiciones, incluida en el proyecto a pedido de Danilo Astori, quien era ministro de Economía y Finanzas y mostraba reticencias con la ley –impulsada por el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, entre otros–, fue el artículo 16, que estableció: “Quienes en virtud de la presente ley opten por desafiliarse [de la AFAP a la que aportaron] y quedar comprendidos por el régimen de transición, recibirán una asignación inicial de jubilación que será la resultante de aplicar dicho régimen, multiplicado por el coeficiente de ajuste de 0,9”. Es decir que si bien podrían jubilarse por las reglas anteriores a la reforma de 1996 y acceder a una mayor pasividad, recibirían 10% menos de lo que surgiera del cálculo jubilatorio.
Esa disposición, comprendida en la ley de enero de 2018, reedita varios años después el reclamo de una parte del grupo de “cincuentones”, que volvió a reunirse y comenzará a mantener contactos a nivel político en busca de un nuevo cambio legal, ya que entienden que fueron “perjudicados” en sus derechos por el artículo 16. Esto se da, además, en el marco de una nueva reforma previsional que el Parlamento comenzará a estudiar en los próximos días, cuando el Ejecutivo envíe el proyecto de ley que este lunes se divulgó entre los socios de la coalición.
“Hay mucha gente perjudicada”
Gustavo Bermúdez, vocero del grupo de “cincuentones”, dijo a la diaria que la ley de reparación de 2018 tuvo “falencias”, como la “injusticia” del descuento de 10% que surge del artículo 16. La normativa, que fue impulsada por el FA y tuvo también apoyo de Alianza Nacional –no la votó el resto de la entonces oposición–, surgió luego de una serie de movilizaciones de los “cincuentones”, que fueron respaldadas por la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS).
Sin embargo, el trámite legislativo ocurrió “sin ninguna instancia de diálogo” y el resultado fue “que del bolsillo del trabajador le sacan 5.000 o 10.000 pesos, que los tenés que multiplicar para saber lo que pierde cada año, pero eso parece no importarles a los políticos”, dijo Bermúdez.
“Hay mucha gente perjudicada” en el cálculo jubilatorio, subrayó Bermúdez, y si bien reconoció que la “erogación por parte del Estado sería grande” de derogarse el artículo 16, “no es nuestra culpa, porque nosotros los ahorros los devolvimos [desde la AFAP al BPS] y hasta si teníamos deudas con el BPS [por aportes no vertidos al cambiar de régimen] las saldamos”. El pedido, repasó, no sería que haya una reparación de carácter “retroactivo”, sino que empiecen a cobrar “sin descuentos desde el momento” en que quede activa la modificación legal.
El vocero comentó que hay “varios juicios que fueron ganados” en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que determinó la anulación del acto administrativo del cálculo jubilatorio y solicitó al BPS que revierta el criterio aplicado. Pero sostuvo que esta vía requiere “tiempo y dinero”, por lo que la mayoría de los jubilados desisten de hacer el reclamo ante el TCA. “Los que se presentaron lo ganaron”, afirmó.
Dentro del grupo de “cincuentones” que busca reeditar el reclamo hay personas ya jubiladas por la ley de 2018 y otras aún activas, como Bermúdez, pero que hicieron uso de la opción de pasarse de la AFAP al régimen pleno por BPS. “Con la ley no obtuvimos el resultado que queríamos, y ahora esto arranca de nuevo con la reforma [previsional que prepara el gobierno]. Pensamos que la gente se vuelva a movilizar” por el tema, indicó.
En ese sentido, el grupo de “cincuentones” hizo contactos a nivel legislativo y tiene previsto reunirse con el senador nacionalista Carlos Camy y con Cabildo Abierto.
La posición del TCA
Entre los últimos “fallos de interés” que el TCA divulga en su web aparecen dos relativos a reclamos por cálculos jubilatorios en los que los jueces le dan la razón al demandante y exigen la anulación del acto administrativo. Los jubilados iniciaron la acción contra el BPS por entender “ilegítimo” el monto que se determinó de la pasividad, ya que no se ajusta a las disposiciones que surgen de las leyes de 1996 y 2018. En uno de los casos, el demandante planteó que debía cobrar 65.000 pesos mensuales y, en cambio, recibió 58.600 pesos. “Le asiste razón al accionante cuando postula que el BPS aplicó ilegítimamente el tope jubilatorio sobre la asignación jubilatoria y, después, el coeficiente de 0,9 sobre el tope. Ello tuvo como consecuencia que percibiera un monto jubilatorio inicial levemente inferior al que le correspondía de haberse procedido conforme indica la norma”, señaló un fallo del TCA.