El pasado 8 de junio, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la tasa de inflamables, que cobraba la Intendencia de Montevideo (IM) a la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa). El motivo del pago era por el traslado de material peligroso. En diálogo con la diaria el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, criticó que debido a la tasa se afectara “el bolsillo” de “cualquier ciudadano del país”, que debía pagar a la IM por ese concepto.
Durand comentó que el ente llevó el caso a la Justicia porque las respuestas de la IM sobre el tema “fueron negativas”. Indicó que este tipo de enfrentamientos “siempre se tratan de evitar porque debe haber un intercambio recíproco entre los organismos y ni que hablar con la Intendencia de Montevideo”. Añadió que el ente tiene otros proyectos “frenados” por “la falta de respuesta de la Intendencia”.
En cuanto a la tasa inflamable, explicó que Ancap “retenía en el precio de venta al público el porcentaje de la tasa y lo volcaba a la Intendencia”. A través de un informe, Ancap comunicaba a la IM “todos los volúmenes que salen de La Tablada. A ese volumen se le afecta un porcentaje y eso es lo que Ancap recauda del bolsillo de la gente”.
Los productos afectados por la tasa inflamable en el caso de Ancap eran “fuel oil medio, Jet a1, gasolina de aviación, gasoil 10 y 50, nafta 95 y 97, propano industrial, súper gas granel, butano desodorizado, hexano comercial, aguarrás, queroseno, disan y 1197 solvente”, indicó. En el caso de Ducsa aplicaba al “fuel oil, gasoil marino, gasoil 10 y 50 y nafta súper premium”, señaló.
Por eso, con la caída de la tasa, Durand comentó que el precio de venta al público de combustible “podría tener una reducción de 0,20 pesos” por litro, aunque aclaró que hay que “afinar el número”. De todas formas, indicó que “no importa si son 0,20 pesos, sino que esta [la tasa] era una infracción”.
También indicó los montos globales que se pagaron anualmente por la tasa inflamable en los últimos cuatro años. En 2019 fueron 568.773.174 pesos, en 2020 se pagó 486.918.684 pesos, en 2021 535.292.358 pesos, en 2022 fueron 634.926.282 pesos y en 2023, hasta mayo, fueron 188.377.645 pesos.
Sobre el momento en que se comenzará a implementar la rebaja, indicó que están evaluando cuándo se aplicará. En cuanto a los lugares donde se podría llevar a cabo explicó que serían las estaciones del sello Ducsa, que están en “el Aeropuerto, Trouville, Car One y Arapey. También está Canopus, que eran las viejas estaciones de Texaco que adquirió Ancap”. De todas formas, apuntó que “para generar un criterio igualitario, la intendencia podría considerar no aplicarlo también para los demás sellos, porque habló la Justicia”.
A causa del fallo de la SCJ, quedó abierta la posibilidad de que Ancap demande a la IM con respecto a los pagos que efectuó en el pasado por esta tasa. Sobre esto, Durand dijo que el directorio todavía no lo ha evaluado. También se refirió al tema el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, según informó a Subrayado. Indicó que van a analizar la situación con los servicios jurídicos del ente y se reunirán con la IM para “ver de qué manera podemos compensar lo que se pagó de más en el pasado, si corresponde”.
la diaria se comunicó con la IM para conocer su opinión sobre el tema, pero decidieron no hacer declaraciones.
En un comunicado emitido en la noche del jueves, la IM informó que los servicios jurídicos de la comuna “se encuentran estudiando los efectos de esa resolución” y “como no puede ser de otra manera, la Intendencia de Montevideo actuará siempre de acuerdo a la normativa vigente sin dejar de ejercer su rol de control del mejor cuidado del ambiente por parte de todos los sectores de la sociedad”.