El domingo 11 de junio el avión Boeing 747-300M, de la empresa estatal venezolana Emtrasur, que llevaba a bordo tripulación venezolana e iraní, no pudo ingresar al espacio aéreo uruguayo por orden del ministro de Defensa Nacional, Javier García. Ante la negativa de Uruguay, el avión fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.
El ministro justificó que la decisión fue tomada con base en la información que recibió el Ministerio del Interior por parte de agencias extranjeras y que le fue comunicada. “Si no había una razón humanitaria, [ordené] que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo”, señaló García.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, planteó que la información es confidencial y aseguró: “Estábamos en lo cierto en cuanto a que no era conveniente que ese avión descendiera en nuestro país”.
El avión había despegado de Ciudad de México hacia Buenos Aires con una carga declarada de autopartes para la firma Volkswagen. Emtrasur compró la aeronave a la empresa iraní Mahan Air. Ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La medida tuvo repercusiones políticas a nivel nacional e internacional. Los senadores del Frente Amplio Mario Bergara, Sandra Lazo y Alejandro Sánchez le pidieron al nacionalista Carlos Camy, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, que citara a García para que comparezca.
El ministro de Defensa informó, a través de su cuenta de Twitter, que el viernes se comunicó con Camy y le pidió que “concretara a la mayor brevedad la citación solicitada por la oposición, ya que hasta ayer no había fecha”. La cita se marcó para el lunes.
Ayer de mañana me comuniqué con presidente de la comisión de Defensa del Senado sen.Camy y le pedí que se concretara a la mayor brevedad la citación planteada por la oposición ya que hasta ayer no había fecha. El lunes concurriremos.
— Javier García (@JavierGarcia_Uy) June 18, 2022
El gobierno argentino, en tanto, decidió retener los pasaportes de cinco tripulantes iraníes y les comunicó que podían recuperarlos si dejaban el país en un vuelo regular mientras continuaba la investigación. Diputados de la oposición elevaron pedidos de informes y denunciaronque el gobierno haya permitido la entrada del avión ante la Justicia.
“Los iraníes de la tripulación tendrían presuntamente vínculos con las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria islámica especializada en operaciones de inteligencia militar, definida por EEUU como organización terrorista”, reza la denuncia.
Irán se defendió en su rueda de prensa semanal, que realiza en Teherán. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, dijo que la decisión del gobierno uruguayo es una “propaganda” en su contra.
“Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad [en Irán], y este caso forma parte de ello”, dijo, según informó la agencia AFP.
Venezuela no se quedó atrás y en un comunicado, emitido el jueves 16 de junio, manifestó su rechazo por el “irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay”, al impedir que el avión hiciera su escala técnica de abastecimiento de combustible.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad aeronáutica internacional esta lamentable acción que pudo haber ocasionado una tragedia, pérdidas humanas y daños para ambas naciones, además de violar de manera flagrante las libertades del aire, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Autoridad Aeronáutica Civil”, se lee en el documento. Agregaron que, cuando el avión intentó aterrizar en Uruguay, contaba con 17.000 litros de combustible, una cantidad “muy” inferior a la recomendada.
Según informó el medio argentino Infobae, el gerente de Operaciones de Emtrasur y uno de los tripulantes presentaron una denuncia contra los funcionarios de Ezeiza y acusaron a las autoridades de Uruguay de impedir “criminalmente” una escala técnica.
“La decisión por parte de las autoridades aeronáuticas uruguayas no sólo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había sido aprobado, sino que, estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica pactada internacionalmente”, expresó.
El sábado, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respondió a la declaración del gobierno venezolano y defendió que “Uruguay tomó una decisión soberana, asegurando que tenía combustible suficiente para que no hubiera otro tipo de riesgo”.
“Uruguay actúa en el marco del derecho. Quienes firman el documento están en el gobierno en otras circunstancias. Para nosotros, Venezuela está lejos de ser una democracia”, continuó, y remató: “Ningún otro de afuera con menos legalidad que la nuestra va a poder endosarnos cualquier responsabilidad”.