En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Familiares de Detenidos Desaparecidos y el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? destacaron la responsabilidad del Estado en la impunidad ante las desapariciones forzadas, y señalaron los elementos comunes entre los crímenes del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y las desapariciones vinculadas a la trata de personas.
María Zino, del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, destacó las dificultades de acceder a la Justicia en los casos de desapariciones presuntamente vinculadas a la trata de personas, y señaló que tanto el Ministerio del Interior como el Poder Judicial presumen que las desapariciones son ausencias voluntarias. “Hay que presumir que esa desaparición es involuntaria y el Estado es responsable de investigar. Cuando las mujeres son mayores de edad se registra como ‘requerimiento de paradero’ y no genera ningún tipo de acción, no se las busca, se le pasa la carga a la familia”, afirmó.
Zino dijo que no hay cifras oficiales confiables de las personas ausentes, y que si bien se registran 52 mujeres desaparecidas, el colectivo conoce más casos de mujeres que están desaparecidas y a las que nadie busca. Además, manifestó la necesidad de reconocer que Uruguay es origen, tránsito y destino de trata de personas: “Es necesario reconocer que esto sucede y no es simplemente el secuestro y traslado a otro país, sino que hay trata interna”.
Asimismo, Zino recordó que en setiembre de 2021 el colectivo encontró elementos comunes a varios casos, por lo que presentó una denuncia penal para que se investiguen en conjunto.
Nexos
Eva Taberne, del mismo colectivo, trazó algunos vínculos entre las desapariciones de la dictadura y las vinculadas a la trata de personas, “sin ánimo de forzar las comparaciones”, y destacó que quienes buscan a las víctimas son mayoritariamente mujeres “que se enuncian a sí mismas desde el vínculo familiar y transforman esos roles irrumpiendo el espacio público”.
Otro vínculo que marcó es la responsabilidad sobre la víctima de la desaparición tanto en la dictadura como en los casos de trata de personas, dado que en ambos casos se apunta a la responsabilidad de la madre de la víctima. “Ser mujer, ser pobre y además consumir drogas parece ser motivo suficiente para responsabilizar a esa mujer de su desaparición”, agregó.
Taberne señaló que existe una desaparición social previa a la desaparición forzada, en la que la persona no tiene los derechos garantizados y “vive una existencia residual”, “como tantos y tantas personas anónimas que encontramos en las calles de Montevideo, adictos a la pasta base, personas en situación de calle, mujeres y personas trans en situación de prostitución, cuyas vidas parecen no importarle a nadie”.
Elizabeth Techera, madre de Florencia Barrales, desaparecida en marzo de 2019, habló sobre el caso puntual de la desaparición de su hija, y destacó el rol de la lucha de las mujeres en la búsqueda de las personas desaparecidas. Dijo que su hija estaba en situación de calle y que para encontrarla no conseguía “el apoyo que necesitaba”. Entonces, luego de hacer la denuncia, comenzó una “búsqueda incansable y en solitario”, hasta que se conectó con ¿Dónde están nuestras gurisas?, lo que le permitió “llegar a otros lugares”, entre ellos la Fiscalía General de la Nación.
Familiares: “Los derechos humanos no pueden negociarse”
Carolina Carretero, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, elaboró un informe sobre los avances y retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad, y destacó la sentencia de condena al Estado uruguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino y los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, en la causa conocida como “Las muchachas de abril”.
Sobre este punto Carretero resaltó que el Estado no ha realizado ninguna de las acciones recomendadas en esa sentencia, como el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad o la inclusión de la materia Derechos Humanos en la currícula de formación de las Fuerzas Armadas.
Otro tema planteado fue el proceso de politización de la elección de los miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sobre la que se presentó un recurso de nulidad que no recibió respuesta, a pocas horas de que asuman las nuevas autoridades.
Carretero mencionó también como un retroceso en este proceso el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años, en el entendido de que es una propuesta que “tiene nombre y apellido” y que beneficia a quienes defienden el terrorismo de Estado y saben qué pasó con los familiares desaparecidos.
La integrante de Familiares dijo que el gobierno todavía considera ese proyecto de ley, que sigue en discusión en la órbita del oficialismo, y subrayó que “los derechos humanos no pueden negociarse en función de preservar la mayoría parlamentaria” del oficialismo.
El evento, realizado en la sala Camacuá de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, tuvo la apertura a cargo de la directora periodística de la diaria, Natalia Uval, quien destacó que en 2022 “pervive la impunidad de ayer y hoy”, y recordó el poema “Desaparecidos”, en el que Mario Benedetti expresa que “empezaron a desaparecer [...] como sin sangre, como sin rostro y sin motivo”. “Por eso es tan importante mostrar sus rostros, decir sus nombres, contar sus historias, contar las razones por las cuales desaparecieron”, dijo la periodista.
Uval planteó que las desapariciones forzadas “nos afectan a todos como sociedad, porque nos obligan a vivir en esa impunidad”, que es “caldo de cultivo de futuras violaciones a los derechos humanos”, y marcó los intereses económicos que hay detrás de las desapariciones forzadas, tanto en la dictadura, cuando las fuerzas represivas secuestraban a personas y les robaban sus bienes, como actualmente, cuando “se secuestra a mujeres, a niñas, adolescentes, para utilizarlas como mercancía”.
Uval subrayó que no hay respuestas suficientes del sistema político, “que en muchos casos ha sido cómplice o por lo menos omiso”, ni tampoco del sistema judicial, que “habilita la dilación sin fin de los procesos judiciales”.