La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, envió un informe a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que responde a las preguntas planteadas por diputados de la oposición, tras la comparecencia de la ministra en el Parlamento el 22 de setiembre, en la que presentó el presupuesto asignado a la cartera.
El proyecto prevé la posibilidad de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) fiscalice y cobre multas de tránsito en las rutas nacionales. Ante esto, el diputado nacionalista Juan José Olaizola consultó sobre cómo se implementará el control para la aplicación de las multas, ya que el Ministerio del Interior tiene competencia en esta materia.
Etcheverry respondió que la fiscalización será electrónica y estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del ministerio, y que el Ministerio del Interior actuará en puntos distintos de la red vial nacional mediante una coordinación entre ambas instituciones. “La fiscalización de infracciones de tránsito en rutas nacionales es una competencia concurrente entre el MTOP e Interior”, manifestó.
También se planteó la ampliación del alcance de las multas, concretamente, por cruces con luz roja y adelantamientos en zonas prohibidas. Estas conductas son “de las más severas, debido a que los siniestros frontales y frontolaterales redundan en una alta probabilidad de fallecidos o heridos graves”, explicó la ministra.
Según el Ministerio del Interior, en 2024 los siniestros frontales y frontolaterales en rutas nacionales fueron un 31% del total de siniestros con víctimas y un 37% de los siniestros graves y fatales. Además, se analizaron 79 intersecciones semaforizadas –considerando un radio de influencia de 300 metros alrededor del cruce– y se constató que un 11% de los siniestros graves y fatales registrados ocurrieron en toda la red vial nacional.
Por su parte, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gúrméndez le preguntó a la ministra si esta nueva medida podría responder a “un afán recaudatorio o realmente a una preocupación por la siniestralidad”. Etcheverry respondió que la medida se enmarca en la estrategia del Enfoque de Sistema Seguro, cuyo cometido es la implementación de sistemas de fiscalización. Este sistema “es el empleado a nivel mundial para la reducción de la siniestralidad, apuntando al cumplimiento del Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, al que Uruguay adhiere a través de la Ley 20.118, con el objetivo de reducir en un 50% los siniestros de tránsito graves y fatales”, acotó.
Además, la ministra citó al Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), cuyos estudios revelaron que las cámaras de fiscalización de luz roja reducen un 21% los siniestros fatales ocasionados por conductores que cruzan con luz roja, y un 14% del total de siniestros fatales ocurridos en intersecciones semaforizadas. “La instalación de este tipo de dispositivos permitió reducir los siniestros frontolaterales en un 32%, y aquellos con lesionados en un 68 %”, señaló en el documento.
El proyecto establece que la recaudación de las multas será destinada a la ejecución de obras de infraestructura vial y que los fondos serán transferidos al cesionario. Los montos de las infracciones están previstos en el Reglamento Nacional de Circulación Vial (aprobado por el Decreto 118/984) y en el Decreto 303/023 (cruce con luz roja –código 15.4– y adelantamiento en zonas prohibidas –código 14.6–), según el informe.
Por otra parte, el documento también trata sobre la creación de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano ante la consulta del legislador colorado Conrado Rodríguez.
Será una entidad que estará fuera de la órbita del derecho administrativo y del derecho público. Para Etcheverry, la propuesta es “clave para la integración entre las líneas troncales y locales de todos los subsistemas que se conecten, de modo de asegurar accesibilidad al pasajero y tiempos de viaje razonables”.
Para fundamentar la iniciativa de la agencia, la cartera analizó propuestas basadas en experiencias europeas con resultados positivos entre 1959 y 2000. Sin embargo, Etcheverry aclaró que “no estamos para copiar la experiencia internacional”.
También mencionó ejemplos de los gobiernos departamentales y señaló que el proceso finalizó con un consorcio y la aprobación de las juntas departamentales en 2010.
Rodríguez preguntó cómo se financiará esta nueva agencia, a lo que la ministra respondió que eso está contemplado en el proyecto de presupuesto. La financiación provendrá de partidas presupuestales asignadas, herencias, legados y donaciones, así como de los valores, bienes y fondos que se le asignen a cualquier título.