Bajo la consigna “A seis meses: digan quién es”, la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos marchará el miércoles 20 de diciembre a las 18.30, desde la Universidad de la República hacia la Plaza Libertad, en reclamo de que se conozca a quién pertenecen los restos óseos, que hasta ahora se sabe que son de una mujer, encontrados en el Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, en junio de este año.
Los restos fueron hallados a aproximadamente 100 metros de donde en octubre de 2011 se encontraron los restos del maestro Julio Castro, secuestrado en agosto de 1977, y en 2012 los de Ricardo Blanco Valiente, detenido en enero de 1978.
“Quienes tienen la información, quienes pueden dar luz sobre esto, permanecen en silencio, manteniendo su identidad secuestrada”, apuntó la organización en un comunicado, y agregó que el “no poder aún darle un nombre, unirla a su historia y poder finalmente cobijarla es algo que nos llena de un inmenso dolor”.
Ignacio Errandonea, integrante de la organización, señaló en diálogo con la diaria que hay “dolor” por “no poderle poner nombre a una compañera desaparecida”. “Fue secuestrada por los militares, fue torturada y asesinada por los militares y enterrada por los militares. Ellos saben cómo se llama y no puede ser que pasen seis meses y no dicen el nombre”, expresó.
En ese marco, apuntó contra el gobierno, porque no pide explicaciones a los militares. “Con la Institución [de Derechos Humanos, INDDHH], con la Fiscalía, hacemos lo que podemos, pero no puede ser que pasen seis meses y que la institución [por las Fuerzas Armadas] que nos hizo desaparecer cierre la boca y no nos digan quién es. Fueron ellos que la hicieron desaparecer, que la pusieron ahí”, expresó.
El integrante de la asociación recordó que el ministro de Defensa, Javier García, se puso “a disposición” y que a él le plantearon que a los militares “habría que exigirles la verdad”, algo que creen que no ocurre. “Hemos reclamado los archivos y nos dicen que archivos no hay, cuando nosotros sabemos que existen, porque fueron microfilmados hasta 2004. Pero fue el Estado uruguayo, el Servicio de Inteligencia uruguayo que los microfilmó, por lo tanto tienen toda esa información. Es hora de que los poderes públicos se la exijan”.
Asimismo, expuso que desde hace 50 años piden una respuesta del Estado: “Ahora vemos otro aspecto perverso que no conocíamos de la desaparición forzada, que es encontrar a una compañera pero no saber quién es. Es un aspecto de este crimen tan perverso que no conocíamos. Y es hora de que el Estado se ponga los pantalones y asuma su responsabilidad”, consideró.
La INDDHH trabaja en coordinación con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, así como con otras instituciones nacionales y extranjeras. Según Errandonea, “se está trabajando de forma coordinada”, y aseguró que no tienen “ninguna queja para formular” al respecto; al contrario, sostuvo que les “consta el esfuerzo que se hace, y el trabajo que están haciendo tanto desde Fiscalía como desde la institución los antropólogos para poder identificar”.
Los restos habían sido enviados a un laboratorio en Córdoba, pero no se pudo determinar la identidad porque no hubo coincidencias con las muestras de ADN de los familiares que las han aportado. En suelo uruguayo se registraron tres mujeres detenidas desaparecidas –María Claudia García, Elena Quinteros y Amelia Sanjurjo, las dos primeras descartadas en este caso a partir de las pruebas de ADN–, pero desde la organización prefieren no hablar de nombres porque “son 40 las compañeras que están desaparecidas”, con referencia a las mujeres uruguayas detenidas desaparecidas en Argentina, Paraguay o Chile, pero también a extranjeras que fueron trasladadas a Uruguay durante su detención.