Si bien la idea general era no enredarse en la creación de nuevas institucionalidades, el Congreso Extraordinario del Frente Amplio (FA) aprobó el domingo que su programa de gobierno incluya la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La propuesta ya estaba en el documento elaborado por la Comisión Nacional de Programa, en el subtítulo “Convivencia pacífica, seguridad y combate a la criminalidad”. Otorga a la cartera la capacidad para “diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI”, fortalecer “la especificidad de los poderes del Estado y dotar de un mejor orden institucional a diversas competencias que hoy aparecen dispersas”.
En la comisión en la que se trató este eje se presentó una moción para eliminar la parte del texto que habla específicamente de la creación del ministerio, en la línea de no colocar este tipo de propuestas en el programa, sino detallar los cambios y hablar de prioridades institucionales, sin mencionar ministerios. Sin embargo, al llegar al plenario no se aprobó.
“Hoy en el Ministerio de Educación y Cultura hay algunas áreas como el registro de propiedad o el registro civil, que son funciones del gobierno”, ejemplificó en diálogo con la diaria el exsecretario nacional de Drogas Diego Olivera. Además de la parte registral, está “la política antilavado y la política anticorrupción, que hoy está dentro de Presidencia de la República”, que a su vez está “separada del control parlamentario directo; un legislador no puede pedir informes a Presidencia pero sí a un ministerio”.
Hoy en día, “el funcionamiento de la Justicia y la legislación que se aplica a nivel judicial no tienen un representante en el gabinete” y suelen ser temas “que se tratan desde el Ministerio del Interior”; el problema está, según Olivera, en que “es un ministerio de seguridad, porque su agenda y su actividad están básicamente abocadas a la persecución del delito, a la agenda de la inseguridad pública y a la gestión de la Policía”.
Esto no genera las condiciones para tener “una mirada sobre el derecho penal más a largo plazo”, ni “un vínculo entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía o la Defensoría Pública”. Con respecto a las críticas que se hacen sobre esta nueva institucionalidad, por entender que sería una forma de interferir en la Justicia desde el Poder Ejecutivo, Olivera señaló que “ninguna de las funciones que la Constitución le otorga al Poder Judicial se vería afectada”, sino que se busca “jerarquizar dentro del Ejecutivo el vínculo con la Justicia”, además de pensar “la legislación que aplica la Justicia y la política criminal como algo que va mucho más allá de la Policía”.
La del Ministerio de Justicia es una discusión que se reedita cada tanto. Sin ir más lejos, estuvo en el temario de la mesa interpartidaria por seguridad a la que convocó el Ministerio del Interior este año, pero el tema no llegó a integrar la lista final por la falta de acuerdos.
La idea también es responder al “consenso” que existe con respecto a que “las cárceles deberían salir del Ministerio del Interior”, pero “nunca se logró establecer de qué ministerio deberían depender”, algo que la creación de un Ministerio de Justicia “resolvería”. “Los países que tienen un Ministerio de Justicia tienen las cárceles y la formación de operadores penitenciarios” bajo esta órbita, y daría “al sistema penitenciario una tónica más fuerte de rehabilitación y no tanto de seguridad”, señaló Olivera.
En materia de justicia, en el programa también se aprobó la propuesta de crear una Defensoría General de la Nación de forma “descentralizada”, que “equipare el rango institucional que tiene la Fiscalía”, explicó Olivera.
Otras incorporaciones
Como se esperaba en la previa del Congreso, en la comisión de género la propuesta de crear un ministerio de la mujer no cosechó los votos necesarios, pero se mantuvo el párrafo que habla de “otorgar al Instituto Nacional de las Mujeres el rango jerárquico acorde con las responsabilidades institucionales asignadas por el marco jurídico nacional para una gestión funcional y presupuestal eficiente”.
La presidenta de la Comisión Nacional de Género del FA, Patricia González, contó a la diaria que además se incorporó “la perspectiva étnico-racial y la perspectiva transfeminista en todo”, y un párrafo específico “sobre los derechos de las trabajadoras sexuales”.
Por otro lado, se aprobó rebautizar el MEC como Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación, en lo que sería “un rediseño”, según la presidenta de la Comisión Nacional de Cultura de la fuerza política, Gabriela Iribarren. “El cambio de nombre lo que hace es poner a las culturas en el centro, en plural, porque la cultura es diversa”; de la mano con esto, hay que “tratar de ir incrementando progresivamente el presupuesto hacia los indicadores que establecen los organismos internacionales idóneos en la materia”, dijo a la diaria.
Además, se propone implementar “un Sistema Nacional de Cultura a espejo del Sistema Nacional Integrado de Salud”, es decir, “una optimización de toda la gran riqueza que tenemos en experiencias culturales muy diversas”, que “al ser puestas a trabajar en sistema van a generar un movimiento muy importante a nivel país”. También se prevé una ley nacional de cultura “que defina a la cultura como un derecho humano y que vea cuáles son todas las características de desarrollo”, indicó Iribarren.
El Congreso aprobó también la necesidad de financiar el Plan Nacional de Agroecología y otra moción que duplica el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda. Por otro lado, la propuesta de la corriente Izquierda y Libertad respecto de eliminar las misiones de paz no se aprobó, mientras que la de eliminar el Liceo Militar pasó al Plenario Nacional, junto a otras 16 mociones.