“Ser parte del cambio para no dejar a nadie atrás” es el lema de Natalia Guala, licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Relaciones Internacionales, que desde abril es candidata a integrar el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este órgano se conforma con 18 expertos y expertas y se encarga de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los Estados Partes.
Del 14 al 16 de junio, en la 15ª Reunión de los Estados Partes de la ONU, en Nueva York, se estará desarrollando la elección del nuevo comité, que por primera vez cuenta con la candidatura de una uruguaya. Su postulación fue presentada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a propuesta de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además de ser la primera vez que Uruguay tiene posibilidad de integrar el comité, Guala también es la única candidata latinoamericana con discapacidad –visual– y, de ser electa, sería la más joven en la historia del comité. En diálogo con la diaria, Guala habló sobre su candidatura y de los avances y las carencias que tiene Uruguay en la materia.
¿Por qué creés que es importante que quedes seleccionada y qué te proponés de lograr integrar el comité?
Vengo asesorando a diferentes países en la implementación de la convención y la transformación de las políticas públicas con esa base, en el campo de la cooperación internacional, y desde hace muchos años también participo y estoy muy implicada en el movimiento de personas con discapacidad. Creo que puedo aportar al comité una perspectiva de pragmatismo, de lo que los estados partes pueden hacer, y que las políticas públicas sean sostenibles, que es lo fundamental. Por supuesto, además, tener en cuenta la voz de las personas con discapacidad y el conocimiento que el movimiento tiene y que puede aportar a la implementación de la convención.
Por otra parte, la transición hacia el mundo digital se nos vino encima y la hemos tenido que digerir sin anestesia: poder pensar todas estas transformaciones desde una mirada inclusiva, desde el diseño universal y la accesibilidad. Cuando se realizan o diseñan los planes de recuperación, de transición energética, de gestión de riesgos, que todas estas cuestiones tengan en cuenta a las personas con discapacidad y que dentro de diez años no nos pase lo que nos pasó en la pandemia y nos demos cuenta de que otra vez las personas con discapacidad nos hemos quedado atrás.
¿Uruguay cumple con lo que establece la convención respecto de los derechos de las personas en situación de discapacidad?
La convención está en vigor desde 2008 y Uruguay la ratificó en el año 2009: está dentro de los primeros en ratificarla. Creo que Uruguay viene trabajando en el ámbito de la discapacidad muy decididamente. En general, no sólo en Uruguay, en parte por la convención y en parte por el movimiento de las personas con discapacidad, estamos en la agenda, formamos parte de las prioridades en general de los estados.
Por supuesto que hay desafíos enormes en todos los países para implementar la convención, pero creo que también hay que valorar que en pocos años se ha estado trabajando en cuestiones de accesibilidad. No sólo en los entornos físicos, sino también en la comunicación, la transformación digital, tener en cuenta el diseño universal para poder efectivamente acceder a la educación, al empleo, a la justicia, a los derechos sexuales y reproductivos y a poder desarrollar una vida en la que podamos disfrutar de la cultura, la recreación, el ocio, la información. Se está tomando conciencia de la importancia de trabajar en políticas específicas y transversales hacia la discapacidad. Y eso también es clave: que la discapacidad no es un asunto de un ministerio o de un organismo específico solamente, sino que debe ser una perspectiva transversal a todos los ámbitos.
¿Cuáles son estos desafíos que mencionás y qué carencias visualizás en materia de política pública?
Hay una cuestión clave que creo que es la educación. Es fundamental no solamente por la formación en sí, sino que, además de ser un derecho, es la oportunidad de desarrollar una vida con mayores oportunidades, que nos permita tomar decisiones, acceder a un trabajo, participar en la sociedad. Apostar por la educación es apostar por transformar la sociedad futura. No es para mañana ni automático, pero creo que es un camino que permite desarrollar otra parte fundamental, que es derribar las barreras actitudinales hacia las personas con discapacidad.
Mientras tanto, hay que trabajar en otras áreas. Avanzar en oportunidades de empleo, accesibilidad, reconocimiento de los derechos del acceso a la justicia. En general, pero sobre todo en los países del sur y en Uruguay, los presupuestos nacionales son limitados, y ahí está el desafío de cómo trabajar en políticas públicas con recursos limitados y poder generar transformaciones sostenibles. Creo que ahí el rol del comité y de los estados partes es poder apoyar esas transformaciones de una manera más integral y sostenible. Pero las políticas públicas sin presupuesto no se pueden hacer y tenemos que implicar a todos los actores para hacerlo posible.
¿Cómo ves que se está actuando desde el actual gobierno y desde las distintas organizaciones que suelen participar en la conformación de estas políticas públicas?
Hay que tener en cuenta el conocimiento de las personas con discapacidad, no sólo por el conocimiento, sino por la experiencia y la necesidad desde el propio movimiento, que muchas veces trabaja en soluciones. Poder diseñar desde la experiencia esas políticas públicas es fundamental. Y también es fundamental para eso que el movimiento de personas con discapacidad esté organizado, unido, para poder dialogar y aportar a la construcción de esas políticas públicas. Ahí hay un trabajo de sociedad civil y también de los estados, para poder trabajar de manera conjunta en el avance de políticas públicas.
El actual gobierno decidió unificar el Programa Nacional de Discapacidad y el Sistema Nacional de Cuidados, creando la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. ¿Qué opinas de esa decisión?
Llevo cinco años viviendo fuera de Uruguay y no seguí de cerca el proceso. El comité de la ONU le había indicado a Uruguay en el reporte de las orientaciones que se hizo en 2016 la necesidad de que la discapacidad tuviera un espacio institucional más fuerte que un programa. Señalaba que contar con un programa nacional de discapacidad era un avance, pero que también era importante un espacio con más fortaleza que un programa: tener más capacidad desde el ámbito público para poder hacer política pública en discapacidad. Creo que poder transformarse en una secretaría es darle una posibilidad para dar ese paso.
Desde el punto de vista de la convención se puede incluso ir más allá: hay países que han peleado estructuras independientes, transversales, que no dependen de un ministerio, pero Uruguay tiene desafíos, como la mayoría de los países, desde el punto de vista presupuestario, de estructura y de capacidad, y creo que ese camino todavía se tiene que seguir recorriendo. Es importante que la discapacidad tenga un espacio gubernamental, una rectoría en política pública que pueda asesorar a otros ministerios, que no esté sólo adentro del Mides, sino que pueda sentarse con otros ministerios y poder aplicar las políticas de una manera transversal.