El Senado aprobó la descentralización de la Defensoría Pública

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Mientras la Cámara de Diputados continúa con sus jornadas maratónicas para tratar el proyecto de ley de presupuesto, la cámara alta no se quedó atrás este martes, en lo que fue una agitada jornada parlamentaria. El plenario del Senado comenzó con la despedida de Luis Alberto Heber, legislador del Partido Nacional durante los últimos 40 años, y continuó con la votación del proyecto de ley que transforma la Defensa Pública en un servicio descentralizado, independizándola de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La descentralización de la Defensoría Pública fue aprobada por 29 votos en 30, y no estuvo exenta de debate. El senador que no acompañó la iniciativa fue el nacionalista Carlos Camy, quien fundamentó su voto contrario en la “convicción de que esto afecta la constitucionalidad por invadir la esfera de la Suprema Corte de Justicia”. El proyecto será remitido ahora a la Cámara de Diputados, donde ya se advierte que podría haber modificaciones en los puntos que generaron mayor discusión.

Las barras del recinto de la Cámara de Senadores recibieron a cerca de 100 defensores públicos de todo el país, que realizaron un paro en esta jornada para acompañar el tratamiento “de un proyecto de reclamo endémico”, sostuvo el senador colorado Andrés Ojeda al comenzar su intervención como miembro informante. Los senadores destacaron el trabajo realizado en comisión, que “recibió la opinión de todos”, y que culminó con la aprobación del proyecto: “La frutillita de la torta” después de años de trabajo, dijo la senadora oficialista Liliam Kechichian. Asimismo, valoraron el amplio consenso político alcanzado.

El proyecto, que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación, le otorga personería jurídica a la Defensa Pública del Uruguay, que “tendrá independencia técnica en el ejercicio de sus funciones y se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura”. La Defensa Pública “tiene como objetivo primordial proveer de asistencia y representación jurídica a las personas en el ejercicio de sus derechos, brindar una defensa de calidad y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, promoviendo la aplicación del debido proceso en el ámbito de su competencia”.

En Uruguay hay 317 defensores públicos, quienes, en 2023, asistieron a 233.000 personas y participaron en 125.774 audiencias, según cifras traídas al debate por la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira. Los legisladores reconocieron que, más allá de la descentralización del servicio, hay “mucho que hacer” sobre las demandas de los defensores públicos en torno a la falta de recursos humanos y materiales, la sobrecarga laboral y ausencia de condiciones dignas de trabajo. En palabras de la senadora blanca Graciela Bianchi, la Defensoría “quedó siempre como la pariente pobre del sistema judicial, porque atienden a los que no tienen recursos”. El senador colorado Pedro Bordaberry, por su parte, apuntó que “el momento de la verdad de si uno apoya estos proyectos es si les da el presupuesto para funcionar”.

El senador Ojeda señaló que la dependencia de la Defensoría respecto de la SCJ “resulta claramente incompatible” con su misión, dado que “no es ni deseable ni jurídicamente sano que el órgano encargado de juzgar sea, al mismo tiempo, el que organiza y supervisa a quienes deben defender a los ciudadanos frente a su propio poder”. En cambio, su descentralización permite “garantizar que cada parte del sistema de justicia cumpla su rol sin interferencia que el juez juzgue, que el fiscal ajuste y que el defensor defienda a todos con su propia independencia técnica”, sostuvo Ojeda, quien acotó que el cambio “responde a una tendencia regional y global plenamente consolidada”.

Los cuestionamientos de la Suprema Corte de Justicia y planteos de inconstitucionalidad

Desde la primera intervención, se introdujo en el debate los reparos que la SCJ manifestó a través de una nota remitida a la comisión, en la que alertó sobre “graves perjuicios institucionales y económicos al Poder Judicial”, así como inconstitucionalidades, y advirtió que podría recurrir a “acciones legales que estime pertinentes en defensa de sus derechos”.

Varios senadores manifestaron sorpresa y preocupación por la nota de la SCJ, consignada por el semanario Búsqueda –medio por el cual algunos legisladores tomaron conocimiento en primera instancia–, al entender que se vertieron opiniones que no fueron sostenidas durante la comparecencia ante la comisión. El senador del Frente Amplio Nicolás Viera sostuvo que el proyecto “está naciendo con una espada de Damocles, fruto de la opinión pública de la Suprema Corte de Justicia”. “No es la forma en que dos poderes del Estado deben vincularse”, acotó el legislador. Sus correligionarios, Kechichian y Sebastián Sabini, expresaron que sintieron “amenazante” la nota de la SCJ. Este último señaló que “el Parlamento no legisla presionado”.

La preocupación por no afectar las competencias que la Constitución atribuye al Poder Judicial en su artículo 239 fue el tema que ocupó gran parte de la discusión en la comisión. Uno de los artículos más debatidos, en ese sentido, fue el 10, literal L, que establece el sistema de designación de defensores públicos e indica que se deberá presentar ante la SCJ el listado de defensores públicos designados, a partir de un proceso de concurso. En tanto, el numeral 2 del artículo 239 faculta a la SCJ a “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los tribunales, juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, y el 6 a “nombrar a los defensores de oficio permanentes y a los jueces de Paz por mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte de Justicia”. “Si a mí me dicen ‘vos tenés la facultad de nombrar, pero vas a nombrar al que yo te diga’, me estás quitando mi facultad de nombrar. Es evidente”, consideró Bordaberry, y acotó que se trata de una “suerte de Frankenstein, con cosas de servicio descentralizado y cosas de la Suprema Corte de Justicia”.

“La Constitución tiene un problema para este proyecto, o este proyecto tiene un problema con la Constitución, que ha sido lo que nos ha desvelado durante sesiones enteras”, sostuvo Bianchi. Subrayó que se buscó conciliar el artículo 239 “con la necesidad imperiosa de que la Defensoría Pública se convierta en un pilar fundamental de todo el sistema de administración de justicia”. “Tenemos todos dudas con el 239; la única manera de no tener dudas es modificar la Constitución. ¿Alguien está dispuesto a hacer una reforma constitucional para derogar el 239?”, aseveró Bianchi.

Pese a su apoyo a la normativa, el senador Bordaberry –que “rompió una lanza por toda la Justicia de Uruguay”– afirmó: “No estamos haciendo la mejor ley”, y advirtió en su intervención por problemas a los “que debiéramos dedicar el tiempo suficiente”, y que, ahora, deberían “ser objeto de mayor afinamiento en la Cámara de Diputados”. El nacionalista Camy, por su parte, consideró que el “camino podría haber sido profundizar el trabajo” en la cámara alta.

Por el contrario, la frenteamplista Kechichian sostuvo que, luego de todo el trabajo de la comisión, “se concluyó que esta norma aprueba la prueba de constitucionalidad”. “Es una legislación de calidad meditada, no es una legislación hecha a las apuradas, con el tiempo que exige una legislación de esta envergadura”, afirmó.

El problema en torno a los bienes de la Suprema Corte

Durante su concurrencia a la comisión, la SCJ, según consta en la versión taquigráfica, rechazó expedirse sobre el conflicto de constitucionalidad del proyecto, dado que el ente “no tiene un rol de control preventivo de la constitucionalidad de los proyectos de ley”, sino que su función es la “interpretación de la Constitución y la resolución de controversias judiciales, incluyendo aquellas que puedan surgir sobre la constitucionalidad de las leyes ya existentes”, explicó su presidente, John Pérez.

En cambio, la SCJ sí expresó su preocupación –como en la nota– sobre el artículo 11, que establece que el patrimonio de la Defensa Pública se compondrá de todos los bienes muebles, inmuebles y derechos de cualquier naturaleza de los que sea titular el Poder Judicial para el funcionamiento de la Defensa Pública. Asimismo, se dispone que la SCJ realizará una lista de los bienes comprendidos para transferir al servicio descentralizado.

En la nota enviada a la comisión, la SCJ afirmó que la iniciativa “afecta directamente la economía del Poder Judicial, ya de por sí extremadamente limitada, privándola de bienes que han sido adquiridos, mantenidos y mejorados a lo largo de los años con ahorros significativos y reasignaciones internas, muchas veces en detrimento de necesidades igualmente relevantes”.

Para “evitar problemas a futuro”, señaló la senadora Constanza Moreira, se corrigió el artículo 11 a fin de incorporar que “la efectiva incorporación” de los bienes “estará condicionada a una resolución previa de la Suprema Corte de Justicia, la que, fundada en criterios de utilidad para el servicio, individualizará concretamente cada uno de los bienes cuya titularidad será transferida”.

Respecto del patrimonio y los bienes, Bordaberry aseveró que la aprobada es “una norma diabólica”, tal como está redactada. El senador colorado cuestionó el mencionado agregado al artículo 11, al tener en cuenta que la SCJ “nos está diciendo: ‘Miren que hay bienes que yo estoy usando y también comparto el uso con la Defensoría’”. Consideró que se debería “ser un poquito más concretos en esta solución: pedir un listado de bienes, ver cuáles son, hablar del presupuesto”.

La senadora Moreira acotó que “los bienes patrimoniales no pueden obstar para que nosotros logremos la independencia de la defensa pública”. Además, apuntó que “el Estado tiene que funcionar cooperativamente a nivel de todas sus dependencias” para “garantizar la defensa de los más vulnerables”. “No podemos ir a una disputa entre partes que componen un mismo sistema que tiene ese objetivo último”, afirmó. En esa línea, Ojeda aseguró que “no hay ningún recurso ni ningún bien material que pueda ser obstáculo para que esto se concrete”, y abrió la puerta a que la Cámara de Diputados revise eventualmente la solución a la que se llegó en cuanto a los bienes.