Casi tres meses después del hecho, las víctimas del caso de abuso policial en el barrio La Boyada de Montevideo fueron llamadas a declarar por la Fiscalía el 8 y el 9 de marzo. El abogado de los denunciantes, Darío Madeiro, resolvió ampliar la denuncia en febrero por entender que la sola denuncia en la sede policial no daba suficientes garantías, y en las audiencias de la semana pasada se aportaron más detalles de las irregularidades que se constataron en el accionar policial, desde que la familia se presentó en la seccional 24 para radicar la denuncia, el 16 de diciembre del año pasado.
Madeiro dijo a la diaria que cuando sus clientes fueron a radicar la denuncia a la seccional 24, luego del procedimiento policial que terminó con tres personas lesionadas, les tomaron la declaración en el mismo número de noticia criminal que generó la denuncia de la Policía por desacato, en vez de generar una nueva denuncia. “Sobre eso nos quejamos con la fiscal, la doctora [María Cecilia] Bonsignore, que nos dijo que la Policía no siempre lo sabía hacer, cosa que yo no creo”, afirmó el abogado, y señaló que la fiscal quedó en solucionar el “error” por la vía administrativa.
Otro elemento que Madeiro destacó como “grave” es que la Policía Científica no se presentó en la casa de la familia para recoger los perdigones y cartuchos que se utilizaron en el procedimiento y quedaron en el lugar. “Nosotros se lo manifestamos a la fiscal y nos ofrecimos a llevarlos, pero ella dice que tiene que pedir una cadena de custodia a Asuntos Internos del Ministerio del Interior”, lo cual no lo “convence del todo”, admitió, especialmente por las “señales” que recibió hasta el momento de esa dependencia: “Yo tengo correos donde denuncio una cosa y me responden siempre con el mismo texto: que van a actuar una vez pronunciada la Fiscalía”, aseguró.
El profesional también hizo énfasis en la necesidad de determinar a qué repartición pertenecen los efectivos denunciados. Dijo que la fiscal “aseguró que en ningún momento los policías están en la seccional 24”, pero apuntó que esta afirmación “quedó desmentida en la declaración de Kevin [el joven que se llevaron detenido en el patrullero y denunció que lo “asfixiaron” con una bolsa en la parte trasera del vehículo], cuando dice que hasta el calabozo fueron una policía femenina de la 24 y uno de los policías del procedimiento”. Recordó que según la declaración del joven, le pusieron delante un papel y le taparon el texto, obligándolo a firmar para su liberación. Madeiro destacó que el detenido, aunque tiene 21 años, no tiene un “desarrollo mental” acorde a su edad. De hecho, indicó que a pedido de la defensa concurrió a declarar acompañado por su padre.
Por otro lado, Madeiro confirmó que Nurys, la mujer que recibió un disparo con cartuchos bean bag en la pierna, y su hijo mayor, que resultó lesionado en la espalda, “denunciaron a la Policía por lesiones: la señora porque sigue con la lesión abierta, con mechas y control semanal con cirujanos”, y el joven porque la lesión de la espalda le impide desarrollar su actividad con normalidad -hace trabajos de albañilería con su padre-. El Código Penal califica las lesiones graves como aquellas que derivan en “una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por un término superior a 20 días”.
Madeiro agregó que se va a intentar conseguir testimonios de vecinos de la zona que puedan haber presenciado los hechos; por ejemplo, un militar del cuartel de La Boyada que Kevin dijo haber visto desde el patrullero; un jugador de fútbol y su pareja, que ahora no están en el país, y la vecina de la casa de la esquina donde se produjo el incidente, que ya dijo estar dispuesta a declarar “y vio todo desde su casa”, indicó el abogado.
“Lo bueno, para nosotros, es que coinciden todos los relatos, declarando por separado” y “no hubo contradicciones de ningún tipo”, destacó el abogado. Por otro lado, se preguntó si “una denuncia por desacato que no pudo ser probada es tan o más importante que una denuncia de lesiones generadas por la propia Policía contra personas desarmadas, a menos de tres metros de distancia, en un barrio que era el suyo, cuando no había tumulto, manifestación ni quemas de goma; sólo había personas mayores, menores de edad y mujeres, una embarazada con un niño”.
Ahora hay dos denuncias en curso contra los policías: una por abuso policial y otra por lesiones, aunque la calificación, que depende de la fiscal, puede variar. Madeiro explicó que la primera “podría ser catalogada como abuso de funciones”. Señaló que no hay fecha aún para que declaren los policías ni los testigos, y reclamó que los denunciantes no fueron contactados hasta ahora por la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía “para ofrecerles apoyo, cuando están en un contexto crítico, cuando la Policía se quiere adueñar del barrio”.