Si la tierra se concibe como mercancía, no hay salida de la crisis urbana y mucho menos será posible resolver el problema del acceso a la vivienda para los pobres del planeta.
Por esta razón, hablar de la problemática del suelo urbano no es hablar de un tema técnico, sino de un tema esencialmente político que requiere del impulso de políticas de vivienda que la conciban como un derecho fundamental de los seres humanos.
La mayoría de los organismos multilaterales desde hace más de 20 años viene impulsando políticas de vivienda basadas en el mercado e imponiendo a nuestros gobiernos nacionales el rol que se ha denominado “Estado facilitador”, dejando de esta forma desnudos frente al mercado y la banca a las y los más humildes del continente, que no pueden acceder a una vivienda por los precios exorbitantes y los préstamos usurarios.
Como contrapartida, quienes no han podido acceder a una vivienda tomaron tierras y construyeron como pudieron sus ciudades, en la gran mayoría de los casos sin los servicios más elementales como el agua potable. Increíblemente, cuando protestan y toman tierras son criminalizados, se los culpa y se pide prisión contra ellos en defensa de la santísima propiedad privada.
El concepto del carácter de la tierra como bien social, cuyo uso y goce es imprescindible para la vida, se debe integrar a las leyes nacionales de vivienda. En esa perspectiva se inscribe la lucha de las cooperativas de vivienda de ayuda mutua de Uruguay. Hoy se desarrollan modelos similares en diversos países como Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Paraguay, entre otros.
Las cooperativas han mantenido a través de más de 50 años de lucha por la tierra y la vivienda el concepto de que ambas son un bien de uso y no una mercancía.
Precisamente por ello, el crecimiento de las cooperativas sólo fue posible a partir de la existencia de bancos o carteras de tierras que adjudicaron terrenos. Pero también debe haber tierras entregadas en uso y goce, de lo contrario, como a veces también la pobreza tiene cara de hereje, gente, por la fuerza de la necesidad, puede verse obligada a vender las tierras otorgadas por el Estado.
Es clave contar con las herramientas jurídicas que permitan a los estados poner en práctica el derecho a tener tierra para construir. Herramientas como la prescripción, la expropiación, la dación en pago.
Debe implantarse una fuerte política impositiva que desestimule la vacancia de tierras y los inmuebles ociosos y, por ende, sin uso alguno.
Hoy el problema de la irracionalidad de las ciudades que siguen creciendo desordenadamente nos pone en una situación muy compleja, porque ya no se puede desandar lo andado, pero hay que evitar que este alocado proceso prosiga.
Si efectivamente hay voluntad política de resolver el problema, hay que atacar el mal principal: que el suelo es considerado una mercancía a la cual accede quien cuenta con dinero suficiente. Es más: ya le han puesto precio al mar, ya que una edificación frente al mar alcanza un valor más alto. Uno se pregunta, definitivamente: ¿cómo han conseguido las inmobiliarias las escrituras del agua continental?
Comencemos por el compromiso de los distintos gobiernos de revisar qué tierras poseen y en primera instancia traspasar los inmuebles y tierras estatales ociosas al banco de tierras que deberá elaborarse en cada país.
Porque ese es un nudo central: constituir carteras, bolsas o bancos estatales de tierras, edificadas o no, adecuadas a las necesidades habitacionales, con participación y control social, para facilitar el acceso al suelo urbanizado de los sectores populares. Garantizando el conocimiento social de la información sobre estos bancos de inmuebles y sobre los demás inmuebles estatales, así como sobre el uso que se les está dando. En ningún caso los inmuebles públicos deben ser objeto de especulación.
Esto debe complementarse, a su vez, por nuevas formas de legalización de la tenencia del suelo, más adecuadas, que no se limiten a la propiedad individual y respeten las modalidades ancestrales (como las arrendaticias, la propiedad colectiva, comunitaria y familiar, o los derechos de superficie, uso o posesión).
Hay que acordar de una vez por todas que el acceso a la tierra constituye un derecho; es necesario acotar la propiedad privada individual si significa un obstáculo para ello. Tenemos que ponernos de acuerdo en que la tierra es un bien esencialmente social y por lo tanto debe concebirse como un bien de uso y goce de la humanidad.
El histórico líder campesino nicaragüense Bernardino Díaz Ochoa afirmaba: “No somos pájaros para vivir del aire, no somos peces para vivir del agua, somos hombres para vivir de la tierra”. Si somos habitantes de este planeta, algún lugarcito a todas y todos nos debe corresponder.