Con sesiones maratónicas, un oficialismo que obligatoriamente necesitó negociar y una oposición que muchas veces votó dividida, la semana pasada el gobierno logró aprobar su presupuesto quinquenal en la Cámara de Representantes, ámbito donde carece de mayorías. Tal como consignó la diaria, si bien el Frente Amplio (FA) alcanzó las voluntades para aprobar el proyecto en general y para el capítulo impositivo por intermedio de Cabildo Abierto, casi el único traspié estuvo representado por la no aprobación de los cambios al secreto bancario.
Para realizar un balance tras la votación, la diaria Radio recibió a Ana Olivera y a Conrado Rodríguez, diputados del Frente Amplio y el Partido Colorado, respectivamente, miembros de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y coordinadores de bancada en sus respectivas facciones políticas. Un primer punto de consenso estuvo en el rol del legislador oficialista Sebastián Valdomir: “Yo creo que hizo un muy buen trabajo en la presidencia de la Cámara”, valoró Rodríguez, y se refirió a que “amalgamó y articuló”, muchas veces “por fuera del acuerdo interpartidario”, en su entendimiento de que “determinados temas requerían abrir la palabra y tener más flexibilidad”. Olivera complementó en el mismo sentido y dijo que Valdomir “participó en la organización”, además de que tuvo “cintura”, algo “imprescindible para conducir una discusión presupuestal”, y “todo el mundo tiene esta opinión sobre su trabajo con todos los partidos políticos, más allá del chisporroteo final”.
El “chisporroteo final” al que referenció Olivera se dio sobre la madrugada del jueves y estuvo vinculado al cambio de voto del propio Valdomir mientras se trataba un proyecto de ley que presentó Conrado Rodríguez para habilitar la posibilidad de realizar pedidos de informes a todas las dependencias de Presidencia de la República. Tras una reunión de bancada, se rectificó el voto y Valdomir votó negativamente junto a sus filas políticas, por lo que la propuesta de Rodríguez no se aprobó.
Al respecto, el diputado colorado dijo que “queda un gustito amargo” porque, “más allá de las posiciones políticas, que son todas legítimas, uno debate sobre ideas y no sobre las personas”. “Después de tantas jornadas de trabajo, no era merecedor de endilgarle actitudes porque todos estamos en política y sabemos que muchas veces nuestros partidos toman determinadas decisiones que a veces van en contra de lo que uno piensa y tiene que definir: vota con su sector o vota solo. Yo siempre defiendo la libertad de los legisladores, pero no soy quién para juzgar el comportamiento de un legislador de otro partido, que tiene otra mecánica”, acotó sobre la situación.
Olivera, por su parte, señaló que “fueron absolutamente desmedidas las cosas que se dijeron después de esa votación”, aunque “no se perdió la capacidad de diálogo, porque volví a conversar con todos los protagonistas después del hecho”, afirmó. Por otro lado, indicó que se realizó una instancia de coordinación interpartidaria “para administrar todo lo que quedó para el final” y “sabíamos que teníamos disensos”. “No se quiso interrumpir” y, si bien “podría haberse reconsiderado en el mismo momento”, Valdomir “me escribió ´que lo deje para después´”, contó. “No ameritaba que termináramos así una sesión de trabajo tan intenso y de debate real, con concepciones distintas que se notan en las cosas que no salieron, mucho vinculado a los contralores y los intercambios de información. Jugó el cansancio y la impronta de cada uno, pero después pudimos seguir conversando”, remató al respecto.
Más allá del presupuesto
Una vez superada la discusión presupuestal, Diputados deberá dar tratamiento a otros proyectos, muchos aprobados en el Senado. Rodríguez abordó el que regula el ingreso a las intendencias y dijo que su partido “tuvo una mirada bastante negativa en el Senado en virtud de que se cambiaron las ecuaciones que venían de la Cámara de Diputados y se terminó excepcionando a determinado porcentaje para que sigan entrando de manera discrecional”.
Por otro lado, el colorado se refirió al proyecto de ley que descentraliza a la Defensa Pública y la independiza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), “un viejo reclamo de los defensores” con el cual “está de acuerdo parcialmente”. “Entiendo que tenemos la posibilidad de generar un servicio descentralizado más amplio y en algún momento sería conveniente, por ejemplo, que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) salga de la órbita del Parlamento, porque no tiene sentido esa dependencia”, dijo. “Hay algunas reparticiones del Estado que deberían estar más articuladas internamente y podría ser a través de un servicio descentralizado. No me niego a la posibilidad de la discusión del descentralizado para la Defensa Pública, pero creo que debería estar en un marco de discusión más amplio”, aclaró.
Olivera, por su parte, recordó el proyecto de ley sobre viviendas vacías. Consideró que es un tema “sustantivo, es muy caro para la ciudadanía y algo que viene buscando avances en varios períodos del gobierno”. A su vez, dijo que el proyecto sobre lavado de activos “es muy importante para la bancada” y “estará convocando la semana que viene a la Comisión, donde ya recibimos a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), para ver cómo vamos a trabajar”, aseguró, aunque adelantó que tratarán que sea “de la forma más rápida”.
Además, esta semana la bancada del FA “estará haciendo un balance de contenidos del presupuesto”. “Lo más importante que necesitábamos, que era la aprobación de los ingresos, salió y pudimos hacer reasignaciones en áreas que nos parecían sustantivas —aunque capaz que todavía se puede rascar un poco más—, pero hay que analizar lo que no salió y qué cosas retoma el Senado y qué cosas no”, ya que “si tiene modificaciones que afectan los acuerdos en el Senado, que va a tener, tiene que volver para la aprobación sin debate en Diputados”.
Falta de mayorías y debes
Respecto a la falta de mayoría en los bloques ideológicos y los proyectos que naufragaron en la discusión, Rodríguez dijo que “no haber logrado poder convencer”, en algunos casos, deja “sabores amargos”. Utilizó como ejemplo “tener, en el diseño institucional de nuestro país, un lugar para realizar el análisis de la ejecución presupuestal” y “no es el Tribunal de Cuentas porque estudia la legalidad del gasto y estamos hablando de lo posterior, una vez que se efectúa”. “Actualmente existe la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas en la órbita de Presidencia y, para mí, no es el mejor lugar; sería bueno que tuviera más cometidos y analizar de qué manera gastamos, porque nos matamos para ver los incrementos y después no podemos hacer el seguimiento”, opinó.
Asimismo, apuntó que, aunque “está muy bien el tema de la equiparación” de sueldos entre jueces y fiscales, fue “la creación de fiscalías concretas, sobre todo en Chuy, Rosario y Toledo, que nos pidieron y no pudimos cumplir”. También señaló “el debe del propio Poder Judicial, donde lo único que se logró fue que se quitó el requisito de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para realizar trasposiciones de fondos en su interior”, aunque realizó “una cantidad de pedidos” en los que no se pudo avanzar, como “la creación de juzgados en materia de violencia de género” o “más cargos para defensores de oficios y jueces letrados suplentes”.
La diputada oficialista también se refirió a propuestas que “no salieron”, como “una búsqueda de la eficiencia de la Dirección General Impositiva (DGI) y artículos vinculados a sus potestades”. Sin embargo, en sentido opuesto, dijo que “el acento mayor es que logramos que se aprobaran los ingresos que son necesarios para desarrollar las políticas que nos planteamos” y, en línea con lo que planteó Rodríguez, dijo que “en este gobierno a la Agencia se le dio el rol de realizar el seguimiento de los compromisos de gobierno y las 63 medidas”.
“Soy absolutamente partidaria de la evaluación y el monitoreo de las políticas. El paso de que la agencia tenga contenido es importante y lo vamos a poder seguir conversando”, aclaró de cara al futuro.
Sobre las medidas para Fiscalía, dijo que “era sustantivo para la fiscal de Corte en un momento muy particular” y “necesitaban que todo el Parlamento diera una señal hacia ahí”, pero “no contaban los recursos para otras cosas que pensaron”. “Con la equiparación logramos un respaldo a los fiscales y que la diéramos todos juntos nos parecía que era lo que correspondía”, sentenció.