El consorcio Grupo Vía Central, responsable de concretar el proyecto de Ferrocarril Central, anunció al Poder Ejecutivo que inició un proceso de arbitraje internacional contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por incumplimientos de pagos.
Según informó El País, en los últimos días representantes de la empresa se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou y le reclamaron por los adeudos que, según estiman, rondan los 160 millones de dólares.
En un comunicado al que accedió la diaria, el grupo señala que el “Ferrocarril Central es el proyecto de infraestructura pública más importante desarrollado en Uruguay”, con una “inversión aproximada de 1.500 millones de dólares”, cuya “nueva vía férrea está operativa desde noviembre de 2023, permitiendo el transporte de la producción desde Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo”.
En el comunicado se señala que el “proyecto ha enfrentado múltiples desafíos”, desde “demoras en expropiaciones”, atrasos por la “pandemia de covid-19”, “aumentos de costos por la guerra Rusia-Ucrania”, “inundaciones de marzo de 2024” y “casos de vandalismo”. A partir de ello, los representantes del grupo han trabajado con el gobierno para renegociar el acuerdo inicial y acordar nuevos entendimientos.
“A pesar de estos acuerdos y del éxito del proyecto, que ha dotado a Uruguay de una infraestructura ferroviaria de vanguardia mundial, la Administración no ha cumplido con las obligaciones asumidas. Grupo Vía Central no ha recibido pagos del Estado por los servicios prestados desde el 24 de diciembre de 2023, lo que ha puesto al proyecto en una situación financiera crítica”, se señala.
Por lo tanto, y luego de “agotar las vías de negociación y mediación”, Grupo Vía Central decidió iniciar un proceso de arbitraje previsto en el contrato inicial, que determina que los conflictos se resuelvan bajo las reglas del Arbitraje de la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
En un plazo de 30 días de notificado el MTOP se deberá designar un tribunal integrado por tres árbitros, nombrados de común acuerdo o a partir de las normas que establece el Código General del Proceso, que deberán laudar sobre el conflicto.