El Tribunal de Cuentas (TC) observó la licitación 1/2022 de la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) “convocada para la contratación de organizaciones no gubernamentales con personería jurídica vigente para un programa de inclusión socioeducativo laboral y de contratación de personal técnico-profesional por un período de dos años”, según una resolución del 3 de agosto a la que accedió la diaria. La licitación la ganó la Fundación A Ganar. El TC, por mayoría de cuatro a tres (votaron en contra los ministros Álvaro Ezcurra, del Partido Colorado, Francisco Gallinal, del Partido Nacional [PN], y Darwin Machado, del PN), basó la observación, entre otras cosas, en que “la gestión de un programa de inclusión socioeducativo laboral no está prevista dentro de las atribuciones conferidas por la normativa vigente al MTOP”, y debido a eso, la cartera no tiene la competencia para llevarla a cabo.
Se apuntó también que la contratación de personal “técnico-profesional” por parte de la cartera no está exonerada de impuestos porque no está directamente relacionada con la prestación de actividades culturales o docentes. Por lo tanto, no corresponde la exoneración de impuestos que se efectuó a partir del llamado.
Pero además, dos técnicos prevencionistas del MTOP denunciaron a la diaria que la contratación de la Fundación A Ganar, así como del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), tiene que ver con la tercerización de funciones dentro de la DNA, entre ellas, la de los propios prevencionistas, que terminaron, luego de un largo periplo, en puestos de trabajo en los que no pueden realizar la función correspondiente a sus cargos, a los que llegaron por concurso.
Larga historia
Amenazas, destratos y la imposibilidad de hacer su trabajo son los principales motivos que esgrimieron los dos técnicos prevencionistas para explicar el conflicto que existe entre ellos y autoridades del MTOP. La historia comenzó hace más de dos años en la Sección de Seguridad e Higiene Ocupacional (SSHO) de la DNA. Los trabajadores aseguraron que durante ese período, vivieron situaciones de violencia, detectaron irregularidades en materia de seguridad en las obras que se llevaron a cabo bajo responsabilidad del ministerio y, con el paso del tiempo, vieron cómo fueron sustituidos por prevencionistas que tercerizó la administración.
A raíz de esto, los técnicos hicieron denuncias dentro del MTOP y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Luego de finalizado el procedimiento en respuesta a la denuncia, la asesoría jurídica del MTOP concluyó que “no se obtienen razones para determinar que hayan existido actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio” y que lo que ocurrió fue a causa de “situaciones laborales, decisiones sobre las cuales se tiene otra posición o punto de vista, pero de ninguna manera irregularidades”. Si bien ese expediente fue archivado, la denuncia en el MTSS sigue en proceso.
Sin embargo, para los prevencionistas el fallo no consideró muchos de sus reclamos y piensan que muchas de las preguntas de los interrogatorios estuvieron “direccionadas” para que, en vez de poner foco en las situaciones de violencia, los entrevistados dijeran que el problema eran ellos. la diaria accedió al expediente de la investigación de la denuncia que está compuesto por documentos, correos intercambiados por los involucrados y los interrogatorios que hizo el abogado a cargo.
Los técnicos relataron que los problemas empezaron en 2018, cuando comenzó el desarrollo de un sistema de gestión nuevo que buscaba mejorar las condiciones de seguridad de las obras. Fue terminado a mediados de 2019 y a fines de ese año lo empezaron a aplicar. Antes de ese sistema se aplicaba la “vieja escuela” de la prevención de riesgos laborales, es decir, se trabajaba de forma reparatoria y no preventiva. Para mejorar esto, el sistema generó nuevos procedimientos y protocolos a seguir y se hizo un control de las empresas que se tercerizaban para hacer las obras.
El nuevo sistema evidenció problemáticas relacionadas con la seguridad de las obras y los prevencionistas detectaron que los inconvenientes eran siempre con las mismas empresas. Sin embargo, por más problemas y accidentes que tenían se las contrataba igual. Según ellos, la situación dejó en evidencia a los responsables de las obras: los arquitectos.
Esto desencadenó desacuerdos entre prevencionistas y arquitectos en cuanto al rol que debían tener los técnicos en la obra. Según los testimonios recogidos en la investigación de la denuncia, los arquitectos consideran a los prevencionistas “asesores” y pueden desestimar su opinión porque ellos son los encargados de la obra; en cambio, los prevencionistas creen que cumplen una tarea de asesoría, pero también de control, debido a que son responsables de que la obra cumpla con los requisitos de seguridad, apoyándose en los decretos 125 y 127 del Poder Ejecutivo, que refieren a las tareas de seguridad que se deben cumplir en una obra.
En diálogo con la diaria, el director de la DNA, Santiago Borsari, dijo que recuerda que “hubo algunos cortocircuitos entre arquitectos y los prevencionistas” y que desde su rol trató de unir a las partes. Aseguró que es un gran defensor de las tareas de los prevencionistas y que “sería tonto que no fuera así” porque “cuando hablamos de seguridad en obra hablamos de la vida de las personas”. Afirmó que el trabajo de los prevencionistas es indicar lo necesario para trabajar con seguridad, pero no “fiscalizan” ni ponen sanciones: “Los que tienen la tarea del contralor sancionatorio son otros, como el MTSS”.
“Que quede todo en la interna”
En noviembre de 2020, la empresa de mantenimiento Carlos A Sánchez, tercerizada por el MTOP, comenzó a gestionar junto a la DNA la realización de una obra en el centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ubicado en la avenida José Belloni. En la etapa previa, los prevencionistas necesitaban que la empresa les facilitara una serie de documentos en materia de seguridad, que esta nunca entregó de forma correcta y completa, según denuncian.
Más allá de esas irregularidades, la principal preocupación de los técnicos era que unos andamios ubicados en la fachada interna del edificio estaban “rodeados de cables de corriente de media o baja tensión”. Conscientes del riesgo existente para los trabajadores, pidieron que los andamios fueran inhabilitados, pero el arquitecto a cargo de la obra autorizó de todas formas a que se utilizaran en esas condiciones. En el interrogatorio que le hicieron al capataz de la obra durante la investigación de la denuncia, dijo que el arquitecto lo autorizó a proseguir con la obra en esas condiciones. Los prevencionistas le mostraron a la diaria una foto en la que se puede ver cómo los andamios mencionados están rodeados de numerosos cables de electricidad.
En un intercambio vía correo electrónico, los prevencionistas les comunicaron a sus pares del centro Inisa que la empresa aún no había cumplido con la entrega de la documentación correspondiente y que el uso de los andamios era peligroso. El jefe de la SSHO, Paulino Lessa, que estaba copiado en los mails, se dirigió por la misma vía a los prevencionistas del MTOP para decirles que quería que las acciones que tomara su sección “quedaran en la interna”. Lessa también hizo referencia a una situación pasada similar: según su versión, él y uno de los prevencionistas denunciantes acordaron mantenerla en la interna. Sin embargo, el prevencionista en cuestión le respondió que eso era falso, que lo estaba intentando incriminar, y le increpó su falta de apoyo a la sección.
El problema con los andamios no fue el único de la obra: la ausencia de respuestas de la empresa con respecto a la documentación necesaria para certificar la seguridad del espacio de trabajo derivó en nuevos peligros. Incluso, los técnicos afirmaron que la empresa les presentó un estudio de seguridad que no tenía nada que ver con la obra: “Decía que se iban a atar sobre los dos pilares, pero no había pilares en la fachada del lugar de trabajo. Iban a colocar un elemento de sujeción en la pared y no tenían un estudio de carga para saber si esa pared iba a resistir el peso de una persona en caída libre”.
Los prevencionistas se basan en la Ley de Responsabilidad solidaria y subsidiaria para decir que el ministerio tiene la “potestad” de exigirle a la empresa la documentación previo al inicio de la obra. Explicaron que para iniciar una obra hay que presentar ante el MTSS un estudio y plan de seguridad que tiene que elaborar un arquitecto. Además, el MTSS exige que la obra tenga un prevencionista y que se presenten dos documentos: el estudio de seguridad, que realiza el arquitecto director de la obra, y el plan de seguridad, que realiza el prevencionista: “La normativa indica que el técnico sí o sí tiene que hacer ese control previo para presentar esa documentación y ver si lo que se está presentando es correcto, porque si no el ministerio no lo aprueba”.
Luego de varios intentos por parte de los prevencionistas de que Carlos A Sánchez les diera la documentación correspondiente, el 12 de enero de 2021, con los arquitectos de vacaciones, la empresa ingresó sin autorización ni la documentación necesaria al edificio de Inisa para llevar adelante la obra: “La empresa llegó y a los prevencionistas de Inisa no les quedó otra que dejarlos entrar para no generar un conflicto y atrasar la obra”, explicaron los denunciantes.
Una de las cosas que controlan los prevencionistas es que se utilicen las herramientas adecuadas para hacer un trabajo. En este caso, la empresa usó una escalera articulada, cuya utilización está prohibida para este tipo de tareas por el artículo 136 del Decreto 125. Mientras un albañil la utilizaba, la escalera se quebró, él se cayó y sufrió una fractura expuesta.
No era la primera vez que Carlos A Sánchez cometía una falta grave haciendo trabajos para el MTOP: esta fue la tercera instancia, según denunciaron los prevencionistas. Comentaron que cuando ocurrían este tipo de situaciones se hacía un informe y se enviaba a la dirección. Según ellos, estaba acordado con la anterior administración del Registro de Empresas que cuando una empresa cometía tres faltas graves en materia de seguridad se le pusiera la etiqueta de “incumplidora” para que todas las dependencias del Estado pudieran verla a la hora de contratarla.
Santiago Borsari durante la firma de convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y organizaciones sociales en Montevideo (archivo, setiembre de 2021).
Foto: Mauricio Zina, adhocfotos
En este caso, enviaron el informe a Borsari para que lo hiciera llegar al Registro de Empresas, pero el área legal del MTOP contestó a través de un documento de Word (sin ningún distintivo oficial) que antes de tomar “cualquier acción y decisión” se le tenía que dar vista previa del informe a la empresa. De acuerdo a los prevencionistas, ellos ya habían informado a Carlos A Sánchez antes de comunicarse con Borsari; sin embargo, al menos durante su estancia en la DNA, el MTOP no sancionó a la empresa ni a los responsables del accidente dentro.
Consultado sobre si estaba al tanto del accidente, Borsari respondió que no lo recuerda; lo mismo dijo sobre el informe que le elevaron los prevencionistas con las irregularidades que se cometieron en la obra. Rechazó categóricamente que él no accediera a informar al Registro de Empresas que Carlos A Sánchez era una empresa incumplidora y que en eso son “súper estrictos”. El director se comprometió a enviarle a la diaria documentación que probara que se sancionó a la empresa, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho.
Los prevencionistas comentaron que además de Carlos A Sánchez, el MTOP habitualmente contrata otras dos empresas con historial de faltas en materia de seguridad. En el caso de Carlos A Sánchez, el titular de la empresa es Carlos Alberto Sánchez y el técnico prevencionista es Juan Mario Iturralde Viñas, hermano del presidente del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde Viñas. Según pudo saber la diaria, las otras dos empresas tienen como titulares a varios empleados públicos. Borsari explicó que las empresas se eligen en un procedimiento público a partir de un sistema de puntuación y que de ahí surge un orden de prelación en las licitaciones. Una comisión específica hace un informe recomendando a determinada empresa y, por lo general, desde la dirección se acompaña su decisión.
Los prevencionistas hicieron una denuncia dentro del ministerio y le elevaron un documento a Borsari con todos los detalles el 19 de febrero de 2021, pero no recibieron respuesta. Ante esa situación, el 23 de febrero le enviaron el documento a Carlos Scirgalea Poppa, quien en ese momento era director general de Secretaría del MTOP. Él los recibió y al ver que existía un conflicto, decidió transferirlos. El 19 de marzo dispuso una investigación administrativa y los envió al Departamento de Servicio de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo, que se encuentra en la Dirección General de Secretaría del MTOP.
Muchos cambios y pocas mejoras
Los primeros meses de los prevencionistas en la nueva sección fueron más tranquilos y no tuvieron problemas. Según ellos, los funcionarios que se encontraban en esta sección no tenían experiencia prestando servicios de prevención, así que empezaron a proponer cambios y armaron un plan de gestión que se presentó a la dirección. Sin embargo, con la salida del ministro Luis Alberto Heber hacia el Ministerio del Interior y la llegada de José Luis Falero como máxima autoridad del MTOP, la situación tomó un rumbo distinto. Con el cambio de autoridades, Scirgalea Poppa fue sustituido como director por Graciela Soler.
De acuerdo a los prevencionistas, la nueva dirección les dejó realizar el nuevo plan de gestión, pero cuando lo terminaron, las autoridades de la sección eligieron por designación directa a un coordinador para el grupo, con el que no pudieron ponerse de acuerdo. “El tema era que nosotros trabajábamos pero firmaba el coordinador”, dijeron. Uno de los prevencionistas habló con él para que “empezara a hacer su propia gestión” y como respuesta el coordinador empezó a retratarlos como “conflictivos” ante las jefaturas, según denuncian. Poco después, la gerencia les hizo señalamientos como “tienen un punto rojo arriba por haber hecho una denuncia” –en referencia a lo sucedido en la DNA– y les hacían “la vida imposible”, con situaciones que llegaban al punto de no poder mantener una conversación porque “teníamos al jefe escuchando detrás de la pared”.
La situación tuvo como consecuencia que ambos prevencionistas sufrieran problemas de salud –uno tuvo una infección generalizada y el otro, hipertensión– por lo que se tomaron una licencia médica. Al retornar, desde la gerencia de Gestión Humana se les reprochó nuevamente haber denunciado la situación de la DNA en el MTSS, y se les comunicó que los iban a trasladar nuevamente.
A uno lo enviaron a la Unidad de Controles e Inspecciones (UCIC), una sección que tiene limitado el uso de autos, lo que no le permite salir a hacer inspecciones. Además, el prevencionista presentó un plan de gestión y, aunque le dijeron que estaba bien, le plantearon que no lo iban a implementar por falta de recursos. Al otro lo enviaron a una parte de la sección Hidrografía, y el primer día que llegó a su trabajo, un compañero le planteó “¿a vos te manda el enemigo para acá?”, porque no había trabajo para él.
En mayo de 2022, los prevencionistas interpusieron un recurso administrativo para que se desarchivara la investigación que se realizó en la DNA. Según ellos, desde el ministerio no se cumplió con el proceso administrativo, que implica enviar los recursos al ministro, y lo archivaron. Como respuesta, se preparan para iniciar un reclamo legal contra el Estado por daños y perjuicios y también acudirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para “anular toda la investigación y que se haga correctamente”.
Los que siempre ganan
Existen varias versiones sobre lo que ocurrió en la SSHO luego de que los prevencionistas fueron transferidos. Los prevencionistas dicen que el área se disolvió. Lessa, encargado del sector, apuntó en su entrevista para la investigación interna que el sector sigue funcionando pero que “hay un técnico prevencionista por cada departamento de construcción”. Por su parte, Borsari afirmó que “no se disolvió ningún área, todo lo contrario, el ministerio se reforzó”.
A partir del llamado público, la Fundación A Ganar –ganadora de múltiples licitaciones públicas y contrataciones directas durante este período en diversos organismos y que tiene vínculos con el PN– fue elegida por el MTOP para reforzar varias funciones. Según Borsari, a partir de ella “se reforzaron algunas áreas de logística de la DNA y otras áreas del ministerio”. Apuntó que “hay áreas con pocos funcionarios” y que “se está haciendo todo el esfuerzo posible para cubrir las vacantes de las áreas existentes”.
la diaria accedió a un documento que emitió la fundación en el que se ve que 18 personas ingresaron al MTOP en una iniciativa denominada “Programa Socio Educativo Laboral”. El documento es una solicitud de pago de “salarios, salario vacacional, viáticos, nómina de BPS y BSE” de mayo de 2022 y adjunto hay una lista que detalla la cifra, el concepto y el beneficiario de cada pago. La cifra total que se le solicitó a la DNA fue de 1.195.213 pesos.
La gran mayoría de los que ingresaron por la Fundación A Ganar son militantes del PN, específicamente de las listas 33 y 71 –la lista que integra Borsari–. Entre ellos se encuentran Franco Canti, concejal suplente del Municipio A de Montevideo por la lista 71, la suplente de edil y también integrante de la 71 Natalia Borrazás, y el exedil de Canelones por la lista 33 Daniel Correa Mariossa. Borsari aseguró que el MTOP no participó en el proceso de selección de esas personas y que no mira de qué partidos políticos son quienes entran al ministerio.
Para sustituir a los prevencionistas originales de la SSHO, en octubre de 2021 la DNA arrendó los servicios de dos técnicas prevencionistas a través de una contratación directa por excepción al Inacal), una persona pública no estatal que depende del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Una de las prevencionistas tercerizadas también es militante de la lista 71.
De acuerdo al expediente con los datos de la contratación, al que la diaria tuvo acceso, la DNA deberá pagar 24 cuotas mensuales de 118.000 pesos más IVA y ajustes del IPC –correspondiente a los sueldos de las prevencionistas– y una comisión de 4% para Inacal. Pero además, en diciembre del mismo año, la propia DNA advirtió que en la adjudicación no se contemplaron fondos que correspondan a “la necesidad del servicio respecto a los viajes al interior del país que deben realizar los técnicos prevencionistas”, y por lo tanto, agregó 3.110.800 de pesos en viáticos.
Consultados sobre sus gastos en viáticos, los prevencionistas denunciantes aseguraron que lo máximo que llegaron a gastar por mes fueron 20.000 pesos. Si esa cifra fuera estable todos los meses, el gasto sería de unos 480.000 pesos en dos años, una cifra muy inferior a la que otorga la DNA actualmente a las prevencionistas. A eso se suma que uno de los motivos que manifestó la administración para negar a los prevencionistas la posibilidad de hacer inspecciones individuales en obras fue la ausencia de fondos y un mayor cuidado de los gastos.