El tratamiento del proyecto de ley que plantea una nueva regulación de la prisión domiciliaria está finalizando. Este miércoles, la Comisión de Constitución de Diputados recibió a la última delegación que pidió ser escuchada y ahora sólo resta la recepción de un par de informes técnicos para que la iniciativa se vote en la comisión y posteriormente en el pleno de la cámara baja.
La discusión empezó en 2021, cuando Cabildo Abierto (CA) presentó un primer proyecto que otorgaba la prisión domiciliaria, “de oficio y sin más trámites”, a las personas privadas de libertad mayores de 65 años. De inmediato, se señaló que el propósito de la iniciativa era liberar a los represores de la dictadura procesados o condenados en la cárcel de Domingo Arena.
Ante esto, el Partido Nacional (PN) elaboró una segunda versión, más abarcativa, que incorporó algunas sugerencias del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit. El texto actual, que fue aprobado en el Senado a fines del año pasado, establece que la excarcelación nunca será preceptiva y siempre será otorgada por un juez, el cual deberá asignarles “especial relevancia” a distintos elementos, entre ellos, “que el formalizado tuviera 65 años de edad o más”. La normativa vigente dispone el mecanismo desde los 70 años de edad.
Para la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que días atrás compareció ante la comisión, el proyecto actualmente en consideración tiene varios aspectos que, en su opinión, “regulan en forma muy adecuada la prisión domiciliaria”. Sin embargo, Bernardo Legnani, uno de los directores de la INDDHH, que fue postulado al organismo por el senador cabildante Guillermo Domenech –uno de los principales promotores del proyecto original–, advirtió en la comisión sobre un posible “factor de impunidad”, según consta en la versión taquigráfica.
En nombre del consejo directivo de la INDDHH, cuya postura “fue adoptada por la unanimidad de sus miembros”, Legnani señaló que, desde un enfoque del derecho internacional humanitario, “este beneficio se aplica a individuos que hubieren cometido crímenes graves en el marco de la actuación ilegítima del Estado, acaecida en el período de 1968 a 1985”. Estas personas, sostuvo, “son responsables de las más graves violaciones de derechos humanos”, y sus víctimas “están batallando desde hace más de 40 años por saber la verdad sobre el asesinato y desaparición de familiares”.
Legnani, que ocupa el puesto por CA pero aclaró en el pasado que no forma parte de ningún partido político, expresó que, “si quienes son responsables de estos crímenes no han contribuido a la verdad ni han mostrado signos de arrepentimiento, y si no median razones humanitarias, como, por ejemplo, la afección a la salud, otorgarles el beneficio propuesto en el proyecto no tiene fundamento en la normativa de derechos humanos; es más: va contra la obligación de reparar a las víctimas y puede conducir a una forma de impunidad”.
La excarcelación de estas personas, continuó Legnani, “generaría la sensación en la sociedad de que no se ha hecho justicia”. “No sería admisible que en un Estado de derecho la fórmula para la ejecución de una pena por los graves crímenes cometidos, impuesta con todas las garantías, se constituya en un factor de impunidad”, expresó.
Legnani planteó que en estos casos el beneficio de la prisión domiciliaria debería “ser hecho y decidido por el juez”, quien debería considerar distintos elementos, como “la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad” y “los efectos de su liberación domiciliaria anticipada, es decir, cuáles serían los efectos que tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”.
Un beneficio para los represores de Domingo Arena
La última delegación en pronunciarse sobre el proyecto fue Memoria en Libertad, un colectivo que nuclea a personas que fueron niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. El colectivo presentó este miércoles en la comisión un documento, al que tuvo acceso la diaria, en el que se sostiene que el proyecto “beneficiaría a más de 20 represores presos en la cárcel de Domingo Arena”, así como también a “los futuros procesados por la justicia penal”.
Memoria en Libertad sostiene que la iniciativa pretende ayudar a quienes cometieron delitos contra niños, niñas y adolescentes inocentes. “Muchos de nosotros nacimos en cautiverio después de haber sido torturados dentro del vientre materno, maltratados durante las visitas a cárceles y cuarteles, donde se nos sometió a un trato hostil y violento”, advierte el colectivo.
En caso de aprobarse el proyecto, “estos ‘pobres viejitos’, como los han llamado, responsables de cometer crímenes aberrantes, de los cuales no han mostrado arrepentimiento, contarán con la posibilidad de que se les conceda el derecho a irse a sus casas”, sostiene el colectivo.
Asimismo, Memoria en Libertad marca que “la base de una convivencia pacífica es la justicia”, de lo contrario, “no podemos pensarnos como una sociedad democrática plena”. Para el colectivo, el proyecto supone un “mensaje contradictorio” para la sociedad, dado que las autoridades “siguen sin solucionar el hacinamiento carcelario, que tiene unos 14.500 presos”. En tal sentido, se estima que actualmente hay menos de 250 personas privadas de libertad mayores de 65 años.
El proyecto se votaría a fines de agosto o principios de setiembre
La Comisión de Constitución de Diputados aguarda dos informes técnicos: uno de la Fiscalía y otro de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. En principio, el proyecto se votaría en comisión a mediados de agosto, y en el pleno de la cámara baja a fines de agosto o principios de setiembre.
El presidente de la comisión, el diputado del PN Mario Colman, señaló a la diaria que por el momento ningún partido ha presentado formalmente ningún artículo sustitutivo, por lo que el proyecto mantiene la redacción que aprobó el Senado.
Consultado sobre la posible inclusión de una “cláusula expresa” que establezca que los represores del terrorismo del Estado no podrán acceder a la prisión domiciliaria, algo que han solicitado varias organizaciones de derechos humanos, Colman dijo que por ahora “no hay ningún sustitutivo sobre la mesa que diga eso; ni que los contemple, ni que los complique, no hay nada de eso”.
Para el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, miembro de la comisión, establecer este impedimento a texto expreso “sería reventar la Constitución”. “Los principios básicos de la Constitución dicen otra cosa. En nuestra Constitución no existe el trato discriminatorio por ninguna razón. Acá estamos haciendo, como dice la Constitución, una norma general para determinadas situaciones”, afirmó a la diaria.
Aunque aclaró que la bancada de diputados del PN todavía no fijó posición, Goñi consideró que el proyecto “va a salir positivo” en la comisión con los votos del oficialismo, y sin modificaciones. “Yo estoy de acuerdo. Lo dije desde un primer momento: es un proyecto que tendría que haber salido mucho tiempo antes”, expresó.
Por su parte, el diputado frenteamplista Mariano Tucci, también integrante de la comisión, dijo a la diaria que, al igual que en el Senado, la oposición no acompañará la iniciativa por tratarse de “un proyecto de ley claramente con nombre y apellido”, que “está destinado a beneficiar a los terroristas de Estado”.
Si bien señaló que la versión actual del proyecto es “superadora” del proyecto original de CA, Tucci sostuvo que “lo que está detrás de todo este engranaje legislativo que se ha armado es la liberación de estos individuos”. Sobre el resto de las situaciones que el proyecto prevé para el otorgamiento de la prisión domiciliaria, señaló que “la mayoría ya están previstas en la legislación vigente”.