A partir de las 10.00, el presidente Yamandú Orsi encabezará este lunes un nuevo Consejo de Ministros, el quinto en lo que va de su mandato. Esta vez el encuentro será en la residencia presidencial de Suárez y Reyes y tendrá como puntos centrales el presupuesto quinquenal y la resolución del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama.
Al mismo tiempo, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado empezará la segunda semana de tratamiento del proyecto presupuestal, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, la comisión ya recibió a los ministerios de Economía, Defensa, Salud e Interior; también a la Corte Electoral, el Congreso de Intendentes y la Fiscalía, así como a más de 20 organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo al cronograma inicial pautado, la comisión seguirá recibiendo delegaciones hasta el 21 de noviembre. Se prevé que la discusión en el plenario del Senado comience el jueves 27.
El margen de acción de los senadores –principalmente el de los oficialistas– es limitado, en primer lugar, por la situación fiscal, y, en segundo lugar, por los acuerdos alcanzados en la cámara baja, donde ya se reasignaron 700 millones de pesos. Cualquier cambio en el Senado implicará que el proyecto vuelva a tratarse en la cámara baja, donde el Frente Amplio (FA) no tiene mayoría.
Por otra parte, en entrevista con la diaria, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el Poder Ejecutivo no enviará un mensaje complementario para aumentar el presupuesto previsto, “porque no nos guardamos nada”.
Búsqueda de reasignaciones y financiamiento para la ANEP
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, advirtió en la comisión del Senado que en el pasaje del presupuesto por la cámara baja “surgieron gastos por 80 millones de pesos que no tienen financiamiento”. “Esto que ocurrió es algo un poco extraño”, comentó, y sostuvo que “los señores legisladores van a tener que trabajar, junto con nosotros, para dar lugar a esos 80 millones de pesos”. Este monto, adjudicado a la ANEP, está destinado a medidas para la inclusión de estudiantes con discapacidad, un pedido del organismo que fue impulsado por la bancada del Partido Nacional (PN), principalmente.
“Hay que ver si resolvemos buscarle financiamiento o no”, dijo a la diaria el senador del FA Eduardo Brenta, consultado al respecto. “Tendríamos que ver si logramos encontrarle financiamiento”, señaló, aunque afirmó que tampoco quisiera “convalidar una práctica que es ‘no voto ingreso, pero voto egreso’”, en referencia a la postura que tuvieron los diputados del PN y el Partido Colorado (PC) de no votar los cambios tributarios.
El senador del FA Gustavo González dijo a la diaria que la bancada oficialista todavía no ha estudiado si “efectivamente se pueden mover rubros determinados para cubrir lo que pensemos más importante”. En tal sentido, sostuvo que “sería muy importante poder dar un aporte más” a la Universidad de la República (Udelar) en particular, y a la educación en general. “De alguna manera, tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de elevar el nivel de presupuesto que se le ha dado a la Universidad, que, a mi juicio, es realmente muy poco”, afirmó.
Por otro lado, González expresó su preocupación por los cambios vinculados al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que motivaron algunos reclamos por parte de la Udelar. El senador del FA consideró que estos planteos deben contemplarse.
El presupuesto crea, bajo la órbita de Presidencia, la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento. A su vez, reduce la composición del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología de 21 representantes de diversos actores a 12 consejeros honorarios designados por el Poder Ejecutivo.
El senador colorado Robert Silva dijo a la diaria que no está de acuerdo con dichos cambios y sostuvo que Presidencia “no tiene competencia para autoatribuirse el tema de la ciencia y la tecnología”, ya que esto debe tener rango ministerial.
Bordaberry propone otorgar a la Fiscalía los 16 millones de dólares que solicitó
Con el reciente atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de fondo, la Fiscalía es uno de los incisos que, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, se reconoce que debería atenderse mejor en el presupuesto.
Brenta consideró que a la Fiscalía “hay que darle algunas cosas”, mientras que Silva la calificó como una prioridad, al igual que el Poder Judicial. González, por su parte, sostuvo que “obviamente la Fiscalía necesita un fortalecimiento presupuestal”, pero afirmó que la Udelar “lo necesita más todavía”.
En la comisión, el senador colorado Pedro Bordaberry calificó como un “despropósito” no otorgar a la Fiscalía el incremento presupuestal que solicitó, dado que se trata de “16 millones de dólares en un presupuesto de unos 23.000 millones de dólares”. A través de X, agregó: “Estamos seguros de que todos los partidos acompañarán la propuesta”.
El senador del PC informó en la comisión que su bancada presentará como artículos aditivos todos los artículos que propuso la Fiscalía en su propio mensaje presupuestal y que no se aprobaron en la Cámara de Diputados. Según Bordaberry, “hay muchos lugares” de los que se podrían sacar esos 16 millones de dólares “sin problema alguno”.
Consultado al respecto, Brenta dijo que “el problema es que el presupuesto son prioridades”, y añadió que “Bordaberry tiene que hacerse cargo del estado en que el gobierno de la Coalición entregó las cuentas fiscales”.
Silva, en tanto, retomó el planteo de Bordaberry de redireccionar fondos del Instituto Nacional de Colonización (INC) a la Fiscalía. “Yo estoy a favor del INC, pero, ante la situación de emergencia que la fiscal Ferrero nos planteó, ¿vamos a darle 58 millones de dólares por año a Colonización? ¿No podremos sacar algo de ahí para atender a Ferrero y toda la terrible situación que la Fiscalía denuncia?”, preguntó.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi aseguró en la comisión que “obviamente” el PN acompañará los artículos aditivos de Bordaberry. Apuntó, además, que la bancada nacionalista presentará los artículos de la propuesta de Fiscalía que no implican mayores recursos. “Todo el mundo sabe que nosotros en el Senado no tenemos mayoría, pero sí podemos –y estoy segura de que lo vamos a lograr–, con la bancada oficialista, sensibilizar a los colegas senadores en el sentido de que, si no tienen costo, no hay razón alguna para no aprobarlos, cuando el propio organismo lo pide”, manifestó.
En tal sentido, González afirmó: “Todo lo que no implique un costo presupuestal, pienso que habrá el mejor ánimo para resolverlo”. En la misma línea, Brenta reconoció que ya se ha intercambiado con la oposición sobre los pedidos que no generan un incremento del gasto, “pero que pueden significar una herramienta para mejorar la gestión de la Fiscalía”.
Para el gremio de fiscales, la Escuela de Fiscales no es una prioridad
“La realidad de la Fiscalía hoy es que casi no tenemos presupuesto”, afirmó Ferrero el miércoles ante los senadores de la comisión. Hasta ahora, sólo se han contemplado cinco de los 19 pedidos de la Fiscalía. En la cámara baja, por ejemplo, se aprobó una partida de 40 millones de pesos destinada a la equiparación salarial entre fiscales y jueces a lo largo del quinquenio.
En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, celebró este monto votado en la Cámara de Diputados, aunque apuntó que la propuesta “choca con la pretensión que tienen los funcionarios de que su salario sea el correspondiente de inmediato”, por lo que “vamos a tratar de que la Cámara de Senadores comprenda que es necesario mejorar esa propuesta”.
“Si vamos a fortalecer la Fiscalía, fortalezcámosla bien, porque yo, con una cosita, la otra cosita y el cero coma no sé cuánto, no voy a hacer a futuro nada. ¿Entienden? Yo creo que tenemos que tener un pienso y un salto de calidad. ¡Por favor, un salto de calidad! Es esta la oportunidad”, exclamó Ferrero, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
La fiscal de Corte subrogante agradeció la creación de una fiscalía especializada en cibercrimen –aunque la Fiscalía había solicitado dos–, así como también la creación de la Escuela de Fiscales.
Entre los planteos de la Fiscalía que aún no se han atendido figuran: la creación de cargos de trabajador social y psicólogo para la Unidad de Víctimas y Testigos; la posibilidad de que, a través de la Escuela de Fiscales, la Fiscalía brinde –con costo– servicios de capacitación y cooperación a otros organismos; la creación de dos fiscalías especializadas en estafa; ocho cargos administrativos para recepción de denuncias, asuntos legales, atención al público y telefónica; una partida de tres millones de pesos para guardería, y la utilización de fondos incautados por parte de las fiscalías letradas en investigaciones preliminares para la capacitación de fiscales.
“Lo que queremos es que la Cámara de Senadores evalúe la pertinencia de contemplar esos reclamos, sobre todo, porque la inmensa mayoría de esos planteos busca que la Fiscalía funcione mejor”, señaló Rosa. A su entender, “es hora de un sinceramiento por parte de todo el sistema político”, que hasta ahora no le ha otorgado al organismo lo que ha solicitado para funcionar. “Hoy es el momento de reforzar estas instituciones, y creo que ha quedado en evidencia, con lo que le ocurrió a la doctora Ferrero, que hay una serie de déficit institucionales que marcan un debilitamiento claro y concreto de la institución que es momento de revertirlo con acciones concretas”, afirmó.
Por otro lado, Rosa señaló que en el gremio de fiscales consideran que la creación de la Escuela de Fiscales no es oportuna y apuntó que resulta “paradójico” que, “dado el estado tan deficitario de la Fiscalía”, el Poder Ejecutivo destine una partida anual de más de 10 millones de pesos para financiar dicha iniciativa.
“Parece más algo como para hacerle un guiño a la fiscal general”, ya que la Escuela de Fiscales “es como su caballito de batalla”, apuntó Rosa, para quien, en lugar de crear este organismo, “hay que resolver lo que es de momento, lo que es urgente”.