Un viernes de varias horas de reunión en el Palacio Legislativo dio como resultado una versión más acabada de lo que será el posicionamiento del oficialismo de cara a la votación del proyecto de presupuesto quinquenal en la Cámara de Senadores. Es que los senadores del Frente Amplio (FA) se reunieron con el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry. Si bien Vallcorba permaneció gran parte de la reunión, la que estuvo hasta que quedaron prontos los principales acuerdos fue Arosteguiberry. Con la confirmación de la iniciativa de reasignación de 320 millones de pesos, y sabiendo que esos fondos saldrían –entre otros lugares– de Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria, la contadora abandonó el edificio. La reunión duró algunos minutos más, hasta que el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, Sebastián Sabini, brindó en rueda de prensa todos los detalles de lo definido.
El legislador oficialista marcó como destinos de las reasignaciones la educación, la justicia, la discapacidad y la cultura. En tanto, apuntó que la decisión de dónde sacar los fondos fue “conversada” previamente. Reconoció que, en algunos casos, la quita de fondos llevará a que algunos proyectos tengan que “postergarse” para 2027, cuando el oficialismo proyecta que la situación en cuanto a recursos “va a mejorar”.
Dentro de las áreas a las cuales se prevé que vayan las reasignaciones, se confirmó el peso prioritario que se plantea darle a la educación, que de los 320 millones de pesos reasignados se prevé que reciba 250 millones. “Creemos que [las reasignaciones] están absolutamente en línea con lo que planteamos hace un año en la campaña electoral, que era fortalecer la educación pública”, remarcó Sabini al respecto.
Según detalló, en educación media estos fondos permitirán “fortalecer los cursos en el interior de la UTU” y “mejorar toda la atención” en los liceos y UTU de tiempo completo. Esto se sumaría a los fondos ya anunciados en alimentación para la duplicación de ese tipo de centros (se prevén 60 nuevos), recursos para la conformación de los distintos equipos de trabajo.
Por otra parte, el senador frenteamplista detalló que los fondos reasignados también buscan “fortalecer las becas del Consejo de Formación en Educación”, lo que podría impactar –según la modalidad– en 1.000 becas. A nivel de educación terciaria, Sabini anunció que se buscará destinar presupuesto a la Universidad de la República (Udelar) y a la Universidad Tecnológica (UTEC).
“Estamos hablando de 68 cursos que no tienen financiamiento en el día de hoy, que involucran más de 2.000 estudiantes en el interior”, detalló el legislador en referencia a la UTEC. En tanto, sobre la Udelar, puntualizó que los fondos irían a infraestructura y funcionarios, en línea con las preocupaciones marcadas por la propia institución educativa.
Con relación al presupuesto para Justicia, Sabini anunció la reasignación de fondos para la apertura de una fiscalía en Toledo, Canelones. También, de acuerdo con los pedidos de la Fiscalía General de la Nación, se dispondrán fondos para la Unidad de Víctimas y Testigos.
Por último, otros fondos estarán dirigidos a discapacidad –vinculados a los artículos votados sin financiamiento por la oposición en Diputados– y a la cultura, relacionados con institutos creados en la pasada administración del Ministerio de Educación y Cultura “que no tenían presupuesto propio”.
También se reasignarán fondos para subsidios y subvenciones a 35 instituciones de la sociedad civil, que “van desde hogares de ancianos hasta organizaciones que trabajan los temas de discapacidad”.
Aditivos y sustitutivos
El presidente de la comisión que trata en el Senado la iniciativa presupuestal informó que el lunes se votará en ese ámbito el articulado. Remarcó que el miércoles el plenario votará la iniciativa “en general” y agregó que se puso el viernes como plazo para la votación de todo el articulado. Asimismo, subrayó la existencia y la necesidad de tratamiento durante la semana de “una serie importante de artículos que presentó la oposición” (aditivos y sustitutivos). En total, se trata de 230 artículos que “redistribuyen 1.200 millones de pesos”.
“Allí algunos artículos tienen problemas porque no tienen financiamiento, algo así como 280 millones de pesos; claramente no los podemos acompañar”, comentó Sabini por el FA. Además, el legislador reconoció la existencia de otras reasignaciones que plantea la oposición que no se comparten. Reconoció, sin embargo, que hay “una serie de artículos” que se quieren “conversar”. “Nos interesa, obviamente, que algunas de las propuestas que realizaron puedan ser aprobadas”, indicó el senador del MPP.
En cuanto a la reincorporación del artículo que prevé el levantamiento del secreto bancario por pedido de la Dirección General Impositiva, Sabini comentó que se sigue “dialogando”. Explicó que es “uno de los artículos” que no se aprobó en Diputados que interesa que “siga adelante”. Más allá de eso, reconoció que su aprobación en el Senado puede “generar dificultades” en la cámara baja.
“Hasta el día viernes vamos a seguir buscando los acuerdos para que sea posible la aprobación”, adelantó el legislador sobre el tema, reconociendo la participación en la búsqueda de acuerdos del Ministerio de Economía y del senador colorado Pedro Bordaberry.
Los artículos sin financiamiento
Los artículos votados por los diputados de la oposición sin financiamiento representan 72 millones de pesos y tienen que ver con discapacidad en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Sabini apuntó que uno de ellos no fue tenido en cuenta en la propuesta de reasignación porque era “claramente inconstitucional”, dado que se refería a “qué tenía que hacer la ANEP con sus recursos humanos”.
El senador puntualizó que los otros artículos se entiende que “son importantes”, por lo cual se propone complementar los esfuerzos de la ANEP con “la nueva institucionalidad” que crea el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social en discapacidad. Concretamente, la cartera espera contar, una vez aprobada la propuesta presupuestal, con el Instituto Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Junta Nacional de Políticas en Discapacidad y la Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad.
Sabini detalló que a partir de esa instalación se buscará desarrollar un plan de infraestructura de accesibilidad para la ANEP, conjuntamente con el trabajo en formación a partir de un convenio. “La ANEP nos transmitió la posibilidad de generar 115 cargos en este sentido y eso es lo que estamos trabajando y lo que seguramente en estos días vamos a terminar de proponer en un aditivo”, detalló.