Luego de varios años de negociaciones, el Poder Ejecutivo dio la autorización final al gigante tecnológico Google para instalar un centro de datos en el Parque de las Ciencias, en Canelones, según informó El Observador y confirmó la diaria.
El titular del Ministerio de Ambiente (MA), Robert Bouvier, firmó la resolución ministerial el 6 de junio. De acuerdo al documento, al que accedió la diaria, “según el informe del Área Evaluación de Impacto Ambiental, de 30 de abril de 2024, analizados los documentos del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y las informaciones complementarias presentadas, se sugiere conceder la Autorización Ambiental Previa y la Autorización de Emisiones al Aire, así como aprobar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Industriales presentado”.
Obtener esta concesión era el requisito que hacía falta para que Google pudiera iniciar las obras, que a pesar de las semanas que han pasado desde la firma del documento todavía no han comenzado.
El MA advierte que esta autorización quedará sin efecto si no se inician las obras dentro del plazo de dos años “a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución”. A su vez, en el documento se establecen siete condiciones a las que la empresa está sujeta a “estricto cumplimiento”.
Los siete requisitos que deberá cumplir el centro de datos de Google
El primer punto establece que el proyecto deberá “construirse y operarse de acuerdo a lo estipulado en la totalidad de los documentos presentados”, salvo en aquellos aspectos que “contradigan las condiciones incluidas en la resolución”.
Luego, señala que la titular del proyecto deberá comunicar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), “por escrito y con antelación, la fecha de inicio de las obras del proyecto”.
El siguiente punto plantea que previo al inicio de la fase de construcción del proyecto, se deberá contar con la aprobación de la Dinacea de la “actualización del Plan de Gestión Ambiental de Construcción”, el cual debe contener, como mínimo, “programas de gestión de residuos de obra, de manejo del tránsito, de gestión de efluentes y de relacionamiento comunitario”.
Por otra parte, se exige a Google que presente en un plazo no mayor de 45 días de iniciada la operación de cada módulo del data center “los resultados y análisis del monitoreo de NPS en los receptores sensibles y el proyecto ejecutivo y cronograma de implementación de las medidas de mitigación propuestas, para su evaluación y aprobación por parte de la Dinacea”.
Otro de los puntos hace referencia a que durante la etapa de construcción “no se podrá acceder al predio, ni utilizar el camino Gonzalo Gonchi Rodríguez. El siguiente requisito apunta que “todos los registros generados por las actividades de monitoreo en la fase de operación del proyecto deberán mantenerse a disposición de la Dinacea en el lugar de ejecución del proyecto”.
Por último, el documento establece que si se constatan “impactos ambientales no previstos originalmente, se deberán establecer medidas de mitigación” y presentarlas ante la Dinacea para su evaluación y aprobación. “Toda variación que se proponga al proyecto original autorizado deberá ser comunicada a la Dinacea para su análisis y previa autorización”, agrega.
Investigador de la Udelar sobre aprobación de data center: “Una falta grave a la protección de los derechos humanos”
La construcción del centro de datos de Google generó repercusiones desde que se planteó el proyecto, y este acuerdo final no termina de conformar a los preocupados por los impactos ambientales que puede tener la construcción. “El MA aprobó la construcción haciendo caso omiso a las demandas de la ciudadanía que exigían más estudios en puntos centrales del estudio de impacto ambiental y social”, sostuvo a la diaria el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Daniel Pena, que hizo el pedido de acceso a la información pública que permitió conocer cuánta agua potable usaría el data center.
Asimismo, el experto criticó que el gobierno mantuvo la decisión oculta “por más de un mes y medio, lo que dificulta generar acciones legales de amparo (que tienen plazo de 30 días)”.
Por otra parte, Pena comentó que “en cuanto a la trazabilidad de los minerales (coltán, cobalto y tierras raras) con que se producen los procesadores que usará Google, y su posible involucramiento en casos de esclavitud, trabajo infantil y contaminación severa (denunciados por Amnistía Internacional), el MA responde que no es del alcance del proyecto”.
“Esto es una falta grave a la protección de los derechos humanos”, expresó, y advirtió que como sociedad “podemos estar siendo cómplices de cadenas productivas con trabajo esclavo, infantil y altamente contaminante”.
El investigador también señaló que el ministerio “desprecia la importancia que tendrá la emisión de 25.000 toneladas anuales de Co2 al aire para cumplir con la demanda de energía del data center”, “alegando que es poco significativo y que ya fue incluido en los acuerdos internacionales como línea de base”.
A su vez, afirmó que “estas emisiones significan un aumento de 2,7% de las emisiones por producción de energía de nuestro país, lo cual es un valor significativo a prestarle atención”. “Para tener una idea, estas emisiones equivalen a sumar 16.000 autos a nafta haciendo 10.000 kilómetros por año con un consumo de 15 km/litro”, manifestó.
El investigador también apuntó que el MA “aprueba el proyecto sin tener bien evaluados el impacto en el ruido ni las emisiones de No2 [dióxido de nitrógeno] en el aire, ni un plan de gestión de los residuos en caso de abandono. Esto incumple el ‘principio precautorio’ y, al igual que con otros megaemprendimientos como UPM2, va generando autorizaciones incompletas con falta de rigurosidad”.