En el primer bimestre de 2024 la seguridad pública fue, con creces, la principal preocupación de la población, según una encuesta divulgada por Factum el 16 de abril. 49% de los consultados la nombró en primer lugar y es seguida, de lejos, por el trabajo (12%) y la educación (11%). Tanto quienes dicen votar al Frente Amplio (FA) como a la coalición multicolor la colocan primera en el ranking de preocupaciones: mientras que entre los votantes del FA se lleva también 49%, entre quienes votarían a uno de los partidos del gobierno cosecha 53%.
Más allá de los resultados que arroja esta encuesta, el tema ha tenido mucho peso en la agenda pública de un tiempo a esta parte, así como también en campañas electorales anteriores, por lo que el sistema político busca poner el foco en ofrecer soluciones en esta materia.
Un artículo del semanario Búsqueda de hace unas semanas señalaba que en la interna de la coalición de izquierda se apostaba a que sus precandidatos a la interna tuvieran una discurso alineado sobre este tema, aunque, según supo la diaria, se espera que en los próximos días Carolina Cosse haga anuncios de propuestas propias al respecto, más allá de que los énfasis de cada uno estén guiados, como en otros temas de la agenda política, por las bases programáticas de la fuerza política.
Los lineamientos del FA en materia de seguridad se podrían resumir en tres aspectos fundamentales: prevención del delito y presencia del Estado en el territorio, “profesionalización” de la Policía Nacional y combate al narcotráfico, donde entran también las propuestas sobre políticas de drogas.
Los psicodélicos como “segundo escalón regulatorio”
El narcotráfico y el crimen organizado atraviesan las propuestas en seguridad del FA. Más allá de proponer acciones tendientes a mejorar los controles del lavado de activos o ajustar las penas por microtráfico en comparación con el crimen organizado, que son propuestas más sonadas en relación a este tema, hay dos o tres líneas que llaman la atención: las que hablan de “promover estrategias de regulación de los mercados” para la lucha contra el narcotráfico “teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas”.
Diego Olivera, coordinador de la Unidad Temática de Seguridad del FA, quien además fue secretario nacional de Drogas, explicó a la diaria que “se refiere a mejorar la regulación del mercado de marihuana, que se ha quedado a medio camino, y que en estos años no ha tenido ninguna innovación relevante” y existe “una cantidad de insuficiente de cannabis legal en el mercado”.
Además se evalúa “eventualmente la incorporación de otras sustancias, o la regulación legal de otras sustancias” donde ven “todo el campo de los psicodélicos como un segundo escalón regulatorio que se podría transitar”.
Por sustancias psicodélicas se entiende “hongos, LSD, psilocibina, que es el principio activo de los hongos mágicos” teniendo en cuenta “que son sustancias que tienen un potencial terapéutico muy importante, o que tienen usos rituales muy arraigados, como es el caso de la ayahuasca” y en el FA creen “que son sustancias que se podrían regular, más allá de que no constituyen en sí mercados que hoy sean violentos, o que expliquen un monto importante de criminalidad”. Si bien no está explícito en el programa, Olivera aseguró que “es algo que se conversó y que es aceptado en el contexto de quienes pensamos la reforma de la política de drogas”.
Disputar “la gobernabilidad” en el territorio al narco
Otra de las acciones definidas como “prioritarias” por el FA es la de crear un “Plan de Prevención del Delito” que sienta las bases para una política de seguridad “basada en una perspectiva de prevención, de la descriminalización de la pobreza, desprisionalización, desarme” que será trabajada “por los organismos estatales involucrados” junto a “la sociedad civil organizada, la academia, etc” y donde “las organizaciones sociales y las comunidades barriales, entre otras, tendrán participación en el desarrollo de su aplicación, contralor y evaluación”.
Olivera señaló que su visión es que “la prevención tiene que tener el mismo estatus que la represión” y la forma de hacer esto carne es “el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios donde hay mayor nivel de criminalidad y de violencia, que en general coinciden con las zonas en donde hay mayores indicadores de vulnerabilidad social” y además “hay una disputa desde la gobernabilidad en el territorio” por parte de bandas criminales.
Según Olivera, toman como ejemplo “lo que se hizo en su momento en el Plan Siete Zonas, que para nosotros debió seguirse y profundizarse en lugar de discontinuarse”, así como también al complejo Sacude, que logró “combinar la participación comunitaria” y no es sólo “el Estado aterrizando de manera totalmente ajena al territorio”. De todas formas, agregó que la idea no es hacer “una fotocopia del Sacude”, sino algo que sea “sensible a los intereses de cada lugar”.
“Profesionalización” y “humanización” de la Policía
El de la Policía Nacional es un tema que pesa en el FA y el programa le dedica varias líneas a hablar de la “profesionalización” y la “humanización” de la práctica policial tanto en la “formación inicial” como en el “ascenso y especialización” de los efectivos, que sean sostenidos en “bases científicas con un perfil distanciado de las prácticas militarizadas”, es decir, jerarquizar a quienes tengan “mejores calificaciones”.
Esto es algo que tiene que ver con que la policía “sea capaz de entender y responder a las formas en las cuales el delito se presenta en el siglo XXI”, aseguró Olivera. Es decir, “que tiene que tener un componente de investigación mucho más fuerte” y desplazar la formación “militarizada” como dice en el programa, “que es la que rigió a la policía durante mucho tiempo y es la que ahora volvió, donde lo que prima es la jerarquía y el disciplinamiento per se”.
El centro, ahora, tiene que estar para el FA en “los elementos técnicos, en comprender la realidad y en brindar un buen servicio a la sociedad” y esto tiene que ver con “los ascensos”, es decir, “que los incentivos para ascender en la policía no sean los de las vinculaciones o las relaciones personales o la confianza política, sino que sean las calificaciones profesionales”, como sucede hoy “en la carrera docente, por ejemplo”.
En otra parte del programa se propone instalar, para quienes accedan a puestos de jerarquía dentro de la policía, “un sistema efectivo para el monitoreo y la evaluación periódica de su desempeño”. Consultado sobre la aceptación que podría tener este control específico sobre la autoridad policial, Olivera señaló que esto se basa en la idea de “contrarrestar el desgobierno civil de la policía”.
“En este periodo de gobierno se instaló la idea de que las autoridades políticas tienen que trasladar la responsabilidad a la policía y darles, como en su momento dijeron, respaldo jurídico” sin que exista una presencia del “mando civil” para “la conducción de la policía, de la política criminal y la política de seguridad”, siempre “en alianza con las jerarquías policiales, que son las que tienen el conocimiento técnico”.