El presidente, Luis Lacalle Pou, informó este lunes que mantuvo una conversación con el presidente de OSE, Raúl Montero, a raíz de la investigación administrativa que inició el directorio -sin el voto del director del Frente Amplio, Edgardo Ortuño- por el uso de bombas de humo en la sede de OSE por parte de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), el pasado 13 de junio, cuando se conocieron las ofertas del proyecto Neptuno, y adelantó que el directorio de la empresa estatal elevará el tema a la Fiscalía.
Esta mañana, entrevistado en Desayunos Informales, el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman, había admitido que el sindicato prendió bombas de humo dentro del edificio en el marco de la movilización y dijo que como “representante” de la organización no iba a “esquivar el bulto”, pero consultado sobre si él personalmente encendió alguna, lo negó. Sin embargo, tanto la vicepresidenta de la compañía, Susana Montaner, como el propio Lacalle Pou consideraron que Kreimerman “confesó” su responsabilidad al realizar esas afirmaciones.
Frente al anuncio de que el tema llegará a la órbita judicial, FFOSE emitió un comunicado en el que afirmó que “las acusaciones que hoy se ciernen sobre FFOSE, su presidente o cualquier otro compañero o compañera, son parte de un ataque a las libertades sindicales y buscan quitar el eje de lo realmente importante”, que, al entender de la federación, es la crisis hídrica que atraviesa el país.
FFOSE recordó el motivo por el que el sindicato se movilizó el 13 de junio, que fue el rechazo a “un proceso manchado de irregularidades, donde las autoridades se han negado al diálogo”, en referencia al proyecto Neptuno, y resaltó que la apertura de los sobres se realizó “en la sala de Directorio, con las puertas bajo llave e incluso con las fuerzas represivas en las puertas del edificio”. “Desde FFOSE convocamos a movilizarnos buscando visibilizar y denunciar lo que iba a suceder ese día”, señala el comunicado.
“Hoy, desde la OSE y el gobierno, se pretende utilizar este hecho para desviar la atención en medio de una crisis del agua muy mal manejada cuyas consecuencias las sufre el pueblo”, continúa la misiva, en la que se enumera una serie de preguntas retóricas: “¿Importa más el humo que los más de 60 días sin agua potable y sin perspectivas de soluciones? ¿Importa más el humo que el Proyecto Neptuno, que compromete por 20 años un presupuesto total de 800 millones de dólares que pagará la población? ¿Importa más el humo que el hecho que en la OSE ya no queda personal ni para manejar los propios camiones que deben transportar el agua o para arreglar los caños que se rompen?”.
Finalmente, el sindicato señala que no se va “a callar” y que seguirá “defendiendo a la OSE como servicio público; a sus trabajadores y trabajadoras, y a denunciar que esta crisis del agua no la pague el pueblo”.
“Medida desproporcionada por motivos políticos”
Por su parte, el director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, escribió en Twitter: “NI BOMBA NI CORTINAS DE HUMO. Una Actividad sindical legítima. No hubo delito ni daños. No amerita más que diálogo y que no se repita. Dentro del edificio y no fuera, fue un error. Grave es la falta de agua potable, lo salado y proyectos millonarios que pueden fundir OSE”.
NI BOMBA NI CORTINAS DE HUMO. Una Actividad sindical legítima. No hubo delito ni daños. No amerita más que diálogo y que no se repita. Dentro del edificio y no fuera fue un error. Grave es la falta de agua potable, lo salado y proyectos millonarios que pueden fundir OSE.
— Edgardo Ortuño (@OrtunoEdgardo) July 10, 2023
En la argumentación del voto en contra de denunciar los hechos a Fiscalía, Ortuño expresa que “se adopta una medida desproporcionada por motivos políticos, sin fundamentos jurídicos, sin esperar las resultancias de una investigación administrativa en curso resuelta por el Directorio de OSE, a instancias del presidente de la República desconociendo la autonomía de un organismo descentralizado”.
En los argumentos, a los que accedió la diaria, Ortuño agrega que “en medio de una crisis hídrica, falta de agua potable para la población sin precedentes y el debate por la gestión privada del proyecto Neptuno Arazatí, que tendrá un costo de 800 millones de dólares que desfinancia a la empresa pública, la decisión del gobierno es apelar a aquello de ‘no hay mejor defensa que un buen ataque’ y aferrarse al error de haber activado una bomba de humo dentro del edificio, que no compartimos, para cuestionar una movilización sindical legítima que no generó daño material, humano ni impidió procedimiento alguno en el organismo”.
Ortuño añade que no se valora “adecuadamente la entidad de lo sucedido”, ya que no se registraron pérdidas materiales “ni afectación a los procedimientos que, por ejemplo, realiza el laboratorio de OSE, por lo que no existieron perjuicios para el organismo”.
Ortuño considera “un error” el uso del artefacto de humo, pero que evitar este tipo de hechos “se puede prever, prevenir y evitar en el marco del diálogo con el sindicato que habitualmente se mantiene”.
Para el director de OSE por la oposición, “no hay mérito para la denuncia por no haberse configurado delito y se procede en ese sentido exclusivamente como consecuencia de una decisión política del gobierno”. “Es una medida política que distrae la atención de los verdaderos problemas que tiene la población en relación a OSE, que son la falta de agua potable, la salinidad en el agua y la probable aprobación de proyectos cuya gestión privada por sus altos costos en millones de dólares compromete seriamente el futuro de OSE como empresa pública”.