El director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI), Nicolás Martinelli, dio una conferencia de prensa en la que explicó que se informó “de forma equivocada” que el MI revocó el comodato para el uso del local de General Flores al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide).
Martinelli sostuvo que hay dos convenios vigentes. Por un lado, existe un acuerdo con Asfavide y la Udelar, que “es el que le da marco y objeto a la atención de las víctimas, donde el MI pone los recursos financieros, la Facultad de Derecho de la Udelar los recursos humanos, y Asfavide pone una sede física para montar el consultorio”. Por otro, el MI tiene firmado un comodato vencido desde 2019 con el Banco de Previsión Social (BPS) por el uso del inmueble de General Flores.
Según explicó, lo que busca el MI es ampliar el convenio vigente con la Udelar y Asfavide, ya que actualmente la atención se centra en Montevideo y la zona metropolitana, y se proponen tener presencia en el interior del país. Martinelli sostuvo que el MI tiene prevista una reunión con los integrantes de ambas instituciones para avanzar con esta iniciativa.
Por otro lado, manifestó que se comunicó con el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, quien le aseguró que “no tiene ningún inconveniente con renovar el comodato, que está vencido desde 2019 y se encuentra en una situación irregular”. En ese caso lo que busca el MI es salirse del comodato y que “Asfavide pueda vincularse directamente con el BPS [a través de un nuevo comodato] y tener su propio inmueble”.
Martinelli también adelantó que ya estuvo en contacto con la presidenta de la asociación, María Luisa Martínez, quien coincidió “con la necesidad de ampliar este tipo de convenios” y “llegar a más familias y a más localidades y departamentos del interior”. “Así que esperemos que en las próximas horas podamos llegar a un acuerdo y firmar un nuevo convenio”, valoró.
Este jueves el abogado Juan Raúl Williman, integrante del consultorio, relató en entrevista con el programa Primera mañana, de El Espectador, que recibió una llamada de la presidenta de Asfavide “muy preocupada” porque desde el MI le pidieron desalojar el local antes de fin de mes.
Consultado sobre si incidió en estas comunicaciones que el Consultorio Jurídico de la Udelar fuera el encargado de representar a las víctimas que denunciaron por abuso sexual al exsenador nacionalista Gustavo Penadés, Martinelli sostuvo que “no tiene absolutamente nada que ver un tema con el otro”. Según dijo, “la parte administrativa” del MI, como la de cualquier ministerio, “sigue trabajando, y en esta parte hay una gerencia administrativa que se encarga de hacer los contratos de arrendamiento, comodato o licitaciones”.
“En este caso hace tiempo se había detectado que el comodato se había vencido y se habían realizado otras instancias de acercamiento, incluso con el BPS, para tratar de renovarlo. Es una coincidencia que justo se llamara por medio de la parte administrativa a María Luisa, la presidenta de Asfavide, pero no tiene absolutamente nada que ver un tema con el otro”.
Martinelli reiteró que el tema no pasó por los “canales políticos”, sino que se trató de “decisiones administrativas que se dan todos los días”. Puntualizó que el MI tiene 31 unidades ejecutoras, 33.000 funcionarios y un presupuesto anual de 1.100 millones de dólares. “El ministerio funciona independientemente a veces de las jerarquías o los mandos. Mañana cambia la administración y viene una nueva y el ministerio sigue funcionando”, ejemplificó.
Asimismo, reconoció que desde 2019 a la fecha el MI no se había comunicado con Asfavide ni con la ONG Mujeres de Negro, que también funciona en el inmueble, para anunciarles que estaba vencido el comodato. “Quizás sí desde Cavid [Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito], que es la dirección que lidera el proceso, porque compartía edificio con ellos, y además la temática es la misma. [Quizás] sí había tenido algunas instancias informales de acercamiento de modo tal de buscar o darle aviso de que había intención del MI de ampliar y renovar”, apuntó.
También dio explicaciones por la llamada a la presidenta de Asfavide y sostuvo que la “acción administrativa” implica revisar “qué convenios que hoy tiene el MI están vigentes y cuáles no están vigentes”. “Cuando hay un convenio próximo a vencerse o que ya está vencido, el área administrativa acciona. ¿Para qué acciona? Para tratar de regularizar la situación. Eso es lo que intentó hacer el área administrativa, comunicarse con Asfavide y Mujeres de Negro para ver cuál era la situación actual de ellos sobre el bien inmueble”, manifestó, y agregó que el área administrativa les notificó que el convenio estaba vencido y les preguntó si iban a seguir ocupando el inmueble o se iban a mudar.