“El decreto es un retroceso”, expresó a la diaria la diputada por el Frente Amplio e integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social Cristina Lustemberg en referencia a la disposición del actual gobierno que flexibiliza la Ley 18.256 de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo. Para la legisladora, estos cambios son “un atentado a las políticas públicas que se han construido en Uruguay, que son de Estado y están basadas en evidencia”.
El decreto fue firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro interino de Salud Pública, José Luis Satdjian, aunque la propuesta surgió en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y contó con el respaldo del Consejo de Ministros. En resumidas cuentas, modifica las pautas del empaquetado y etiquetado de cigarrillos. La justificación de las autoridades para la aprobación de la nueva normativa fue buscar que el mercado del cigarrillo de contrabando no afecte al mercado formal, algo que a su entender sucedía con la normativa aprobada durante la presidencia de Tabaré Vázquez, que imponía como única versión legal y comercializable la caja de cartón duro con apertura flip top, por ende, prohibía la recientemente aprobada caja blanda.
Otros aspectos que también flexibiliza el decreto es que ya no se requiere que el interior de la caja sea de color blanco liso y que contenga una cubierta de papel metalizado. Además, las marcas podrán incorporar logos o inscripciones propias que las distingan tanto en el papel como en el cigarrillo.
Lustemberg dijo que “parece un decreto redactado por la industria” y que “no hay evidencia de que las políticas antitabaco aumenten el contrabando”. Por el contrario, cuando en la normativa se incluyeron las pautas para la elaboración y comercialización de las cajas “sí se utilizó evidencia; por ejemplo, estudios de economía comportamental”, recordó.
“Lo más llamativo es que no se hayan tomado en cuenta los ámbitos institucionales que tiene el MSP” trabajando para el tema, por ejemplo, la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco. Agregó que lo mismo sucedió, y “también llamó la atención”, con el decreto aprobado en 2021 que habilita la venta de cigarrillos electrónicos, aprobación para la cual el MSP no fue consultado. Por ello, el director de la Dirección Nacional de Salud, Miguel Asqueta, fue convocado a la Comisión de Salud y allí dejó claro que la cartera no fue convocada para asesorar al Poder Ejecutivo y que “tal vez hubiese sido conveniente”.
“Estamos convencidos de que son decisiones que retroceden en los procesos de protección de salud de las personas” y, en segundo lugar, “son un mal ejemplo para las políticas públicas en un país [como Uruguay], que venía siendo ejemplo” en la materia, dijo Lustemberg.
Según la diputada, en la reunión de la Comisión de Salud los integrantes por el FA, Lucía Etcheverry, Luis Gallo y ella, dialogaron sobre el tema “con gran preocupación” y evaluarán proponer acciones, la próxima semana, por ejemplo, convocar a las autoridades de la salud.
“Lejos” de querer flexibilizar
Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, dijo a la diaria que, “lejos de flexibilizar las políticas”, como “se está diciendo”, desde el gobierno “lo que queremos es “darles más herramientas a las políticas sanitarias”. En concreto, explicó que el decreto habilita a que se coloque en cada cigarrillo “un sellito que no se ve desde afuera” de la caja, pero no cambia “las advertencias, el color ni el formato” que ya existen.
“Lo que queremos es decirle al consumidor que compró un cigarrillo que es verdadero y no falsificado”, apuntó. Según Paganini, se detectó que el mercado de contrabando que más prospera es el que comercializa “el cigarrillo en caja blanda”, y sobre esa base también se decidió habilitar ese cambio. “Las medidas contribuyen a que quien quiera sepa que está consumiendo un producto controlado en Uruguay”, reafirmó.
Agregó que el ministerio tiene números de que el contrabando “se fue hacia arriba”, con cifras que pasaron de 10% en 2005 a 38% en 2020, según la encuestadora Cifra. “El contrabando es una fuga en las políticas sanitarias, y creemos que este cambio aporta”, dijo.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y Satdjian expresaron en una rueda de prensa su punto de vista. En primer lugar, Salinas aclaró que si bien la iniciativa fue del MIEM, el MSP firmó el decreto. Manifestó que el cambio “es una opción” que tienen las empresas “de pasar de un envase rígido a uno flexible”, pero que no hay un cambio a nivel impositivo, ni en las advertencias que contiene la caja en su exterior.
Según informó El Observador, Satdjian, por su parte, dijo que el decreto incluye multas económicas para quien comercialice el producto de contrabando, algo que se pedía “desde hacía muchos años”. “Lejos de flexibilizar, la norma se endurece”, expresó.
El impacto del cambio
Laura Llambí, coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, opinó que la nueva medida es vista por los especialistas como “un claro deterioro” de la política antitabaco. A su entender, también hay incoherencias, porque “desde el gobierno se dice que la política se quiere profundizar”, pero a la vez “se aplican medidas que la debilitan”. Agregó que, una vez más, la medida no pasó por la Comisión Interinstitucional Asesora -de la que Llambí es parte- y tampoco por el programa nacional.
Acotó que Uruguay cuenta con algunos datos oficiales, hasta 2019, que grafican cómo se venía desarrollando el comercio ilícito y que estas “no demuestran un aumento, estaba estable”. Según Llambí, la propia Organización Mundial de la Salud manifiesta que “avanzar hacia la protección de la salud en cuanto al tabaco no hace al aumento de lo ilícito”, ese es más bien “un argumento utilizado por la industria tabacalera”.
En cuanto al empaquetado, comentó que “somos el único país en el mundo” que luego de haber llegado al empaquetado neutro hace “un retroceso”, y eso es importante por los mensajes que da. “Logos en el papel que antes era blanco, cajillas más blandas y diferentes distintivos” hacen que el riesgo no sea neutro para toda la población y que, en ocasiones, “se pueda llegar a creer que un producto es menos nocivo que otro”. El decreto, sostuvo, “tira por tierra” los objetivos por los que se había establecido determinadas pautas en la presentación del producto.
Como integrante de la comisión asesora, también manifestó preocupación ante la falta de asesoramiento técnico. “No tenemos un rol vinculante. Creímos que luego de la pandemia nuestras opiniones importaban en la toma de decisiones sanitarias”, algo que en estos temas está siendo “completamente ignorado”, manifestó.
Por su parte, Diego Rodríguez, del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, en diálogo con la la diaria manifestó su descontento con que no se haya consultado a las comisiones y programas asesores para la habilitación del decreto.
Agregó que a su entender el único sustento es “comercial y de la industria” y que el empaquetado neutro fue algo “muy estudiado”, desde “el color hasta la letra, y sin dejar nada al azar”. Según Rodríguez, aunque se implementará, se sabe que la cajilla “no debería ser blanda” y que dentro “se va a poder agregar cualquier distintivo”, lo que hará que no haya “ningún estandarizado”.