Ya en marcha la transición, el gobierno entrante transita un proceso de evaluación, diseño e implementación de políticas públicas que le permitan atender las principales problemáticas que atañen al país. Una de ellas es –y lo ha sido desde la restauración democrática en 1985– el reconocimiento de los delitos ocurridos durante la última dictadura, así como la búsqueda del paradero de personas detenidas desaparecidas.
El grado de involucramiento de las diferentes administraciones en torno a la temática ha fluctuado con el correr del tiempo. El descubrimiento de los restos de Amelia Sanjurjo y Luis Arigón en el Batallón de Infantería 14, la concreción de casos judiciales en torno a delitos de lesa humanidad y el debate sobre el cumplimiento de las penas son tan sólo algunos de los desafíos del gabinete liderado por el presidente electo Yamandú Orsi.
De esta manera, y a pesar de que parece haber cierto grado de expectativa desde diferentes organizaciones sociales sobre lo que hará el próximo gobierno, todas coinciden en la necesidad de fortalecer las instituciones responsables y tomar una postura más proactiva en la búsqueda de verdad y justicia.
Para Crysol, es prioritario “revitalizar” la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente
Para la asociación de ex presas y ex presos políticos, Crysol, las tareas pendientes en materia de derechos humanos y pasado reciente son “varias”. Así lo dijo a la diaria su presidente, Gastón Grisoni, quien lamentó el “gran atraso” en la política de sitios de memoria durante el período de gobierno actual y denunció que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad fue “permanentemente asediada y acosada durante todos estos años”.
El presidente de Crysol identificó como prioritarios el apoyo que tanto la fiscalía como la INDDHH deberán recibir de la administración entrante. También llamó a “revitalizar” la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y así transmitir un “mensaje notorio público de involucramiento”, que identificó con la actitud del presidente electo cuando estuvo a cargo de la Intendencia de Canelones.
Asimismo, dijo tener “plena confianza” en que la futura ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, lleve adelante “un gobierno [...] con el modelo de Azucena Berrutti”, en tanto “hizo mención a ella” luego de que se anunciara su designación al frente de la cartera. “Todos sabemos el enorme papel llevado a cabo por Azucena cuando asumió como ministra de Defensa”, recordó.
En este contexto, Crysol hará entrega de un documento en el que se sugieren también “otras ideas”, como el “reforzamiento” de una INDDHH en la que las organizaciones sociales cobren “mayor protagonismo”, para así lograr “un contralor más directo” de los órganos del Estado “que son los que violan los derechos humanos”, reveló Grisoni.
También propondrán la creación de un “premio nacional a los derechos humanos” y solicitarán al gobierno electo la oficialización del 14 de marzo como el día de las y los ex presos políticos, en el que se homenajee y recuerde “el papel que llevaron a cabo miles y miles de uruguayos que, desde el año 68 en adelante, enfrentaron las medidas liberticidas”, detalló.
Grisoni reafirmó la necesidad de “llevar a cabo una ceremonia pública de reconocimiento” en la que el Estado efectúe sus “disculpas por las graves violaciones a los derechos humanos” ocurridas durante la última dictadura, “una obligación que queda pendiente desde siempre y que Crysol siempre ha venido reivindicando”, subrayó.
Aun así, dijo que habrá esperar para evaluar las “posibilidades” que tendrá el próximo gobierno para que las FFAA “dejen de ser un ente al margen de la realidad, entreguen la verdad que tienen y se comprometan a cumplir con todas las disposiciones legales vigentes”. Esto, subrayó, “implica una enorme asunción de responsabilidad”.
Nilo Patiño entiende que el gobierno deberá “reafirmar” su compromiso
Mientras tanto, Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que la postura de la asociación es clara: que “se avance en la [búsqueda de] información a los efectos de que se pueda encontrar a los detenidos desaparecidos”, algo que, recordó, “es una obligación del Estado”.
Patiño dijo no tener ninguna duda de que eso sea posible y apuntó a la “determinación” del sistema político como principal obstáculo, ya que la causa ya cuenta con “el respaldo” de “una muy buena parte de la ciudadanía”, consideró. “Lo que falta es la decisión política de decir: ‘Voy a actuar activamente en esto y me voy a hacer responsable’”, sintetizó.
En este sentido, dijo a título personal que hay un “moderado optimismo de lo que pueda pasar en función de lo que ha pasado”, al considerar también los diferentes esfuerzos llevados a cabo por las intendencias de Canelones y Montevideo en llevar adelante determinadas acciones cuando se encontraban bajo el mandato de Orsi y de la vicepresidenta electa Carolina Cosse. Sin embargo, advirtió que las responsabilidades no son las mismas una vez a cargo del gobierno nacional, por lo que los nuevos gobernantes deberán “reafirmar” su compromiso. “No basta con decir ‘Yo en el pasado colaboré en algunas cosas’”, evaluó.
Patiño consideró que, de crearse un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –un compromiso de campaña del futuro partido de gobierno– al que se le asignen las tareas de búsqueda de información, este debería tomar una postura “muy activa” y ser “punta de lanza” de dichos esfuerzos.
Asimismo, llamó a “reforzar las políticas” de la INDDHH, en donde, según entiende, las organizaciones sociales “han sido dejadas de lado”. Instó a los miembros de su dirección a darles lugar, aunque aclaró que con eso no se refiere a un “protagonismo institucional”, sino a que se les dé mayor importancia a las posturas de las organizaciones sociales.
De igual forma, lamentó que “muchas veces no se les dé ni bolilla a las resoluciones” emitidas por la institución, ya que estas no son vinculantes. Consultado sobre si entiende que el gobierno entrante debería dotarlas de mayor fuerza jurídica, Patiño recordó que “eso es un resorte del Parlamento” y dijo que, de todas maneras, el gobierno debería “actuar en conjunto” y responder a ellas.
Para Fernanda Aguirre, es imprescindible “desarrollar una política pública de persecución penal”
Por su parte, la directora del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) y secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, hizo alusión a diferentes expectativas, entre ellas, el fortalecimiento de las instituciones y el “cumplimiento de los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” por los casos Gelman y Muchachas de Abril, de los que dijo que “hay un debe”.
De forma similar a Grisoni, Aguirre hizo particular énfasis en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que “no está pudiendo dar abasto porque no cuenta con el respaldo suficiente”, además de contar con “pocos integrantes”, lo que lleva a situaciones como la “superposición de audiencias”. Es así que llamó a darle “respaldo para su fortalecimiento”.
De igual modo, la directora del OLI recordó que a pesar de que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) habilita la realización de audiencias públicas, esto no ocurre, y llamó a “buscar una forma de instrumentación” del CPP “que lo permita”, así como también su difusión. Según dijo, es importante “que la comunidad sepa cuáles son los delitos aberrantes por los que están juzgados los represores” y “cómo se diligencia la prueba”, lo que vuelve “irrefutable poder decir que esos crímenes no son meritorios de las condenas”.
En esta línea, instó a “desarrollar una política pública de persecución penal” de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, ya que en su opinión los esfuerzos en la materia “no han tenido un diseño de una política pública” acorde a su “gravedad” y “complejidad”. “Tenemos la expectativa de que esa dificultad se supere”, dijo, al tiempo que expresó la necesidad de que quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan con el término completo de su sentencia en prisión.
Aguirre recordó que durante las elecciones el observatorio remitió a los candidatos un cuestionario a modo de evaluar “qué mirada” tienen “de cómo resolver” estas y otras dificultades, algo que, se lamentó, no tuvo respuesta. Sin embargo, dijo que esperan poder intercambiar con integrantes del gobierno electo al respecto y así “contribuir” con la mirada de la organización en torno a ellas.