A última hora del domingo, cuatro días después del anuncio por parte del gobierno, el senador del Partido Colorado (PC) y líder del sector Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, se expresó por primera vez sobre la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrulleros oceánicos para la Armada uruguaya.
A través de un posteo en X, Bordaberry consideró que el contrato firmado entre la empresa española y la anterior administración por un monto total de 82 millones de euros “adquirió ribetes más políticos que jurídicos”. No obstante, sostuvo que este tema “conviene examinarlo desde una perspectiva legal, prescindiendo de valoraciones partidarias”.
El senador colorado señaló que el contrato contiene algunas “obligaciones accesorias”, como “la constitución de dos garantías: una para respaldar el adelanto del pago y otra de cumplimiento del contrato”.
“Un punto crucial –ignorado en el debate público– es que el contrato comienza a regir solo una vez cumplidas determinadas condiciones, entre ellas la aceptación de las garantías. Ese acto jurídico ya ocurrió: Cardama presentó las garantías y el Estado uruguayo las aceptó expresamente. A partir de allí, se efectuaron pagos, se inició la construcción de las embarcaciones y se realizaron inspecciones”, repasó Bordaberry. En este punto, resaltó, “el contrato estaba en plena ejecución”.
Luego, “una de las garantías venció” y, “en lugar de exigir su renovación, el Estado decidió ejecutarla”. “Al hacerlo, encontró irregularidades: una dirección incorrecta y una entidad emisora en liquidación”, señaló el legislador del PC, en referencia a las múltiples irregularidades vinculadas a la empresa EuroCommerce que fueron señaladas por el gobierno y que ya ameritaron una denuncia penal.
Si bien dijo que sobre la denuncia penal presentada por el Poder Ejecutivo “cabe cautela”, Bordaberry advirtió que, “si la objeción radica en la aceptación previa de una garantía defectuosa, ello compromete al propio Estado”. “Resulta jurídicamente discutible rescindir un contrato alegando la invalidez de una garantía ya aceptada”, afirmó.
“En materia contractual, las obligaciones asumidas por el Estado trascienden los cambios de gobierno: la persona jurídica es la misma. La aceptación de la garantía por parte de una administración anterior obliga a la siguiente, salvo prueba de dolo o fraude. Invocar el error propio como causal de rescisión vulnera el principio de buena fe contractual”, subrayó el senador colorado.
Según Bordaberry, el gobierno uruguayo “debió intimar al contratista a sustituir la garantía antes de declarar la rescisión”. Al no hacer esto, se expuso al país a “un juicio millonario por daños y perjuicios”.
“Se actuó con precipitación –conferencia de prensa, denuncia penal, anuncio de rescisión– sin agotar las vías jurídicas previas”, afirmó el senador colorado. Y auguró: “El resultado será otro litigio internacional largo y costoso, que terminará resolviéndose bajo otro gobierno, con cargo al erario público”.