Aliviar dolores, controlar náuseas y vómitos -provocados, por ejemplo, por la quimioterapia-, generar la necesidad de comer en personas inapetentes e incluso para tratar la epilepsia, entre otras cosas. Si bien no es la panacea, sí es cierto que la marihuana se puede utilizar con fines médicos. Se trata, sin embargo, de una arista que quedó relegada a un segundo plano hace diez años durante la discusión de la Ley 19.172, concentrada más que nada en la regulación del uso adulto y recreativo del cannabis.
Entre algunos decretos y otras discusiones, en febrero el Poder Ejecutivo reglamentó en parte, finalmente, la Ley 19.847 (de 2019), que habilitó el uso medicinal del cannabis. El Decreto 56/023 permitió el acceso a fórmulas magistrales, elaboradas con una composición específica dependiendo de lo que recomiende el médico.
Es natural, entonces, que dados estos avances las autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) a las que les concierne el tema hayan asistido el 11 de abril a la Comisión Especial de Adicciones de la Cámara de Diputados para explicar el estado de situación del acceso al cannabis medicinal.
Al comienzo de su presentación, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, señaló que si bien en el mundo es un tema que también comienza a explorarse, “en muchos países eso ha venido creciendo”, y entendió que “todo parece indicar que tenemos a disposición una herramienta que funciona donde otras terapéuticas han fracasado”.
De ser así, “es necesario” que se incorporen “conocimientos y aprendizajes para viabilizar la posibilidad de que las personas accedan al cannabis para uso medicinal”, agregó. Hoy en día, en Uruguay hay 19 empresas habilitadas para la producción de cannabis medicinal, explicaron las autoridades, y están habilitadas a producir medicamentos que tengan cannabidiol (CBD), el componente no psicoactivo de la planta de marihuana.
El diputado frenteamplista Luis Gallo -quien preside la comisión- cuestionó luego de la presentación de Radío que no exista “un desarrollo acorde a la inversión por trabas burocráticas, por permisos, [o] porque Salud Pública no da el permiso”, y que “cuando uno compara la cantidad de inversión con la cantidad de especies, de fármacos que hay, es poca, cara y mala”.
La inquietud de Gallo pasaba por “si hoy por hoy está más aceitado ese mecanismo a partir de que viene la inversión” de la empresa que producirá los medicamentos “en cuanto a la autorización para cultivar, para la extracción, para el secado, para el desarrollo luego en laboratorios”.
“Vivimos este proceso en el período pasado y en el anterior con las madres de niños con epilepsia refractaria, que para poder acceder al medicamento que estaba en la farmacia -que no sé si se traía de Canadá o de Estados Unidos- tenían que pagar equis cantidad de dinero”, agregó el diputado, y recordó que “había aceites en la vuelta, algunos buenos y otros generalmente muy malos”.
Por otra parte, se hizo eco de las “muy buenas intenciones de algunos cultivadores en desarrollar determinado fármaco a un costo más razonable” para que estas personas “pudieran acceder a él”, que no sería elaborado “en un laboratorio importante, sino con la seguridad que podría brindar el Ministerio de Salud Pública”.
“Me parece que trabas burocráticas no hay”, sentenció Radío en su respuesta. Entendió, por otra parte, que existen “estamentos técnicos burocráticos con un énfasis fuerte en los aspectos técnicos, que están básicamente dentro del Ministerio de Salud Pública, que no es el malo de la película, sino que es el que sabe del tema desde el punto de vista técnico”.
A continuación, tomó la palabra Carlos Lacava, coordinador del Programa Nacional de Acceso al Cannabis Medicinal y Terapéutico del MSP, y explicó que “fundamentalmente, los inversores han tenido varios problemas”, más allá de los temas burocráticos.
Si bien están estas 19 empresas habilitadas, desde el MSP tienen conocimiento de que “muchas de ellas han pedido la baja de la licencia” otorgada por el Ircca “porque no están funcionando, ya que sus negocios no han podido avanzar por diversas cuestiones, o bien porque no han tenido éxito con las cosechas y no han obtenido la calidad necesaria, o porque no han podido desarrollar los procesos de extracción o de puesta en forma farmacéutica”.
Actualmente hay “14 especialidades farmacéuticas habilitadas por el MSP” y “casi todas son con base en CBD”, aunque algunas “tienen contenido de THC [tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la marihuana], pero siempre inferior a 1%”.
La cuestión es “el manejo del dolor”, añadió a su vez Radío, algo que “notoriamente está vinculado con el uso de THC, y nosotros no tenemos medicamentos a base [exclusivamente o en gran parte] de THC hoy en Uruguay. Ese es el problema serio que tenemos”.
“De hecho, algunas de las empresas que están funcionando y que están elaborando formas farmacéuticas para el abastecimiento de plaza no están trabajando con toda su capacidad instalada”, insistió Lacava. Atado a esto, “se ha generado un mercado ilegal debido a la rapidez con que la gente está demandando las respuestas, pero que no siempre son posibles de dar”.
Lo que sucedió, explicó, es que las empresas que se instalaron lo hicieron con “una capacidad mucho mayor que la que la plaza puede absorber” y cuentan con la posibilidad de expandirse”, algo hecho adrede “pensando en la posibilidad de entrar al mercado mundial, pero esto no se ha dado, ya que, prácticamente, ninguna de las empresas que hoy está produciendo para Uruguay tiene negocios en el exterior”.
Medicina “de élite”
La ley de cannabis medicinal no sólo reguló la forma en que las empresas pueden producir y colocar en el mercado los medicamentos, sino que introduce -mediante una modificación a la Ley de Estupefacientes de 1974- la figura de la Asociación de Pacientes de Cannabis Medicinal, cuyas “condiciones y regulaciones de producción serán establecidas en una Licencia de Producción” otorgada por el Ircca y el MSP, al tiempo que “deberán contar con un médico tratante y un químico farmacéutico”.
Esta es una disposición de la ley que no ha sido regulada, aunque, al conformarse como una asociación civil, la Red de Usuarios de Cannabis Medicinal (Rucam) ya funciona según lo dispuesto por la normativa.
Su directora, Alejandra Paulis Puglia, explicó a la diaria que si bien se reguló la producción de fórmulas magistrales, “el precio no va a ser accesible” y de esta forma “seguimos por el camino de la medicina de élite en cuanto a cannabis”.
Paulis sostuvo que desde Rucam quieren “lograr como colectivo los derechos que ya tenemos individualmente”. El uso doméstico ya se encuentra regulado y “cada individuo puede plantar y usarlo como quiera dentro del hogar”, pero las asociaciones civiles vendrían a funcionar como un paraguas que “ampare a un montón de gente que necesita acceso a cannabis” en un marco donde haya un médico que recete y un químico que valide.
Con este tipo de grupos se logra tener “un cultivo único”, como hoy hacen los clubes cannábicos para uso recreativo, pero con los tratamientos subsiguientes. “El problema de producción de las empresas en realidad no nos afecta como asociación, no buscamos tener un producto de venta en ningún sitio”, sentenció.