Los vetos aplicados por el presidente Luis Lacalle Pou durante este período de gobierno sorprendieron porque ese recurso no se había utilizado en los últimos diez años. Esto sucedió, en concreto, con el proyecto de ley forestal, promovido por Cabildo Abierto (CA) y apoyado por el Frente Amplio (FA), y recientemente con el proyecto que atendía parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia.
Daniel Chasquetti, politólogo especializado en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, dijo a la diaria que no puede considerar que el veto sea un “indicador de hiperpresidencialismo”, sino que, por el contrario, “es algo normal en el sistema presidencial”.
En ese sentido, señaló que en América Latina se inventó el veto parcial, que implica que se puede vetar una palabra, una frase, un artículo, una sección o un capítulo de una ley. En el caso de Uruguay, la Constitución determina que un proyecto de ley puede ser “devuelto” por el Poder Ejecutivo con “objeciones u observaciones, totales o parciales”.
Chasquetti recordó que, aproximadamente, la mitad de los vetos que se aplicaron desde la reapertura democrática en 1985 hasta la fecha “traían textos creados por el Ejecutivo que terminaron introducidos en la ley de ese modo”. “Lo que pasa es que en Uruguay nos malacostumbramos porque en los últimos diez años no se aplicó ningún veto”, agregó.
Los vetos en los gobiernos anteriores
Desde la vuelta de la democracia se registraron por encima de 90 vetos en los distintos gobiernos, menos en el de José Mujica y en el segundo de Tabaré Vázquez. 51 ocurrieron durante la primera legislatura del colorado Julio María Sanguinetti y durante el gobierno del blanco Luis Lacalle Herrera. En el gobierno colorado hubo 25 vetos, de los cuales ocho no prosperaron, mientras que en la gestión herrerista se registraron 26 y 15 de ellos no prosperaron, según un informe del programa de Estudios Parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, que difundió El Observador.
Según puntualizó Chasquetti, en los primeros dos gobiernos después de la reapertura democrática, Sanguinetti y Lacalle Herrera “no tenían mayorías”. “El Parlamento aprobaba leyes que disgustaban al presidente y utilizaba mucho la herramienta del veto. En los años 80 y 90 estudiamos cómo era el ritmo y la frecuencia de aplicación de vetos y lo que veíamos es que cuanto más cerca estábamos del final del mandato más vetos aparecían”, indicó.
Mientras tanto, entre 1995 y 2000, Sanguinetti vetó cinco leyes porque en realidad la coalición funcionó “muy pero muy bien”, según Chasquetti. Mientras tanto, en el gobierno de Jorge Batlle, presidente durante 2000 y 2005, hubo 20 vetos y siete fueron rechazados. Señaló que fueron “muchísimos” porque se le rompió la coalición en octubre de 2002, luego de la crisis, cuando el Partido Nacional (PN) salió del gabinete. “Ahí se le hizo un poco duro a Batlle. De hecho, las dos rendiciones de cuentas, la de 2003 y la de 2004, no fueron aprobadas. El Parlamento votó en contra, por lo tanto el presupuesto que rigió fue el de 2002, que estuvo vigente hasta 2005”, señaló Chasquetti.
Luego, con la llegada del FA al gobierno, la mayoría parlamentaria fue “formidable, disciplinada, cohesionada”, valoró. No obstante, en el primer gobierno de Vázquez se registraron 13 vetos; el más recordado fue el de la ley que desepenalizaba el aborto en 2008, que había sido promovida por el FA. Según planteó Vázquez en ese momento, había “consenso” en que el aborto era “un mal social” que había que “evitar”. “Esos vetos que aplicó Vázquez, salvo el del aborto, estaban orientados a corregir la legislación”, dijo Chasquetti.
Por otra parte, el académico planteó que el estado de la opinión pública y el humor social “afectan a los parlamentarios”. En ese sentido, dijo que si los legisladores se animan a aprobar una ley que al presidente le “disgusta es porque en realidad ellos están viendo que el electorado está pidiendo otras cosas”. “La ley sobre los trabajadores de Casa de Galicia es exactamente eso, es una ley que terminó siendo votada por legisladores del PN”, sostuvo. Asimismo, señaló que eso quiere decir que “están percibiendo cosas” que el Ejecutivo “no ve” o, al revés, el gobierno “ve cosas como, por ejemplo, el equilibrio fiscal, que los legisladores no están viendo”.
De acuerdo a Chasquetti, esto hace pensar que “probablemente” el año que viene “tengamos también episodios de veto, porque en el proceso de aproximación a la elección, cada vez es más difícil mantener alineada a toda la tropa. Además, los partidos de la coalición necesitan imperiosamente diferenciarse del partido del presidente y eso puede llevar a que asuman conductas en el Parlamento que lleven a aprobar leyes que, en otro momento del mandato legislativo, no hubieran apoyado”.
Veto de Casa de Galicia
El veto al proyecto que buscaba saldar parte de los adeudos a los extrabajadores de Casa de Galicia fue el que más repercusión tuvo en este período. Aunque no contó con los apoyos de CA, el FA y tres legisladores nacionalistas, la decisión del presidente fue respaldada por el Parlamento.
Los extrabajadores de Casa de Galicia, apenas saldada la votación, anunciaron que harían un juicio contra el Estado. “El Estado va a terminar pagando lo que no quiso pagar ahora”, dijo en su momento Flor Constanzo, extrabajadora de Casa de Galicia y vocera del colectivo. Agregó que los legisladores que apoyaron el veto argumentaron que no había dinero, pero criticó que “no hay dinero para algunas cosas, para otras sí”.
Chasquetti dijo a la diaria que ese veto fue un antes y un después porque fue la primera vez que el PN estando en el gobierno quedó dividido. “La pregunta que nos podemos hacer es si puede haber episodios parecidos, en los que el PN quede dividido. Quedó dividido porque en realidad es un tema muy delicado, está restringiendo derechos a los trabajadores. Les está pagando un tercio de lo que les corresponde”, señaló.
Veto forestal
A instancias de CA y también con los votos del FA, el Parlamento aprobó la ley forestal, que posteriormente fue vetada. Según planteó en su momento el Ejecutivo, el gobierno tiene a su cargo el cometido “esencial” de “fijar” y “conducir” las políticas sectoriales, lo que “comprende la competencia en el diseño y ejecución de la política en materia forestal, tanto a nivel de producción como de industrialización”.
Rafael Menéndez, diputado de CA y promotor del proyecto, señaló a la diaria que en su momento “fue un golpe” para el partido porque fue el primer proyecto de ley vetado y “un proyecto de ley que era de un partido integrante de la coalición de gobierno”. “Personalmente creo que el presidente estuvo equivocado y dejó ganar una batalla de los lobbies de los empresarios forestales”, criticó.
Por otra parte, al ser consultado sobre el veto, Menéndez entiende que pese a ser un mecanismo constitucional, no está de acuerdo con que un presidente “tenga que recurrir a él”. “En definitiva, se ignora lo que a nivel legislativo se resuelve. En el Legislativo también está la representación de la ciudadanía, que, en definitiva, es la que nos pone con el voto. A mí los gobiernos en donde se recurre al veto para tratar de torcer una política pública, en lo personal, no me gustan para nada”, insistió.
Otros vetos
Lacalle Pou vetó cinco artículos de la Rendición de Cuentas y la Asamblea General respaldó la decisión. Entre los artículos que quedaron sin efecto estaba el que inhibía al fiscal de Corte y al fiscal adjunto de Corte por tres años, a partir de su cese, “de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”.