Los procesos de desalojos son situaciones traumáticas. Tanto individual como colectivamente generan fuertes impactos en la configuración de los barrios y ciudades. En el caso de la Ciudad Vieja, así lo viven vecinas y vecinos, para quienes los desalojos y las denuncias por el delito de usurpación se han convertido en moneda corriente, debido a los efectos de la especulación inmobiliaria y la gentrificación.
“En Ciudad Vieja el proceso de gentrificación a raíz de la llegada de personas con mayores ingresos o grandes inversiones viene siendo un tema de hace muchísimos años”, contó, en diálogo con la diaria, Martina Berrutti, integrante de la Comisión Derecho a la Ciudad, que nuclea a vecinos y vecinas del barrio en torno a Plaza 1.
Este cambio por una población de mayores ingresos, así como las grandes inversiones de privados, trae aparejado que “muchas personas que viven en el barrio se tengan que ir por diferentes razones”. Desde la comisión han “acompañado procesos de desalojo de muchas personas”, contó Berrutti; estos se dan “por motivos muy diversos: personas que tradicionalmente alquilaban en el barrio no pueden alquilar más porque los precios de los alquileres suben, hasta personas que estaban ocupando inmuebles hace muchísimos años que incluso tendrían derecho de posesión del inmueble, un privado los compra y a partir de ahí inicia un proceso de desalojo”.
La mayoría de los inmuebles que terminan siendo desalojados, señaló, estaban abandonados hace años. “Muchas veces las personas que no tienen dónde vivir, porque realmente la vivienda en este país no es un derecho aunque está consagrado en la Constitución, ocupa inmuebles abandonados, porque en Ciudad Vieja hay un montón de estos”. Lo que termina sucediendo, según Berrutti, es que luego “esos inmuebles son comprados por dos pesos” por privados que luego los cierran para especular con los precios.
Si bien no tienen un relevamiento de cuántos desalojos se han dado en Ciudad Vieja de un tiempo a esta parte, Berrutti observó que es necesario “poner una perspectiva de género a la problemática del acceso a la vivienda y de los desalojos”, puesto que la gran mayoría a los que han asistido son mujeres con hijos. Este rasgo “habla de profundizar el proceso de desigualdad que las mujeres vivimos, y justamente porque accedemos menos al mercado formal y tenemos que hacernos cargo de los cuidados, todo eso hace que no podamos acceder a una vivienda y seamos desalojadas”.
La comisión, por eso, busca desde su formación en 2018 “desandar los procesos de desalojo”, que se traduce en “luchar por tierra y por vivienda”. “Intentamos generar una red, una trama afectiva de apoyo, generar solidaridad para intercambiar entre personas desalojadas”, explicó.
Un problema social
“Hablar del desalojo como experiencia urbana y como experiencia humana implica una de las cuestiones más traumáticas que una familia, una persona o varias personas pueden vivir”, dijo, en diálogo con la diaria el politólogo e investigador del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, Marcelo Pérez Sánchez.
El desalojo, según Pérez Sánchez, “por lo general, implica una vía de coacción donde quien reclama para sí como dueño –o en algunos casos ni siquiera siendo el dueño– radica una denuncia a personas que están ocupando o que arrendaban una vivienda, no lo pudieron sostener más, y se quedaron ahí viviendo”, por lo tanto, suele estar vinculado a “personas que tienen salarios bajos o que han perdido su empleo, o que tienen empleos formales y su salario no alcanza para hacer frente a un alquiler, por ejemplo”.
Estas situaciones se convierten en “un elemento o un hito en un proceso de despojo, en un proceso contrario al derecho a la vivienda, que no se reduce al acceso, sino que tiene que ver con la permanencia, la posibilidad cierta de permanecer, y la permanencia tiene que ver con la seguridad de poder estar en un lugar y que no me lancen a la calle”.
Las raíces de estos fenómenos, de acuerdo al investigador, tienen que ver con una serie de elementos. Por un lado, “la liberalización de los mercados en general de la vivienda y del suelo, pero en particular desde 1974 del mercado de alquileres, que no establece topes, por lo tanto, la vivienda se autoregula”, y en Ciudad Vieja y en zonas aledañas, el precio “lo regulan los propietarios”, lo que “va cambiando en función de quiénes sean los oferentes” o de “la especulación que allí se pueda dar”.
“Por otro lado, el desalojo como forma de despojo pone en cuenta que las personas que son desalojadas y habitaban de una forma insegura no pudieron acceder a políticas públicas vinculadas al acceso al suelo y a la vivienda, que básicamente, en el caso de Uruguay y de Montevideo, son insuficientes en cantidad”, por tratarse de “políticas por lo general focalizadas y en calidad, en el sentido de qué tipo de vivienda se accede y con qué seguridades en la tenencia y en la permanencia se puede estar ahí”.
En conclusión, para Pérez Sánchez, “cuando hablamos de desalojo estamos hablando del momento final en un proceso de inseguridad en el lugar que se reside”, y reiteró que los procesos de “gentrificación” tienen mucho que ver, más que nada en Ciudad Vieja, con que se trata de “un sector muy requerido por la llegada del turismo y el proceso de turistificación que se da, el proceso patrimonial de embellecimiento y enriquecimiento”, y en ese sentido, Ciudad Vieja tiene “las encrucijadas propias de los centros de ciudades, de los cascos históricos de las ciudades donde esas viviendas son atractivas para la inversión del capital inmobiliario”, y entonces “esos sectores empobrecidos no tienen capacidad de pago y son tirados a la calle”.
Berrutti recordó, por su parte, que desde 2007 se modificó el delito de usurpación, por lo que actualmente criminaliza la ocupación pacífica: “La gente cuando le llega la denuncia por usurpación no puede seguir otros procesos civiles, que tienen otros plazos, y por miedos y por intimidaciones, y por no querer quedar con antecedentes, se termina yendo rápidamente de los lugares”. Esta, explicó, es una de las cuestiones que también ha incidido en la expulsión de vecinas y vecinos del barrio.
Lo que queda después
Luego de un desalojo, quedan las viviendas vacías. El arquitecto Gonzalo Bustillo, que ha estudiado el fenómeno de los inmuebles vacíos en Uruguay, explicó a la diaria que, según los últimos relevamientos hechos con base también en el censo de 2011, “en particular en Ciudad Vieja, tenían guarismos de entre 17% y 18%”, y cuando se analizan estos números “a la luz de ejemplos internacionales, un barrio para tener una lógica de desarrollo urbano razonable y de habitabilidad urbana adecuada no debe pasar la tasa de entre 5% y 7%”.
Es decir, “hay un punto de quiebre en el que los procesos de vacancia, de viviendas vacías, empiezan a retroalimentar la degradación del barrio. En Montevideo, en el censo de 2011, claramente Ciudad Vieja estaba tres veces por encima del rango”. En esta retroalimentación, para Bustillo, “está claro también que si no hay intervención firme del Estado esos circuitos viciosos de degradación barrial no se interrumpen”.