“Lo que nos llevamos hoy es que estamos todos de acuerdo en que hay que seguir trabajando por el turismo de Uruguay”, dijo a la diaria, satisfecha, Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, al término de la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores. Acompañada por un puñado de empresarios del sector hotelero, Cantera fue el miércoles a la comisión para discutir -y apoyar- el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que pretende regular el alojamiento turístico en viviendas particulares.
La iniciativa no pretende intervenir en el vínculo entre inquilino y propietario a través de aplicaciones -como Airbnb, Booking o Mercado Libre- sino establecer un registro de las propiedades que por alquilarse de manera “habitual” y “profesional” ocasionan una “competencia desleal” en el sector hotelero. En su exposición de motivos, el proyecto sostiene que, escudándose en el concepto de “economía colaborativa”, hay dueños de propiedades que llevan a cabo “verdaderas actividades empresariales” al margen de la tributación correspondiente. Esos casos puntuales son los que pretende regular el gobierno mediante el Ministerio de Turismo (Mintur), y no “el alojamiento puntual como intercambio cultural en forma esporádica o de la persona que alquila su casa en temporada para descontar gastos de sus impuestos”.
Según Cantera, se trata de regular actividades “económicas”. “Hay lugares que están oficiando como un emprendimiento económico comercialmente, y esos emprendimientos económicos tienen que tener las mismas -o similares- regulaciones que tienen otros emprendimientos de la misma envergadura”, afirmó. Hoy una cabaña, un pequeño hotel o incluso “un edificio lleno de apartamentos” se está alquilando a través de plataformas digitales, “pero no están tributando como un hotel”, señaló en referencia a la “competencia desleal”. “Cada emprendimiento económico tiene formas de pagar sus impuestos, creemos que así debe de ser”, agregó.
La regulación que propone el proyecto tiene como base la habitualidad del uso turístico de la propiedad, reduciéndose el plazo máximo de arrendamiento por temporada de nueve a tres meses. Asimismo, el propietario titular de una vivienda con fines turísticos “debe solicitar el cambio de uso al gobierno departamental correspondiente, de acuerdo a las normas de ordenamiento territorial vigentes”. La solicitud del cambio de uso residencial a uso turístico implicaría la inscripción en un registro.
Dicho trámite, además, conlleva que cada titular propietario “o tercero administrador” de una vivienda de uso turístico tenga que presentar una declaración jurada en el Registro de Prestadores de Servicios Turísticos del Mintur; y en caso de incumplimientos podrán aplicarse sanciones previstas en la Ley de Regulación de la Actividad Turística, promulgada en 2014.
Consultada sobre los recursos y la capacidad del ministerio para controlar efectivamente el alquiler de las propiedades a través de las aplicaciones, Cantera aseguró que “hoy en día cuando hablamos de fiscalización no es como hace cinco o diez años atrás”. “Hoy fiscalizar es realmente un clic. Hay plataformas que en 30 segundos te pueden devolver quiénes son los que hoy están ofreciendo apartamentos o casas a través de una plataforma. Eso se hace con dos clics, es realmente muy rápido, no es un obstáculo para la ley”, manifestó.
Acerca de los apoyos políticos al proyecto, dado que tanto desde el oficialismo como desde la oposición han surgido críticas a la redacción del texto, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo reconoció que “hay que acercar posiciones” en el tratamiento parlamentario. Algunos senadores de la comisión, sostuvo, “tienen posiciones distinas”. “Nosotros estamos tratando de lograr que haya una regulación para las viviendas de uso turístico comerciales. Es importante discutir qué es comercio y qué no lo es, qué está dentro de la órbita civil y qué está dentro de la órbita comercial; creo que eso es parte de lo que conversamos hoy”.
El proyecto tendrá cambios
El presidente de la comisión y senador del Partido Nacional, Amín Niffouri, dijo a la diaria que el proyecto todavía está sujeto a modificaciones y comentó que la delegación de la Cámara Uruguaya de Turismo “quedó comprometida a pasar en el corto plazo modificaciones” para que el texto sea “más sencillo” y “abarque lo que realmente intenta abarcar”. Semanas atrás habían asistido a la comisión autoridades del Mintur y próximamente se coordinarán visitas con representantes de las plataformas digitales.
Antes de la Cámara Uruguaya de Turismo compareció ante la comisión un “grupo de anfitriones de alojamiento a través de plataformas digitales”, que se retiró sin hacer declaraciones. Niffouri comentó que el grupo comprende a “quienes alquilan sus lugares a través de las plataformas”, es decir, “pequeños propietarios”, que expresaron que “no quieren ser perjudicados como empresa” con la regulación que propone el proyecto. No obstante, el senador contó que “manifestaron que no tenían inconvenientes con el tema de que se generara un registro” de propietarios titulares.