Mientras, por un lado, debate sobre los límites de la libertad de acción en relación al plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT, por otro, el Frente Amplio (FA) estudia un documento que elaboró la comisión que trabaja sobre los fundamentos para el diálogo sobre seguridad social, que pretende convocar la fuerza política en caso de triunfar en las próximas elecciones nacionales.
En el texto, al que accedió la diaria, se establece que “es una prioridad para un futuro gobierno del FA la convocatoria a un diálogo social, a fin de procurar el mayor de los acuerdos posibles para llevar adelante las transformaciones que nuestro sistema requiere”.
A lo que apuesta la fuerza política es a que, más allá del apoyo o no al plebiscito, se priorice hablar del diálogo social, que se estructuraría en “un conjunto de Mesas Temáticas de Diálogo (MTD), a las cuales serán invitados todos los actores institucionales relevantes” y, pasado el análisis de cada mesa, “se conformarán Comisiones Ejecutivas” encargadas de generar una síntesis a modo de “base” para “la elaboración del informe final, que será elevado a la Presidencia de la República”.
En cuanto al contenido y los ejes sobre los que discutir, la comisión encargada de elaborar el texto definió que el primer foco debe estar puesto en “revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, con el objetivo de corregir las inequidades existentes propiciadas por las actuales normas”, y a partir de esto se desprenden propuestas concretas, que tienen algunos puntos de contacto con lo que se establece en la papeleta del PIT-CNT.
Se propone, por ejemplo, “mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social”, lo que implica “contemplar que no todas las personas están en condiciones de mantenerse en actividad hasta los 65 años” y, a partir de ahí, evaluar la habilitación del “acceso a la jubilación a edades inferiores, mediante la modalidad de causal adelantada, inicialmente, desde los 60 años”.
En la misma línea, se propone buscar la instalación de “un piso básico de protección social en la vejez”, para lo que se quiere crear “una pasividad básica para personas mayores que no disponen de altos ingresos y/o patrimonio, desde los 65 años en caso de pobreza y desde los 70 años en general”. Este punto tiene por objetivo superar “la limitación que implica que, en la actualidad, las prestaciones no contributivas (pensión por vejez o invalidez) para quienes no configuren causal jubilatoria están supeditadas a requisitos que se derivan de situaciones de vulnerabilidad que deben ser revisados”.
Para la estructura del sistema “se considerará la conformación de un sólido pilar básico solidario, que garantice la cobertura universal a través de subsidios para las personas de menores ingresos”, complementado por otro pilar “contributivo público de reparto” y otro “de ahorro no lucrativo capitalizado, con adecuados incentivos para su gestión”, pero, a su vez, “con un rol fundamental del Estado en su administración, supervisión y organización”.
Por último, el documento señala la necesidad de “avanzar en la articulación y coordinación” para incorporar “las temáticas de cuidados, con prioridad en primera infancia, discapacidad y adultos mayores con dependencia” y asumir en esta instancia “la necesidad de un debate real sobre las desigualdades estructurales de ingreso, permanencia, cobertura y protección de los derechos laborales y de la seguridad social” de personas “en situación de discapacidad en el mundo del trabajo”.