La violencia doméstica es uno de los tipos de violencia a las que están expuestas las mujeres y, en particular, demanda el derecho a permanecer en la vivienda o bien una alternativa habitacional. Por el contexto en el que se produce, es decir, una vivienda en la que conviven por lo menos la víctima y el agresor, la situación por lo general requiere de acciones urgentes. Sin embargo, no siempre es inmediato, en muchos casos porque las mujeres, sobre todo cuando tienen hijos, no cuentan con los medios (en la mayoría de las ocasiones, económicos) para acceder a otra vivienda.
A su vez, las respuestas del Estado no siempre son oportunas. Según la última rendición de cuentas del Ministerio del Interior sobre los femicidios y las denuncias por violencia doméstica y violencia sexual, entre enero y octubre de 2024 hubo 35.293 denuncias por violencia doméstica y asociados, y -con una muestra aleatoria- el 63% de las denuncias fueron contra parejas, exparejas o vínculos afectivos sexuales. El 70% de quienes denuncian son mujeres y, en cuanto a las respuestas, según la cartera, en el 51% de los casos se determinaron medidas de protección, en el 53% de los casos hubo presencia de niñas, niños y adolescentes, y en el 7% de los casos hubo presencia de armas de fuego.
Las respuestas que establece la norma
La ley de violencia basada en género (19.580), en el capítulo vinculado con la red de servicios de atención para mujeres en situación de violencia de género, destina algunos puntos a la vivienda. En particular, indica que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) “deberá contar con diferentes respuestas habitacionales para las mujeres en procesos de salida de situaciones de violencia basada en género, tanto para los momentos de crisis y de riesgo de vida como durante el proceso de fortalecimiento sociolaboral para contribuir a su autonomía económica”, y esto comprenderá “el alojamiento, protección y orientación a las mujeres y a sus hijos e hijas a su cargo, si los tuviere”.
La normativa también indica que el sistema público debe asegurarle a la víctima la permanencia en la vivienda, y, si se trata de programas de vivienda que requieran el pago de una cuota mensual, “se ajustarán a las posibilidades económicas de las víctimas”. Además, en casos de comodatos o arrendamientos, cuando la Justicia disponga que el titular del contrato se retire del hogar, el contrato se debe ajustar “a favor de la víctima”.
Si bien ninguno de estos puntos se reguló en el decreto (339/019) que reglamentó la ley, Inmujeres estableció una serie de respuestas habitacionales que complementaron otras que años antes instaló el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Según datos que brindó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a Habitar, las respuestas habitacionales de Inmujeres disponen “El portal” de ingreso a dispositivos 24 horas, que cuenta con un equipo especializado psicosocial y legal orientado a analizar las situaciones de mujeres mayores de 18 años con o sin hijos, con el fin de brindarles “una posible respuesta habitacional transitoria”. Por otra parte, la casa de breve estadía recibe, informa, asesora y es “un recurso para interrumpir la situación de violencia cuando las mujeres se encuentran en riesgo de vida y no cuentan con suficientes apoyos sociales y familiares”. Además, los centros de estadía transitoria alojan a las mujeres por un plazo no mayor a nueve meses y los hay en Montevideo, Tacuarembó y San Carlos. La casa de medio camino brinda apoyo a mujeres que se encuentren transitando un “proceso de salida a la situación de violencia doméstica, con un mayor grado de autonomía”. Por último, como dispositivo de emergencia se derivan víctimas a cinco hoteles.
Como prestación a largo plazo, Inmujeres cuenta con un convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y con Mevir, con el objetivo de brindar una solución habitacional transitoria: se otorga una garantía de alquiler y un subsidio por un monto de 12 unidades reajustables durante dos años, y es para las mujeres que se encuentran en proceso de salida de una situación de violencia doméstica o de trata con fines de explotación sexual. Según datos de Inmujeres de enero a setiembre de 2024, 232 mujeres con hijas e hijos a cargo han accedido a una vivienda bajo esta modalidad.
La ley de violencia basada en género (19.580) indica que el sistema público debe asegurarle a la víctima la permanencia en la vivienda y, si se trata de programas de vivienda que requieran el pago de una cuota mensual, “se ajustará a las posibilidades económicas de las víctimas”. Además, en casos de comodatos o arrendamientos, cuando la Justicia disponga que el titular del contrato se retire del hogar, el contrato se debe ajustar “a favor de la víctima”.
Salvo esta última, el resto de los servicios detallados tiene un cupo mayor a 30. Este es el límite máximo y se aplica en la casa de breve estadía, el cupo mínimo lo tiene la casa de medio camino y es de 30, y el resto de los servicios cuenta con 25 cupos.
La necesidad de ampliar y descentralizar las políticas
En diálogo con Habitar, Damaris Malán, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, de la fundación Voz de la Mujer (Colonia), y magíster en género y políticas de igualdad, expresó que es necesario descentralizar las políticas hacia todo el territorio nacional. Acceder a los servicios muchas veces para las mujeres “es difícil porque implica desarraigarse e ir a un lugar desconocido por un tiempo que no está delimitado”, agregó. Esto, sumado a que por momentos en los servicios “no hay cupos disponibles”, en este caso si bien está previsto el ingreso a los hoteles, es por unos días y en Montevideo.
“Lo que hay en algunos departamentos no alcanza y, por lo general, si una mujer está viviendo una situación de violencia en su casa, lo que se le va a ofrecer no va a ser en su departamento de residencia”, enfatizó. La centralidad montevideana de las respuestas “es un problema”, sobre todo porque “muchas se niegan a recibir ayuda, aunque estén en una situación de riesgo”. Para Malán, se necesitan más respuestas, pero también a otro tipo de situaciones, porque “muy pocas pueden cumplir con los requisitos de los subsidios”, por ejemplo.
Por último, consideró que una alternativa eficiente sería agregar servicios desde las intendencias de cada uno de los departamentos. Esto ayudaría “a optimizar los tiempos”, pero con base en un lugar que se supone que además conoce las posibilidades y las necesidades de ese territorio.
En cuanto a los convenios de las organizaciones civiles con el Mides, Malán alertó que el organismo los incumple. Hay atrasos en los pagos, no cumple en tiempo y forma y las organizaciones tienen que hacerse cargo de los gastos. Esta situación “antes era ocasional, pero en los últimos años se agudizó”, detalló.
Por su parte, Anabella Lauz y Paola Pollan, las directoras de la asociación civil Por la Integración (Plai), que gestiona por medio de convenios con Inmujeres el portal de ingreso y el centro de Tacuarembó, detallaron a Habitar que en el norte los cupos se redujeron de 25 a 12 y que el organismo expresó que eso sucedía porque se abriría un centro en Salto, algo que hasta ahora no ocurrió.
Entienden que los cupos son muy limitados porque son “cupos cama”, es decir que, si las mujeres que ingresan tienen hijos, son incluso menos de 12 las que pueden acceder al servicio. Para las directoras, es fundamental que los servicios se descentralicen porque hay zonas del interior que están muy alejadas del lugar en el que se disponen los servicios, y allí hay listas de espera, pero la violencia “no es algo que pueda esperar”.
Por último, la abogada especializada en género María Echetto agregó que es un problema que los aspectos de la ley que refieren a las soluciones habitacionales no se hayan reglamentado, porque los actores que deberían garantizar el acceso a la vivienda “no saben bien de qué forma hacerlo”, por lo tanto los programas “hacen agua”. Desde su experiencia jurídica sostuvo que los jueces “todo el tiempo” ofician al MVOT para que cumpla con una solución habitacional, “pero no la tienen para todas”. Para Echetto, acceder al subsidio de alquiler también “es complejo” porque los requisitos muchas veces son inviables. Hay años que “no se autorizan casi soluciones habitacionales” bajo este método, debido a que “la política pública no está bien ejecutada”.
En términos generales, opinó que si bien hay organismos como las cooperativas de vivienda que han trabajado en la situación de las mujeres y en todo lo que implica la vivienda en una situación de violencia, “todavía falta, sobre todo si el titular de la vivienda es el agresor”. Para la abogada, es necesario aplicar un trabajo “más comunitario” para que se comprenda la situación de la mujer dentro de la comunidad en la que vive.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.