Proyecto Neptuno

Organizaciones cuestionaron que se convocara a la instancia pese a que no se cuenta con toda la información de la iniciativa, y el Ministerio de Ambiente afirmó que, al analizar el proyecto, su trabajo no es evaluar cuál es la mejor alternativa de abastecimiento para el área metropolitana

En un ambiente tenso, se llevó adelante una de las últimas instancias de la evaluación del proyecto que busca suministrar agua a más de la mitad de la población del país y que despierta diversas críticas de la comunidad científica y la sociedad civil

Los investigadores afirman que, con los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente, es “imposible discutir con un mínimo de rigor académico los impactos ambientales” de la iniciativa; asimismo, expresan que “el análisis de calidad del agua que se pretende potabilizar es insuficiente”

Por otro lado, un reporte del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, que tiene convenio con OSE para monitorear el sitio, señala “gran variabilidad ambiental” y que, desde junio de 2021 hasta la fecha, la salinidad estuvo por encima del umbral en 141,1 días

Empresas presentaron documento final donde describen 64 “impactos potenciales negativos que requieren evaluación específica”; organizaciones socioambientales incentivan la participación durante el período de puesta de manifiesto que comienza este viernes.

OSE había planteado que los ministros del tribunal prejuzgaron y buscaba apartarlos de la causa

Los accionantes plantean que el proyecto es inconstitucional porque prevé la participación de privados en el suministro de agua potable y piden que se condene al Estado a abstenerse de firmar el contrato.

Ediles del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio votaron de forma conjunta la iniciativa y coinciden en la importancia de que el gobierno nacional escuche a quienes viven en el territorio que se verá afectado por la obra

La empresa calificó como "absurdo" disponer una medida cautelar sobre un proyecto que "ni siquiera está definido"

Los magistrados alegaron que de los argumentos presentados por la cartera “no puede extraerse circunstancia alguna que pueda afectar la imparcialidad” del juez y que “no se advierte trato discriminatorio a una de las partes”