Luego de conocerse el viernes un informe inspectivo del Instituto Nacional de Colonización (INC) a pedido del director frenteamplista, Andrés Berterreche, que marcó al senador cabildante Guido Manini Ríos, a la ministra Irene Moreira y a su padre Roque Moreira como colonos con tierras e irregularidades en su situación, hubo declaraciones al respecto del presidente del INC, Julio Cardozo, que fueron criticadas en un comunicado por la Asociación de Funcionarios del INC.
Cardozo habló el sábado con el diario El País para aclarar que aún “no [se] concluyó nada” y que el informe es “confidencial”, planteó que “no se puede afirmar que sean colonos” y explicó que se trasladó el informe a la Asesoría Letrada para que “lo estudie a fondo”, ya que en el pasado hubo “muchos reclamos por errores en la interpretación de nuestros técnicos”.
El miércoles el sindicato de funcionarios expresó el “repudio a las declaraciones públicas que cuestionan la imparcialidad y calidad técnica de los informes generados por los trabajadores del INC, especialmente a las realizadas por representantes nacionales y el presidente Julio Cardozo”. Sobre el jerarca del gobierno, indicaron que sus palabras “son agraviantes para todos los funcionarios de esta institución”.
En agregado, señalan que “no hacen más que profundizar una situación que ha sido expuesta varias veces por este sindicato de cuestionamiento permanente al accionar de los y las funcionarias y falta de respaldo en la realización de nuestra tarea. Respecto del accionar del INC, indican que así como “es decisión política del directorio la derivación de asuntos a la asesora letrada”, también lo es “no proveer el cargo de asesor letrado mediante concurso y cubrirlo mediante designación directa, cuando se trata de una cargo de carrera”.
“Los trabajadores del INC hemos estado siempre comprometidos con nuestro trabajo, brindando nuestro esfuerzo día a día para el logro de las metas, participando y con propuestas para la mejora continua de la institución, incluso en contexto de pandemia, de recorte presupuestal, de no compra de tierras, de pérdida sostenida de salario y asumiendo el trabajo extra por las vacantes que no se reponen”, concluyen los funcionarios.