En la tarde del martes, el Senado rechazó por mayoría la minuta que presentó la semana pasada la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), para solicitar al Poder Ejecutivo que suspenda la licitación impulsada por Ancap para asociarse con empresas privadas en la producción de pórtland y cal.
El documento, compartido por el senador frenteamplista José Nunes, a través de su cuenta de Twitter, señala que el llamado “es violatorio de lo establecido en el artículo 188 de la Constitución de la República” y entrega “en comodato” las plantas de Paysandú, Minas y Manga “por un mínimo de 40 y un máximo de 100 años”.
Durante la sesión, Nunes se explayó al respecto y explicó que “la Constitución dice que este tipo de asociaciones deberán ser aprobadas, en cada caso, por la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara”. Sin embargo, la decisión que puso en marcha “este proceso de privatización” fue tomada por una mayoría de tres personas, en un directorio que debería estar integrado por cinco, pero sólo cuenta con cuatro tras la renuncia del director propuesto por Cabildo Abierto, señaló el senador.
A la vez, Nunes destacó “la importancia que tiene la industria del cemento pórtland para la construcción, las obras públicas y la vivienda” y dijo que con lo planteado “se está comprometiendo el futuro del organismo y, por lo tanto, a las futuras administraciones”. Además, se refirió a la decisión tomada por Ancap el lunes, vinculada al plazo para la presentación de ofertas en el llamado a licitación: mientras la cita original era el 19 de julio, ahora se cambió para el 12 de setiembre. “Esto responde a una decisión comercial del organismo, pero no atiende la demanda que también están realizando los funcionarios del ente de generar una discusión”, consideró.
Otro de los senadores del FA que se expresó sobre el tema fue Mario Bergara, quien pidió la palabra y manifestó que la relevancia de acelerar el tratamiento de la minuta se debía a que desde su partido se dieron cuenta de que el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, “fijó su comparecencia dos horas después de la hora en que cerraba la licitación”, más allá de que luego se realizó el cambio de fecha.
Por otra parte, tras la votación Óscar Andrade planteó que la minuta era “de abrumador sentido común”, pues “tanto la ley de creación de Ancap, que obliga a la producción de pórtland, como el artículo 188 de la Constitución de la República, cuestionan severamente la decisión que se tomó”. De acuerdo al frenteamplista, “es de orden que el Parlamento se dé los tiempos para discutir” cuál es su posición frente a un proceso que “pone en riesgo no menos de 350 puestos de trabajo” en lugares como Treinta y Tres, Lavalleja y Paysandú. “Todos los que hemos tenido acceso al pliego sabemos que de ninguna manera recoge la obligación de la estabilidad laboral, y que una cosa es perder puestos de trabajo en zonas de alta concentración y otra es en el interior profundo”, subrayó.
Desde el oficialismo, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech afirmó que su partido no votó la minuta por la postergación de la apertura de la licitación y porque prefieren esperar a escuchar al ministro. “A nosotros nos preocupa enormemente la sucesión de contratos que se vienen celebrando a 40, 50, 60 años, que están comprometiendo actividades económicas importantes para el país por varios períodos de gobierno”, admitió. En ese sentido, aseguró que tienen “la convicción de que ese tipo de contratación debería contar con el más amplio apoyo del espectro político” y por esa razón han presentado el proyecto de ley para exigir “la aprobación de parte del Senado de todos aquellos contratos que exceden a un período de gobierno”.
Por su parte, el senador del Partido Nacional (PN) Amin Niffouri dijo que se opone a quienes califican lo que se propone como “privatización” porque no es más que “una asociación con privados de una parte del negocio de Ancap”, algo que “ya ha sucedido en todos los gobiernos anteriores”.
Por último, la frenteamplista Amanda Della Ventura apuntó que este proyecto “continúa en la línea de privatizaciones referentes a áreas del Estado” y eso “preocupa porque también implica pérdida de soberanía”. Asimismo, reiteró el planteo de Andrade y dijo que los legisladores deberían “empatizar” con los trabajadores y sus familias, porque “no se sabe qué destino van a tener y si finalmente van a quedar sin esa fuente de trabajo en lugares en donde evidentemente no es fácil conseguir trabajo”.
Mal negocio
“La discusión debe ser más amplia porque estamos hablando no solamente de fuentes laborales, sino que estamos hablando del futuro, de una riqueza estratégica del país”, consideró Natalia Belo, presidenta de la Federación Ancap (Fancap), en diálogo con la diaria. Tras varios días de conflicto, el sindicato está llevando adelante un plan de acción que ha implementado diferentes medidas, como la ocupación de la planta de La Tablada, para expandir “el apoyo y el respaldo a nivel político”.
“Hemos golpeado y seguimos golpeando absolutamente todas las puertas” porque “entendemos que [en el Parlamento] no se han hecho los suficientes cuestionamientos, tanto a la forma del procedimiento como al contenido del mismo”, explicó la presidenta de Fancap. De acuerdo a Belo, hay una “discrepancia” entre la idea que se propuso originalmente y lo que se terminó llevando a cabo, en donde se dialoga con los privados para conocer “lo que les interesa más del negocio”. “Si uno acomoda la propuesta a todo lo que quiere el comprador, difícilmente vaya a tener una buena ganancia”, opinó.
Además, Belo dijo que los socios “no van a procurar que se mejoren las plantas” y que lo único que está asegurado es “la entrega del 100% de la piedra caliza en exclusividad” por hasta 100 años. “Primero, entendemos que es inconstitucional y segundo que es un muy mal negocio y que esto no puede ocurrir a espaldas de la ciudadanía y a espaldas del Parlamento”, resaltó.