Este jueves, una semana después de que el gobierno anunciara que iniciará acciones legales para rescindir el contrato con el astillero español Cardama Shipyard, firmado por la anterior administración, opinó por primera vez sobre el asunto el exsubsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Rivera Elgue, quien en el período pasado ocupó el cargo en representación de Cabildo Abierto (CA) hasta el 8 de agosto de 2024.
La semana pasada, en una conferencia de prensa, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que existen “fuertes indicios” de “estafa o fraude” en torno al contrato firmado con la empresa española, responsable de la construcción de dos patrullas oceánicas por un total de 82 millones de euros. El gobierno ya presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la garantía que presentó Cardama, a cargo de Eurocommerce.
En declaraciones al semanario Búsqueda, Elgue dijo que la “decisión política” de aceptar sucesivas prórrogas para la presentación de la garantía fue de los titulares del Ministerio de Defensa Nacional del gobierno pasado, Javier García y Armando Castaingdebat. Afirmó además que “en este proceso” el entonces presidente Luis Lacalle Pou “estaba al tanto de todo”.
En una entrevista con el programa Cinco sentidos, de Canal 5, Elgue, quien a mediados de 2023 viajó a España para visitar el astillero español, recalcó que la aceptación de la garantía fue “una decisión del ministro”. De todos modos, con respecto a las prórrogas otorgadas, dijo que desde el gobierno “se ponderaba la necesidad de los buques y de actuar de buena fe y de buscar una solución, sin poner en riesgo los dineros de los uruguayos”. Sobre esto último, aseguró que “en el contrato se tomaron las salvaguardas para eso”.
Sobre la resolución que tomó el actual gobierno, Elgue sostuvo que “los contratos se hacen de fe”. “Si yo tengo diferencias con el contrato, lo trato directamente con la otra parte”, afirmó; por otra parte, cuestionó que desde marzo hasta setiembre de este año “no estuvieran presentes los observadores de la Armada” en España. “Creo que el no mandar observadores, pero sí realizar pagos, es una omisión importante”, resaltó.
Por su parte, el líder de CA, el exsenador Guido Manini Ríos, opinó sobre las irregularidades de Eurocommerce denunciadas por el gobierno en una columna de opinión publicada en el semanario La Mañana. “Entendemos que es poco serio, y probablemente delictivo, que una empresa que pretende vendernos por 90 millones de dólares presente un aval de cuatro millones inexistente”, escribió, y subrayó que se trata de un hecho “grave” que “debe denunciarse como corresponde”.
No obstante, Manini Ríos cuestionó la intención del gobierno de rescindir el contrato con Cardama por este tema, dado que sería “arriesgar perder los casi 30 millones de dólares que ya pagamos, además de exponernos a un eventual juicio internacional de resultado incierto”. “Quiero creer que el gobierno tiene información, que nosotros no tenemos, de que la empresa española nos iba a estafar y no iba a cumplir con sus obligaciones. De no ser así, realmente no se entiende la decisión adoptada”, expresó.