El Poder Ejecutivo resolvió eliminar la posibilidad de que las empresas de la industria tabacalera accedan a los beneficios impositivos previstos en la Ley de Promoción de Inversiones (16.906). La prohibición supone dar marcha atrás a un cambio que había sido introducido por la anterior administración en setiembre de 2020.
En aquel entonces, en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou implementó un conjunto de modificaciones a la Ley de Promoción de Inversiones, con el propósito de “generar un efecto positivo significativo sobre el valor agregado de la economía”. A través del Decreto 268/020, todavía vigente, se revisó la metodología de evaluación de los proyectos de inversión, “otorgando énfasis a la generación de empleo”.
En ese mismo decreto, además, el gobierno pasado quitó la prohibición que regía para las empresas de la industria tabacalera que había dispuesto, en 2018, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En el Decreto 143/018, firmado por el expresidente frenteamplista, se establecía que los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado no podían recibir los beneficios impositivos previstos en la Ley de Promoción de Inversiones. Y se agregaba a texto expreso: “No podrán ampararse al presente régimen las empresas de la industria tabacalera”.
Esto último fue borrado por el decreto del gobierno de Lacalle Pou, en el que sí se mantuvo el impedimento para los entes autónomos y servicios descentralizados. En su momento, desde el Frente Amplio se denunció que este cambio “se hizo bajo el radar”, ya que en la nueva reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones no hay ningún fundamento específico para dicha modificación.
En el decreto firmado recientemente por el presidente de la República, Yamandú Orsi, se establece que, “por razones de orden público”, las empresas de la industria tabacalera “no podrán ampararse” en los beneficios impositivos que prevé la Ley de Promoción de Inversiones. “Los proyectos de inversión presentados por dichas empresas solicitando la declaratoria promocional, así como las ampliaciones de los mismos, que tengan pendiente la resolución correspondiente, no podrán ser declarados promovidos”, se detalla en el decreto.
El Poder Ejecutivo sostiene que la reinstalación de la prohibición va “en línea con los objetivos perseguidos” en la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo (18.256), promulgada en el primer gobierno de Vázquez, que tiene como cometido central “proteger a los habitantes del país de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”.
Además de la de Orsi, el nuevo decreto lleva la firma de cuatro ministros: Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca). También figura la rúbrica de la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram.
La reciente resolución del Poder Ejecutivo se suma a la derogación de otros dos decretos firmados por Lacalle Pou que también flexibilizaron la política antitabaco instrumentada durante los gobiernos frenteamplistas. A principios de junio, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la derogación simultánea de los decretos 87/021 y 282/022.
El primero habilitaba la comercialización de dispositivos electrónicos de tabaco (vapeo), mientras que el segundo disponía nuevas normas para el empaquetado y el etiquetado de cigarrillos, bajo el argumento de que la legislación hasta entonces vigente establecía “limitaciones” para el mercado formal “frente a la fuerte competencia del cigarrillo de contrabando”.