La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior (MI), Ana Juanche, visitó la diaria Radio y repasó los principales objetivos para el sistema penitenciario en Uruguay. Aseguró que descentralizar el organismo es “fundamental” y que en el país “no hay módulos ni unidades tomadas” por mafias.
Con el hacinamiento como “uno de los nudos críticos” y “estructurales para el sistema”, dijo que una de las primeras políticas que prevé para su gestión es “intentar reorganizar y redistribuir” entre módulos y unidades. No obstante, “la capacidad está totalmente colmada y no hay posibilidad de continuar realojando personas”, por lo que en ese sentido deberán “planificar los futuros realojamientos una vez se disponibilicen las nuevas plazas que la administración pasada comenzó a construir” y esa instancia representa “la medida más próxima” en la agenda. Según narró, será a fin de año.
Se trata de un complejo en el Penal de Libertad, con 1.290 lugares más un sector de 30 plazas para arrestos administrativos con fines de extradición. Permitirá “descomprimir” la saturación en sectores de la propia cárcel, algo que también se prevé hacer en el Comcar, en Canelones y en Las Rosas. Esas cárceles también “son insuficientes” y “hacen falta más” plazas, por lo que “va a llevar un tiempo construirlas”, adelantó.
Juanche también habló sobre lo que proyecta para el resto del quinquenio: “Entendemos que para tener una solución de fondo es necesario hacer modificaciones legales que permitan regular los niveles de encarcelamiento”, dijo e hizo referencia a una variación interanual de crecimiento constante, con unas 1.000 personas privadas de libertad adicionales por año. “Proyectamos que en 2030 la población será cercana a 20.000 personas”, advirtió, y remarcó que, “sin regular esa variable, es complejo plantear soluciones estructurales”.
“Estamos colaborando en las discusiones respecto de la necesidad de modificar cuestiones restrictivas que obturan el proceso de salida de la cárcel, la libertad anticipada o la reducción de pena por trabajo y estudio, que quedaron constreñidas”. También “debemos repensar” el sistema de medidas alternativas porque en algunos perfiles “la cárcel tiene un efecto iatrogénico” y “suele intensificar el riesgo de que vuelvan a cometer delitos”. En resumen, todo lo que sea “reducir el uso de la cárcel” para los “delitos leves y las penas breves” tiene “bastante más sentido” y son medidas “mucho más costo-eficientes”, comentó.
Por otro lado, hay acciones en marcha: adelantó que se encuentran reclasificando a la población carcelaria (por ejemplo, separar primarios de reincidentes para mitigar el “contacto criminógeno”), así como incorporaron en la ley de presupuesto dos partidas relacionadas con la oferta programática para “diversificar los gastos de funcionamiento del INR” y orientados “para desarrollar programas hacia la reinserción”.
Otro tema nodal es “la vulneración de los niveles de seguridad”, que también “genera corrupción”: “Cárceles desorganizadas y colapsadas son campo fértil para el crimen organizado, aunque podemos asegurar que no hay módulos ni unidades tomadas por facciones, como pasa en otros países”, dijo. “Sabemos que hay contacto, pero no para que cobre la forma que tiene en otros países como pasa con el PCC y el Tren de Aragua”, complementó.
También hay proyectos de ley en marcha. “Un grupo de la Prosecretaría de Presidencia está trabajando en diversas modificaciones legales al Código Penal”, adelantó, y contó que mantienen reuniones. Por otra parte, aseguró que desde el MI “tienen listo un proyecto de ley para descentralizar el INR”, que es “independiente de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. “Creemos que sería la mejor inscripción institucional, pero si no sucediera, entendemos que es fundamental descentralizar, aunque quede adscrito al MI”, afirmó. Al respecto, agregó que están a la espera de introducirlo al Parlamento “cuando se considere oportuno”. Permitiría, en palabras de la jerarca, “autonomía técnica y presupuestal para gestionar recursos de otra manera”.
El INR en el presupuesto
“En el concierto de restricción del espacio fiscal, aunque los recursos no son suficientes, el INR fue bien considerado, en el sentido de que hay dotación de personal mediante la posibilidad de incorporar 1.000 funcionarios civiles y policías escalonadamente en el quinquenio, de incorporar técnicos y de desarrollar la oferta programática, en la que tenemos mucha expectativa”, resumió Juanche.
Respecto de los reclamos sindicales por las condiciones del trabajo en contexto penitenciario, Juanche admitió: “Tiene condiciones deficientes que no pueden negarse”. “Cualquier reforma debe contemplar las demandas que levanta el personal y necesitamos avanzar hacia mejores instancias de salud ocupacional. Es uno de los contextos más desafiantes para trabajar; su preocupación es legítima”, consideró.
Sobre el conjunto de asignaciones presupuestales que se incluyen en el presupuesto destinadas al INR –más de un millón de dólares para arrendar dispositivos de monitoreo, una cifra similar para arrendar dispositivos de localización a partir de 2027 y un poco más de medio millón de dólares para la evaluación de programas destinados a la reinserción social–, Juanche dijo que “pueden marcar un cambio y generar un primer punto de partida”, sobre todo para “el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas”, un organismo “donde se juega el partido de la legitimidad de estas medidas” y la “posibilidad de reducir los niveles de encarcelamiento”. “En tanto no tengamos un buen sistema fortalecido y que cumpla con la supervisión de estas medidas, tanto el sistema penal como la comunidad en general continuarán reticentes sobre la posibilidad de extender su uso”, comentó.
Por otro lado, en el trabajo a la interna de las cárceles, también se refirió a las metas del organismo “en la ampliación de la cobertura y la diversificación de las propuestas socioeducativas y laborales”, así como otras de índole personal. En ese sentido, Juanche indicó que mantiene un diálogo fluido con Inefop, UTU y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas para “desarrollar el plan de incentivos a las empresas que trabajen dentro de la privación de libertad” y “fortalecer la propuesta educativa y de formación laboral con más cupos para finalizar el ciclo básico abreviado”.
También existen “programas para trabajar los riesgos criminógenos asociados a la conducta delictiva”, por lo que prevén trabajar “en el control de la ira, el estilo de pensamiento, las actitudes” y, finalmente, “producir cambios sustantivos en cómo las personas toman decisiones vinculadas con su vida más inmediata”. Para lo anterior se necesitan “programas de tratamientos y centrados en el uso problemático de drogas”, por lo que están trabajando junto con el Ministerio de Salud Pública, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Junta Nacional de Drogas para “la concreción del compromiso de gobierno para instalar 30 dispositivos para la atención al uso de drogas, en la detección temprana, en dispositivos residenciales y ambulatorios”, listó.
“Es una meta sustantiva y queremos atender a unas 1.000 personas con respuestas concretas”, dijo, al tiempo que aclaró que “el 40% de la población desarrolla tareas educativas, laborales o ambas”, pero el objetivo “es llevarlo, por lo menos, al 60%”. “La educación y el trabajo son necesarios, pero no suficientes; además hay que trabajar en modificar su relación con las sustancias, para que puedan tomar mejores decisiones y modifiquen sus actitudes procriminales”, finalizó.