A medida que se acerca el cambio de mando, el Frente Amplio (FA) empieza a bajar a tierra el planteo de revisar algunos contenidos de la ley de urgente consideración (LUC) que aprobó este gobierno. Si bien no se menciona explícitamente, las bases programáticas del FA incluyen algunas medidas que implican dar marcha atrás a varias de las modificaciones que introdujo la LUC, y en los últimos meses, distintos referentes han expuesto cuáles entienden que son las prioridades dentro de ese corpus de artículos a reexaminar.
“El Frente se comprometió y se va a cumplir”, dijo José Carlos Mahía sobre la restitución de los consejos de educación que la LUC suprimió, entrevistado por la diaria en noviembre, antes de ser designado ministro de Educación. En la misma línea se expresó el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, también en diálogo con la diaria, al decir que “hay que revisar” la LUC y, concretamente, “los consejos en educación”.
Ahora, ya en su rol de ministro designado, Mahía recalcó que la restitución de los consejos de educación es “un compromiso de campaña del FA y que la gente lo votó, por lo que tiene respaldo ciudadano”, a lo que sumó que “en cualquier iniciativa, cambio o propuesta en materia educativa es esencial contar con el involucramiento de los actores educativos desde lo institucional”. “Ahí tenemos una diferencia con el gobierno saliente: aspiramos a que haya una participación de los docentes y los actores educativos mucho más amplia, que nos permita una mejor aplicación de las políticas públicas referidas a educación”, afirmó.
En la entrevista con la diaria, Castillo también consideró que se deberían reexaminar los cambios que la LUC hizo en materia de inclusión financiera y controles para el lavado de activos; entre otras cosas, esta norma elevó de 40.000 unidades indexadas (UI) a 1.000.000 de UI el tope máximo para transacciones en efectivo –unos 150.000 dólares–. Las bases programáticas del FA plantean “reducir los topes de transacciones bancarias” y “desestimular las transacciones en efectivo”, y distintos sectores de la fuerza política han planteado este tema como una prioridad.
Aumento de penas para adolescentes y microtráfico
En diálogo con la diaria, la senadora Silvia Nane sostuvo que de cara al comienzo del nuevo período –la fuerza política tendrá una reunión el 20 de enero para definir las prioridades legislativas y el rumbo en el primer año de la administración– se está trabajando en un análisis “del programa del FA y de la LUC, para entender qué cosas hay que mapear para el cumplimiento del programa”. Pero Nane consideró que esta revisión no se debe limitar a derogar o modificar artículos que se entiendan nocivos; a su entender, el abordaje tiene que ser “integral” e incluir en el proceso a todos los actores involucrados, más allá de los parlamentarios y los integrantes del Poder Ejecutivo.
“De repente hay cosas que necesitan mesas de diálogo”, apuntó Nane. A modo de ejemplo, señaló que “el tema de las transacciones en efectivo tiene que ser parte de un programa de fortalecimiento de todas las herramientas que tiene el país respecto de lo que se conoce habitualmente como ‘lavado de activos’”, que incluye, entre otras cosas, “el fortalecimiento institucional de la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública]”, consideró.
Otro caso que para Nane amerita una revisión en profundidad tiene que ver con el aumento de penas, fundamentalmente para el caso de los adolescentes. El capítulo sobre seguridad de la LUC, el primero de la extensa norma, incluyó un aumento de las penas para los adolescentes que infringen la ley, entre sus artículos 75 y 80. También limitó algunos mecanismos que ofrecen alternativas al encierro e incrementó las penas para el microtráfico (artículo 74).
Aunque sin mencionar expresamente ninguna norma, el programa del FA establece que promoverá “los cambios normativos para garantizar la efectiva aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de las penas por tráfico ilícito, evitando que la criminalización y rigor punitivo recaigan sobre las personas y comunidades más vulnerables”.
Para Nane, este análisis debe contemplar la institucionalidad del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y “a su vez tiene que estar enclavado en un plan nacional de infancia y adolescencia”. “Sólo mirar la LUC queda corto”, enfatizó, y agregó que una revisión del sistema de protección de infancias y adolescencias tiene que contemplar el “mal llamado” proyecto de tenencia compartida que aprobó este gobierno.
La directora del Inisa en representación del FA en este período, Andrea Venosa, coincidió en que es necesario “volver a estudiar los artículos [de la LUC] que aumentan la pena [máxima] en el caso de los adolescentes de cinco a diez años”, así como la derogación de la suspensión condicional del proceso, que, para Venosa, “servía muchísimo para casos de delitos leves que podrían trabajarse mucho más a través de medidas alternativas” al encierro, según dijo a la diaria.
Venosa afirmó que la aplicación de estos artículos se tradujo en un aumento de la población en el Inisa: “Cuando yo asumí había sólo 254 adolescentes [con medidas privativas], hoy tenemos 400”, señaló. En ese sentido, apuntó también al artículo que estableció la inaplicabilidad del régimen de semilibertad para gran parte de los delitos cometidos por adolescentes: “Eso reduce la posibilidad de que los adolescentes puedan salir en forma más temprana y con algunas herramientas, como ingresar al sistema educativo o algunas experiencias laborales”, lamentó.
Por otra parte, Nane –que asumirá la banca en el lugar de Carolina Cosse, quien presidirá la cámara alta– evaluó que “la forma en la que se hizo la LUC no permitió hacer análisis de impacto integrales, pero hoy mirás las cosas y te das cuenta del impacto que tuvo, por ejemplo, el agravante de la pena de microtráfico, que lo único que hizo fue llenar las cárceles de mujeres con gurises”. Desde este punto de vista, consideró que “cuando hay algo que está mal y vos accionás para empeorarlo, después no basta solamente con volver atrás; hay cosas en las que no alcanza con volver atrás porque el daño solamente tiende a aumentar”.
En síntesis, Nane entiende que a la hora de revisar la LUC “hay que trabajar mucho y en muchos niveles, porque las acciones que tienen que sostener un plan integral no están solamente dentro de la fuerza política, ni donde se hacen las leyes ni en quienes las implementan, que es el Poder Ejecutivo. Hay que incorporar necesariamente a la sociedad civil, organizada y no organizada”, afirmó.
El derecho de huelga
El subsecretario de Trabajo designado, Hugo Barretto, es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Desde ese rol criticó duramente el artículo 392 de la LUC, vinculado al ejercicio del derecho de huelga, en el marco del debate previo al referéndum. Ese inciso –que estuvo entre los 135 que se buscaron derogar– establece que el Estado debe garantizar “el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.
Consultado por la diaria, Barretto –que aclaró que sus opiniones son técnicas y personales y no comprometen al gobierno entrante, en tanto el tema no se ha discutido aún– dijo que mantiene su postura crítica frente a este artículo. Recordó que el argumento del gobierno anterior para impulsar esta modificación legal fue la queja que los empleadores hicieron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010 por las ocupaciones, considerando que eran ilegítimas, una queja que el organismo internacional atendió. Sin embargo, a su entender, la respuesta normativa no se ajustó debidamente a esa observación.
“Lo que hubiera correspondido, de acuerdo a la doctrina o a la opinión de la OIT, es que la LUC dijera que las ocupaciones en el ejercicio el derecho de huelga debían ser pacíficas y permitir el acceso de los no huelguistas y de los titulares de la empresa, pero la ley no dice eso, porque la huelga es un fenómeno mucho más genérico”, lo que puede llevar a “interpretaciones restrictivas” de ese derecho, explicó. “Ese es el problema de fondo. Al ser ambiguo el texto, genera la posibilidad de que se interprete restrictivamente”, enfatizó Barretto.