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José Manuel Azambuya, Pablo Abdala, Nicolás Martinelli, el 17 de noviembre, en el Ministerio del Interior, en Montevideo.

Foto: Camilo dos Santos

El ministro del Interior recibió a Crysol y Madres y Familiares tras amenazas a militante de derechos humanos

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“Tomamos en serio las amenazas y nos preocupan, y más cuando se trata de jóvenes que están trabajando en el tema”, dijo Ignacio Errandonea.

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Leído por Cecilia García.
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La asociación de ex presos políticos Crysol y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron este viernes con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el subsecretario de la cartera, Pablo Abdala, el subdirector de la Policía Nacional, Jhonny Diego, y el Comisario General, Efraín Abreu, para intercambiar sobre el nuevo ataque que sufrió una militante de La Casa de Óscar, un colectivo de derechos humanos de San Ramón.

La primera vez, el sábado 28 de octubre, la activista recibió una bolsa de huesos con una nota firmada por la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que decía: “Acá hay huesos. No en los cuarteles, sigan buscando, giles”. Luego, el 8 de noviembre, la misma persona volvió a recibir una bolsa de huesos, también firmada por la JUP, esta vez con dos inscripciones. Una decía: “Giles, acá hay huesos, no hay cuarteles. Sigan escarbando, ojo, pueden repetir el plato”, y otra: “Topolansky asesina susia” (sic). Los hechos se dieron luego de que se aprobara la declaración como sitio de memoria al cuartel de San Ramón.

Ignacio Errandonea, y Gastón Grisoni.

Foto: Camilo dos Santos

Luego de la reunión, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, expresó en dialogo con la diaria que los colectivos fueron “a manifestar personalmente la preocupación” que existe ante “la reiteración de las amenazas”. Allí señalaron que lo que viene sucediendo se trata de “un hecho grave en democracia”, contó Grisoni. También observaron que aún está pendiente la colocación de algunas otras placas en la zona del Penal de Libertad, algo que había sido acordado con el exministro Luis Alberto Heber.

Por su parte, Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, dijo a la diaria que la principal inquietud de la asociación era solicitar la actuación de la Justicia. Además, Errandonea manifestó que hay una especial atención porque el ataque fue dirigido a una persona joven. “Tomamos en serio las amenazas y nos preocupan, y más cuando se trata de jóvenes que están trabajando en el tema”, declaró. Ante el aumento de la participación de las nuevas generaciones en colectivos de derechos humanos, “que se intente por estos métodos buscar que la juventud no tome estos temas, nos parece demasiado grave”, manifestó.

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