El Frente Amplio (FA) tiene por delante la interpelación al canciller de la República, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande que precipitaron la renuncia del presidente de la delegación uruguaya en ese organismo, Carlos Albisu.
Con fecha marcada para el 3 de octubre, el lunes el Secretariado del FA recibió a quien será el miembro interpelante, el diputado Nicolás Viera, y a los exintegrantes de la delegación uruguaya en gobiernos frenteamplistas Gabriel Rodríguez Fleitas y Eduardo Bandeira. Consultado por la diaria, Viera explicó que su comparecencia se entendió “necesaria” para “hacer una puesta a punto con la dirección del FA” y “unificar información”.
La idea, explicó Viera, es, mediante la interpelación, “lograr que los dos ministros den con claridad respuesta a cosas que todavía no nos han respondido”, como, por ejemplo, cómo se ejecuta “el contralor sobre los recursos asignados a la delegación uruguaya, qué va a suceder con todos los cargos de designación directa políticos que han ingresado y cuáles son las responsabilidades políticas”.
Sobre este último punto, y con la renuncia de Albisu ya consumada, el legislador entendió que “el gobierno quiso hacerle un lavado de cara al propio gobierno con el cese de Albisu”, cuando “lo que realmente pasa es que las situaciones de irregularidad permanecen”.
“Nosotros no ejercemos el contralor parlamentario resultadista; no nos alcanza con que haya renunciado Albisu, porque tenemos indicios y elementos para decir que aquí hay responsabilidades políticas mayores”, empezando, según Viera, “por el presidente de la República, que es quien designa a los delegados políticos en la delegación uruguaya”, seguido por “[el secretario de Presidencia] Álvaro Delgado, que es el líder del sector Aire Fresco, quien tiene la mayor cantidad de militantes políticos ingresados por la ventana en Salto Grande”, acusó.
“Obviamente que esa repercusión la van a tener tanto la ministra de Economía como el canciller de la República por ser los ministerios base en esta discusión, pero en realidad las responsabilidades políticas son aún mayores”, sentenció Viera.
La inmunidad de jurisdicción
En diálogo con la diaria, Rodríguez Fleitas consideró que la “más perjudicada” como consecuencia de esta polémica es “la organización Salto Grande”, puesto que se “genera como un halo de desprestigio o de manejo no prolijo de la gestión” por una administración “que perdió las referencias” con “la excusa” de estar en “un organismo con ciertos privilegios”.
Entre estos privilegios está la “inmunidad de jurisdicción”, lo que “te hace ser un organismo que si bien pertenece a dos estados no está regido por la normativa de cada uno”, sino que “elabora su propia normativa” y ninguno puede intervenir en busca de “proteger al organismo de cualquier Estado que quiera ‘abusar’ de él”, afirmó Rodríguez Fleitas.
El exjerarca explicó que este régimen particular otorga “un estatus que uno lo puede usar en forma racional o mesurada, pero si no tiene control de su Estado, de su ministerio, de su gobierno, se le puede ir la mano, que es lo que pasó acá”, y en particular “con la gestión de los recursos humanos, donde hubo una exageración”.
En rueda de prensa, luego de la reunión del Secretariado del FA, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, recordó que “los gobiernos del FA habían institucionalizado el ingreso por concurso, por idoneidad técnica”, y en cambio la coalición “lo que hizo fue tomar las listas de los que habían participado en las listas de Germán Coutinho para [hacer] entrar a dedo”.
“Se le dice que no al [aumento presupuestal para el] Hospital de Clínicas y se financian campañas electorales encubiertas por el gobierno nacional, sin control de la ministra de Economía”, agregó Pereira; en este sentido, los exintegrantes de la delegación indicaron durante la reunión que “cuando ellos pedían partidas adicionales eran revisados de punta a punta”, según comentó Pereira, que se preguntó “dónde estuvo el Ministerio de Economía cuando se estaban haciendo estas barbaridades”, en referencia a las últimas contrataciones que están en la mira.
Esto, para Pereira, despierta otras interrogantes: “Quienes estaban con él [en referencia a Albisu] en el directorio ¿que posición tuvieron? ¿Los trabajadores que entraron por este mecanismo tienen que continuar?”. A su entender, estas respuestas son las que debe dar el gobierno, y si no responde “va a volver a cometer otro acto de falta de transparencia”.
“Porque Albisu no era sólo Papá Noel, había más Papá Noeles”, siguió Pereira, y opinó que el exjerarca dejó a “un grupo de trabajadores con un cambio de estatuto en la CTM que le da inamovilidad”; al entender de Pereira, además, debería “haber una condena del sistema político en general a las políticas clientelares de este tipo” para exigir “respuestas claras, y en la medida en que no hay respuestas claras volvemos a fortalecer la idea de que este es un gobierno que tiene más cosas para explicar que logros para mostrar”.
El proyecto de ley de Gandini
Por su parte, el senador del Partido Nacional Jorge Gandini presentó un proyecto de ley por el que pretende “extender la prohibición que establece el artículo 77 de la Constitución a aquellos que son miembros de la delegación uruguaya de Salto Grande”, es decir, ir más allá de los directores o presidentes de los entes y alcanzar al organismo binacional, de forma tal que las autoridades ya no podrían “hacer política mientras se está ocupando el lugar”.
“Si quieren ser candidatos, tienen que renunciar según los plazos que la Constitución y la ley establecen. Por ejemplo, quien quiera ser senador o diputado tiene que hacerlo a fin de octubre de este año, que es un año antes de las elecciones”, profundizó Gandini en rueda de prensa.
Ese mismo artículo constitucional indica que “por ley se pueden ampliar las personas que quedan con esa prohibición” con dos tercios de los votos en la cámara, es decir, que Gandini presenta el proyecto sabiendo “que sólo va a ser aprobado si lo vota la coalición y el Frente Amplio”.
De todas formas, el legislador reconoció que no resuelve o no da herramientas para prevenir hechos de clientelismo. “Precisamente ahí es donde me cuesta encontrar por dónde meternos sin afectar el estatuto interno”, ni incumplir el tratado que creó la CTM; en cambio, “esto lo que resuelve es que ninguno de los tres miembros uruguayos de la delegación pueda hacer política”.
De todas formas, aseguró no haber entrado en “esa etapa de las autocríticas”, aunque tendrá que hacerlo. “Tenemos al menos dos jornadas parlamentarias que nos van a llevar a escuchar también la visión del FA y las explicaciones”, puesto que se prevé que la cancillería y las delegaciones en las comisiones binacionales asistan a la Comisión de Presupuesto del Senado y luego se dará la interpelación, “así que el tema va a seguir avanzando”.
Gandini también fue consultado por la especie de “doble rol” que cumple el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, otrora secretario general de la CTM, que tiene su cargo “reservado” en el organismo. De acuerdo con el senador, en la eventualidad de que el canciller Bustillo no pueda asistir y deba ir Albertoni a la interpelación, “quizás deba eximirse de opinar y de participar porque tiene la doble condición: la de canciller en ejercicio, por lo tanto responsable, y la de funcionario sometido a jerarquía en CTM, con su cargo de reserva”.