“La muerte de Arbelio Ramírez, los asesinos están del otro lado de la trinchera”, tituló el semanario Marcha pocos días después del 17 de agosto de 1961. Era un artículo firmado por Eduardo Galeano, que repasaba los meses previos, el asesinato y el entierro del profesor Ramírez, muerto ese día por un balazo que le atravesó el cuello mientras salía de presenciar la conferencia de Ernesto Che Guevara en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar).
Con un mar de fondo de meses de acumulación de enfrentamientos y ataques entre el movimiento estudiantil, sindicatos, partidos de izquierda y grupos de ultraderecha, como el Movimiento Estudiantil en Defensa de la Libertad (MEDL) o Alerta, el asesinato de Ramírez -sobre el que se ha discutido si fue una bala dirigida al Che, un ataque premeditado o una bala perdida- es considerado por un sector de la sociedad como un mojón en la historia de la violencia política en los años previos al golpe de Estado.
Es por eso que la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol, que ha rechazado públicamente el proyecto de ley de reparación a víctimas de “hechos ilícitos” cometidos “por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico”, propuso a través de un comunicado que “el Estado asista a los familiares de los civiles que fallecieron como resultado de la violencia que vivió nuestro país y que no fueron resarcidos hasta el momento” y no a militares y policías; por otro lado, que el 17 de agosto de 1961 sea la fecha que se tome como punto de partida para definir en qué período entran estas reparaciones.
“Es realmente una fecha significativa en cuanto al comienzo de la violencia política en Uruguay, nadie puede objetarla”, sostuvo el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, en diálogo con la diaria. El proyecto, que fue aprobado con los votos del oficialismo en la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes y está pendiente de discutirse en el plenario, toma los hechos acaecidos entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, período que ya fue cuestionado por el Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades.
“El gobierno de la época recibe a Ernesto Guevara con todos los oropeles, y cuando dicta una conferencia en el paraninfo de la Udelar las bandas fascistas que venían operando terminan asesinando al profesor Arbelio Ramírez, un militante de izquierda, si vamos a determinar una fecha, debe ser el punto de partida”, sentenció Grisoni.
Crysol recuerda en el comunicado que “miles de niños y adolescentes de la época que son familiares de ex presas y ex presos políticos no han sido reparados por el Estado hasta el momento ni son considerados víctimas de la actuación ilegítima ni del terrorismo estatal” por la Ley 18.596.
Clima de época
El periodista Víctor Bacchetta, que escribió un libro sobre el asesinato de Ramírez, explicó a la diaria que a comienzos de la década “se habían formado grupos fascistas que protagonizaban ataques a locales universitarios, a manifestaciones o actos de sindicatos y movilizaciones populares” como el MEDL o Alerta, “alentados inclusive con financiamiento de la embajada de Estados Unidos”; a diferencia de grupos que surgieron más adelante como la Juventud Uruguaya de a Pie o los Escuadrones de la Muerte. Según Bacchetta estas organizaciones tenían, además, una fuerte impronta antisemita.
La cuestión es que tras varios ataques a locales, e incluso un intento de asalto a la Universidad de la República en octubre de 1960, se dio el asesinato de Ramírez, sobre el que “no se investigó demasiado en ese momento, no se supo que hubo una investigación judicial de oficio”, a la que décadas más tarde accedió Bacchetta como parte de su investigación.
“Haciendo la reconstrucción, lo que saqué en conclusión es que el Che ya no estaba ahí”, sostuvo el periodista, en referencia a la teoría de que la bala que impactó a Ramírez estaba dirigida a Guevara. “Se produce un tiroteo entre dos grupos a ambos lados de la calle Eduardo Acevedo, frente al IAVA, y a Arbelio Ramírez, que iba a dar clases, le dan el tiro”, agregó.
Si bien no se puede probar si la bala tenía una dirección premeditada, “sí es una evidencia de la violencia política que ya estaba instalada en el país”. Asimismo, en la investigación policial, “hay declaraciones de que hubo tipos armados pertenecientes al MEDL, que tenía su sede cerca”.
Meses después, en julio de 1962, un grupo secuestró a la militante paraguaya Soledad Barrett y le grabó esvásticas en los muslos.
Domenech: el proyecto “no fue hecho pensando en nadie en particular”
“No conozco el acontecimiento”, sentenció el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech en diálogo con la diaria, por lo que prefirió no opinar sobre el cambio de fecha propuesto por Crysol, aunque manifestó que las fechas incluidas en el proyecto “las tomamos de un proyecto del primer gobierno de Tabaré Vázquez”.
Consultado sobre las críticas que recibió el proyecto -enviado por el Poder Ejecutivo pero a instancias de CA- respecto a un “sesgo” hacia quienes fueron perjudicados por grupos identificados con la izquierda, recordó que se han promulgado “leyes de reparación a otros grupos políticos”. De todas formas, aseguró que el proyecto “no fue hecho pensando en nadie en particular” y recordó que está previsto que se cree una comisión que estudie caso a caso.
Sobre lo mismo volvió el también senador cabildante Raúl Lozano, que además dijo no entender por qué Crysol “dice no estar de acuerdo con el proyecto y quieren cambiar la fecha”.
“Ellos sí han sido reparados, entonces ¿por qué no quieren reparar a otros que también fueron víctimas?”, se preguntó Lozano, y sostuvo que a su entender “la realidad es una: los grupos que hubo en este país, que robaban, asesinaban, secuestraban” buscaban “derrocar democracias e imponer un gobierno de corte totalitario y socialista” en un “mundo bipolar en el que Uruguay no era una isla”.
“Son múltiples los datos que tenemos de la realidad: niños que quedaron huérfanos y señoras viudas, es una realidad”, afirmó.