Ana Núñez habla del “derecho a la vida plena” a la hora de habitar la ciudad. La arquitecta, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster y doctora en Ciencias Sociales y especialista en Políticas y Mercados de Suelo en América Latina por la Universidad Nacional de Colombia, dialogó con Habitar sobre las luchas posibles para disputar el derecho a la ciudad y los conflictos territoriales que condicionan el habitar de los distintos sectores sociales.
“La ciudad es una sola, la sociedad es una sola, y para poder luchar plenamente por el derecho a la ciudad creemos que hay que generar conciencia sobre cómo se está produciendo la ciudad en su conjunto y quiénes son los que se están apropiando y produciendo”, por ejemplo, las “torres de lujo”, ya que impacta “en el incremento de los precios del suelo” y, por tanto, en “la ciudad en su conjunto”, manifestó Núñez. En consecuencia, la docente explicó que se “dificulta el acceso al suelo urbanizado de los sectores populares”. Justamente, uno de los conflictos en común que evidenció que existe tanto en Argentina como en Uruguay es el acceso al suelo.
¿De qué hablamos cuando hablamos de “conflicto territorial”?
El conflicto es inherente a la sociedad capitalista, es el motor. Hay conflicto permanente que puede estar latente o puede ser explícito, y hay, por otro lado, en relación con la cuestión del habitar, las luchas silenciosas, que también forman parte del conflicto social.
¿Cuáles pueden ser en el actual contexto latinoamericano?
Son heterogéneos: en los distintos territorios emergen de distinta manera estos conflictos, tienen diversas causas y manifestaciones. Podría hablarte de los conflictos barriales al interior de mi mismo barrio, mi ciudad, luego en el país, que adquieren otra forma. Aún así, tenemos conflictos por el proceso de extractivismo, y también otros que emergen de los procesos que tienen que ver con la generación y apropiación de distintos tipos de rentas territoriales.
¿Encontrás alguna similitud de los conflictos territoriales específicamente en el entramado argentino con respecto al uruguayo?
Entre ambos países estamos tratando de conformar e institucionalizar una red sobre conflictos territoriales y derecho a la ciudad. Hay conflictos similares: el conflicto por el acceso al suelo es algo que nos caracteriza, pero algo que pudimos debatir en Uruguay es que las luchas silenciosas o conflictos silenciosos no lo tienen tan en cuenta. La metodología de abordar el conflicto también era un poco disímil. En Argentina tenemos un conflicto muy particular que pasa en Mar del Plata, que es muy complejo, y se trata de la disputa por el suelo al interior de los barrios populares. Estamos iniciando un proceso de reurbanización, y tenemos vecinas y vecinos que no quieren, entonces eso también lo llamamos disputas por el suelo, que no tienen que ver con las disputas de la clase dominante.
Hacías una vinculación con la sociedad capitalista. ¿Existen particularidades en los conflictos territoriales en América Latina?
La expropiación de los pueblos originarios, que viene con el tema de la colonización y la conquista, marca claramente una diferencia en lo que ha sido el proceso. También tenemos una especificidad en lo que ha sido en mi ciudad ese proceso, y yo lo trabajo en distintos momentos hasta llegar a hoy. Ahora hay coaliciones mundializadas, apropiación del territorio, generación y apropiación de rentas, donde claramente las luchas territoriales y contrahegemónicas por esas formas dominantes de apropiación del territorio se personifican en distintos actores sociales y dificultan establecer con claridad contra qué enemigo estamos peleando, poder discernir el tipo de capital que está operando, lo que contrasta con lo que en nuestro país ha sido siempre el modelo agroexportador, con el levantamiento con los terratenientes, por ejemplo.
Mencionaste a las luchas silenciosas del conflicto social. ¿Se entrelaza con esto que decís?
Claramente forman parte, porque yo llamo luchas silenciosas a aquellas a las que asistimos cotidianamente, por ejemplo, en las luchas por el habitar, por una vivienda adecuada en condiciones de dignidad, que a lo mejor no son explícitas, no las “vemos”.
¿Cómo se relaciona la segregación territorial y las reglas que dispone el mercado con la forma en que miramos y habitamos la ciudad?
En Argentina estamos en un momento muy difícil, particularmente con la población inquilina. Hemos tenido un proceso creciente de inquilinización de la población, y no se está pudiendo aprobar una ley de alquileres que sea favorable a la parte inquilina. Hay una fuerte presión del sector inmobiliario contra esta ley, y esto es un problema que también abona la heterogeneidad de la problemática habitacional.
Luego tenemos el tema del mercado del suelo, el de compraventa de inmuebles, tanto nuevos como usados, y tenemos una forma de producción de vivienda “de lujo” ociosa. En el último período intercensal, la intensidad de producción de este tipo de vivienda creció 132% y venimos arrastrando el problema habitacional histórico. En nuestra ciudad también hay un crecimiento de los barrios populares, pero por suerte desde 2018 tenemos una ley que ha permitido en los últimos cuatro años una política muy activa de mejoramiento de los barrios populares. En la provincia de Buenos Aires, además, tenemos la Ley 14.449, de acceso justo al hábitat, que también nos ofrece muchísimos instrumentos de gestión y movilización del suelo urbano. Tenemos estos instrumentos, pero también muchas veces el sistema burocrático, o cierta ideología, no permite la potencialidad que estas herramientas tienen para actuar e incidir en el mejoramiento habitacional.
Has escrito que el trío mercado-ciudad-Estado lleva a una pobreza de la urbanización. ¿Qué implica concretamente?
En América Latina hemos tenido una tesis hegemónica que fue la “urbanización de la pobreza”, que concebía a la ciudad como un espacio en el que la población crecía, la ciudad se expandía y los servicios nunca llegaban. Esa tesis lo que hizo fue naturalizar un proceso que no permitía ver el problema en toda su complejidad.
A modo irónico, a la inversa, acudí [al término] la “pobreza de la urbanización”, que tiene que ver con esta miopía burocrática que no nos permite liderar otros tipos de gestión, de movilización de suelo urbanizado, en la que podamos gestionar de otra manera entre los distintos actores sociales. Por eso para mí no hay una diferenciación entre Estado-ciudad-mercado, sino que la ciudad es un proceso colectivo, en el que todos nos apropiamos y la producimos de alguna manera. Al Estado lo concibo como una alianza de clases y de relaciones sociales, que muchas veces tiene a las relaciones mercantiles dentro. No hay tres esferas separadas, y una demanda a la otra, sino que interactúan.
¿Cómo se ve el derecho a la ciudad?
Por eso luchamos todos los días. Yo coordino un programa interdisciplinario que es sobre producción social del espacio tiempo y derecho a la ciudad. Nosotros trabajamos desde una perspectiva que difiere del resto de algunas concepciones del derecho a la ciudad, que a veces las conciben como gozar de los servicios, el acceso a la salud y a la educación. Para nosotros, eso está implícito en el derecho a la ciudad que acuñó Henry Lefebvre, pero va un poquito más allá y tiene que ver con el derecho a la vida plena. Implica que todos los sectores involucrados puedan tener poder de decisión sobre los procesos de apropiación y producción de la ciudad. Tiene mucha vigencia y lo trabajamos todos los días.
¿Es posible el reconocimiento de este derecho? ¿Es posible disputarlo?
Es un proceso complejo y lleva tiempo, pero todos los días hay que disputarlo. Nosotros hacemos talleres de capacitación para la formación de cooperativas, y que sean las cooperativas de obra y trabajo del mismo barrio las que puedan emprender las obras de mejoramiento. A la par, trabajamos en talleres, en lo que llamamos “escuelas de urbanización popular”, en donde trabajamos todo lo que es la normativa urbana, las leyes que están involucradas en los procesos de urbanización, cómo son estos procesos de apropiación del territorio por parte de las clases dominantes, porque para nosotros la ciudad es una sola. La sociedad es una sola.
Para luchar plenamente por el derecho a la ciudad creemos que hay que generar conciencia sobre cómo se está produciendo la ciudad en su conjunto y quiénes son los que se están apropiando y produciendo estas torres de lujo, que más allá de que están ociosas, lo que no se ve es el impacto que produce, por ejemplo, en el incremento de los precios del suelo, lo que impacta en la ciudad en su conjunto. Y eso es lo que dificulta el acceso al suelo urbanizado de los sectores populares. Entonces nosotros hacemos esta doble tensión: por un lado, trabajar muy firmemente en la mejora de las condiciones habitacionales en las que se encuentra la mayoría de la población, y por otro, generar conciencia sobre por qué se están produciendo esos procesos.
¿Cómo lograr entonces ese “derecho a la vida plena” y que quienes habitan la ciudad no sean objeto de especulación?
Requiere de un trabajo muy fuerte, porque incluso no siempre se trabaja con los sectores populares desde esta perspectiva. Muchas veces, incluso desde el ámbito académico, se los ve como objetos de intervención, y no como sujetos plenos de decisión, lo que es importante y conlleva un proceso de desalienación de los procesos. Tratamos de vincular distintos barrios populares, distintas cooperativas, trabajar en sentido amplio, incluso participamos en la Coalición Internacional de Hábitat por América Latina, y en muchas de las reuniones participan liderezas de nuestros barrios para que se puedan vincular con otras liderezas de otros barrios populares de América Latina. Para lograr ese derecho a la ciudad y tratar de generar conciencia de que es un problema global, intentemos generar alianzas que puedan potenciar justamente esta lucha latinoamericana.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.