La semana próxima ingresa al Senado el proyecto de presupuesto quinquenal y, en paralelo, los actores del gobierno siguen dialogando con la militancia frenteamplista para su explicación y defensa. En esa línea, en la noche deL martes en la sede de Fuerza Renovadora, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Gustavo González, expusieron sobre una de las partes más controvertidas de la propuesta del Ejecutivo: la “estrategia fiscal”.
En términos generales, Vallcorba se refirió al resultado de la etapa de discusión en Diputados. Subrayó que ante “una situación inédita”, donde no se contaba con mayorías propias, se logró la aprobación de un proyecto sobre el que se hace “una evaluación ampliamente satisfactoria”. “Lo que es el corazón del presupuesto, y en particular la estrategia fiscal, fue aprobada tal como fue propuesta desde el Ejecutivo”, remarcó el economista.
Recordó que la estrategia fiscal fue pensada “al servicio” de los cuatro principales objetivos planteados por el gobierno: consolidar la estabilidad macroeconómica, acelerar el crecimiento económico, focalizar la matriz de protección social y mejorar la seguridad ciudadana. En ese contexto, remarcó que también fue necesario tener en cuenta para su diseño la existencia de “un resultado fiscal que es complejo”.
Vallcorba remarcó que en el presupuesto se dejó constancia de que la “mejora de la situación (fiscal) reposa en el aumento de los ingresos” y no en “una reducción del gasto”. Para mejorar los ingresos, el subsecretario de Economía destacó el peso del crecimiento económico, y al mismo tiempo recordó la inclusión en el presupuesto de “un conjunto de medidas que apuntan a mejorar la recaudación”.
Detalló que estas, por un lado, tienen que ver con “mejora de la eficiencia recaudatoria de la DGI”, y por el otro, con las discutidas “modificaciones tributarias”. El jerarca explicó que por ambos canales se espera una mejora de los ingresos para el periodo del orden de los 1.200 millones de dólares, 600 de ellos explicados por la mejora de eficiencia de la DGI y la misma cifra por los cambios impositivos.
El desafío de la eficiencia de la DGI
Por su parte, el director de la DGI brindó detalles sobre su estrategia de eficiencia recaudatoria. Remarcó que “disminuir la evasión no pasa por combatir evasores, es cambiar la cultura tributaria de la sociedad”. En esta línea, planteó que el modelo actual de la dirección “pone foco” en “controlar los incumplimientos”, pero a su entender la importancia está en “gestionar el cumplimiento”.
“Controlar el incumplimiento implica por definición que tengo que esperar que los incumplimientos ocurran para corregirlos”, explicó González. En tanto, remarcó que su idea es “precisamente la contraria”, dado que tiene que ver con que “los incumplimientos no ocurran” a través de un “sistema de incentivos para los contribuyentes” u otros “cambios que generen efectos permanentes” en el vínculo con la recaudación impositiva.
El director de la DGI recordó que el 98% de lo que recauda la dirección lo hace por “cumplimiento voluntario”. De todas formas, reconoció que los “controles generan impacto en la conducta y mejoran el cumplimiento voluntario”.
González se refirió a no solamente “trabajar para combatir el delito de fraude fiscal” —algo que consideró una “prioridad”—, sino también “trabajar en otras causas” como el olvido, la falta de información, comprensión o solvencia por parte de los contribuyentes. Paralelamente, adelantó que a la interna de la DGI se trabaja en la implementación de un nuevo “modelo de gestión de cumplimiento” que implicará para su establecimiento un proceso de dos años y medio. Esto tiene que ver con “cambios en los procesos e instalación de procesos nuevos”, así como también con la “simplificación y eliminación de trámites”.
A corto plazo, el director de la DGI se refirió a la realización de “acciones coordinadas que apuntan a resolver distintos problemas específicos” a través de “acciones comunicacionales, de difusión o personalizadas”. Asimismo, reconoció la posibilidad en este periodo de “controles o ajustes normativos” a través de resoluciones o decretos.
El levantamiento del secreto bancario
El levantamiento del secreto bancario a pedido de la DGI fue uno de los artículos del proyecto de presupuesto que no logró los apoyos suficientes para su aprobación en Diputados. En ese sentido, se ha abierto la posibilidad por parte del oficialismo de poder reincorporarlo en el Senado. Sin embargo, desde la oposición han aparecido algunas voces, como la del diputado nacionalista Pablo Abdala, que señalan que “la eficiencia tributaria proclamada por el gobierno depende de la aprobación de ese superpoder”.
Consultado por la diaria, el director de la DGI afirmó que la aprobación en el proyecto de presupuesto del levantamiento del secreto bancario por pedido de la DGI “no impacta en lo comprometido” por el gobierno en materia de eficiencia en recaudación (600 millones de dólares).
González reconoció que sí “es una limitación”, porque más allá del estudio de los casos específicos —sobre los que recaen sospechas—, la posibilidad de trabajar con la herramienta sirve para el estudio de la “casuística”, lo que en el “largo plazo” podría colaborar en la toma de decisiones que podrían mejorar la eficiencia recaudatoria.
De todas formas, dejó claro que, más allá de la lectura que se puede hacer desde la DGI, aparece “otro capítulo” relativo al “impacto general” que puede tener la no aprobación por ser una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Más allá de los dichos del jerarca, desde la bancada de senadores oficialista también se le ha bajado el perfil a la reincorporación de este artículo. Eduardo Brenta dijo en rueda de prensa que ya no se maneja como “prioridad”, al igual que lo que tiene que ver con la modificación de la Ley Cristal.
“El Ejecutivo nos ha planteado claramente que si no hay posibilidad, o si esto arriesga la aprobación del presupuesto, obviamente no hay una urgencia en la aprobación de estas normas”, señaló el legislador frenteamplista. Asimismo, el colorado Pedro Bordaberry llamó a “mirar lo que nos pide la OCDE”. Puntualizó que “no pide sacar al juez del proceso” ni tampoco dice que “no haya que notificar” al investigado, sino que pide la “notificación posterior”.
“O sea que si nos traen y están de acuerdo (...) eso estaría bien, porque estaríamos protegiendo a todos los ciudadanos frente a un posible abuso que siempre puede existir”, comentó Bordaberry, abriéndose a alinearse con el pedido de la OCDE si se ajusta a esos puntos.