La asociación de ex presos políticos Crysol rechazó la nueva redacción del proyecto de reparación a víctimas de grupos armados entre 1965 y 1976, que acordó la semana pasada la coalición de gobierno en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. A juicio de la asociación, la propuesta presentada por el diputado colorado Ope Pasquet “constituye una afrenta a las normas de derechos humanos y una auténtica provocación a todas las víctimas del terrorismo de Estado”.

El nuevo proyecto incluye listas de víctimas que podrían hacer el reclamo de la indemnización -más de 60 entre militares, policías y civiles- y de una iniciativa anterior elaborada por Tabaré Vázquez en 2007 retoma que el monto de resarcimiento para familiares de las víctimas será de 150.000, “por única vez, por cada una de las personas fallecidas o declaradas ausentes”.

Se establece para el pago dos categorías: se abonará 100.000 dólares “a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o a sus causahabientes” y 50.000 “a quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes”. A su vez, quienes ya recibieron indemnización “sólo tendrán derecho a la diferencia entre la suma efectivamente percibida” y la que se establece ahora.

Para Crysol, esta propuesta es una “ofrenda” de la coalición a Cabildo Abierto (CA), partido promotor de la iniciativa, con la intención de que acceda a votar la reforma jubilatoria.

Para la asociación civil de ex presos políticos, el proyecto “pone de relieve que la vida de los centenares de detenidos desaparecidos y de los asesinados durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, durante la dictadura civil militar y el terrorismo de Estado, vale mucho menos que la de otros ciudadanos”.

Asimismo, se entiende que discrimina “a las decenas de ciudadanos que sufrieron lesiones gravísimas durante acciones represivas o en las salas de tortura, a los niños secuestrados y desaparecidos”, pero que no cumplen con el requisito de haber estado seis meses presos “para ser considerados víctimas del terrorismo de Estado en la Ley 18.596”. En ese marco, también se señala que “miles de niños y adolescentes de la época que eran familiares de ex presas y ex presos políticos no han sido reparados por el Estado hasta el momento” ni son considerados en la normativa mencionada anteriormente.

Si bien se entiende que es necesario que el Estado repare a los familiares de personas que fueron asesinadas en el marco de la “violencia que vivió nuestro país”, se cuestiona el período de tiempo elegido en el proyecto y se sugiere, por ejemplo, que se tome el 17 de agosto de 1961, cuando bandas armadas asesinaron al profesor Arbelio Ramírez luego de la conferencia que brindó Ernesto Che Guevara en el Paraninfo de la Universidad de la República.

Finalmente, se destaca que en “Uruguay hubo un solo demonio: el terrorismo de Estado y el fascismo desembozado” y, por lo tanto, “la democracia que hoy disfruta nuestro país no les debe nada a las Fuerzas Armadas y mucho menos a Cabildo Abierto”, sino que se trata de “una conquista popular con un enorme costo: más de 200 asesinados, casi 200 detenidos desaparecidos, más de 20.000 presos políticos, 30.000 exiliados y miles y miles de insiliados”.