A mediados de 2024 se le inició a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Carmen Rodríguez, un protocolo sobre acoso laboral, como consecuencia de una denuncia que le hizo la responsable del Área de Salud Mental de la institución, Mónica Giordano. Este proceso quedó concluido luego de una resolución que fue emitida por el Consejo Directivo de la institución el 13 de febrero, de la que informó Búsqueda, que constató la existencia de conductas “activas y omisivas” por parte de Rodríguez.
La resolución determinó que las conductas de Rodríguez llevaban a “un ambiente hostil de trabajo y que afectaron el desempeño laboral de la denunciante”. El resultado del protocolo fue remitido al novel Parlamento, que tiene la potestad de tomar medidas sobre el Consejo Directivo de la INDDHH, y más precisamente la comisión bicameral que actúa a los efectos de controlar la institución. Sin embargo, al estar estos ámbitos parlamentarios en proceso de conformación, hasta este jueves no se había dado ingreso oficial a lo enviado por el Consejo Directivo de la INDDHH, según supo la diaria.
Luego de conocida la resolución del Consejo Directivo, en una asamblea general extraordinaria realizada el pasado miércoles, la Asociación de Funcionarios de la INDDHH (AFINDDHH) emitió una declaración pública en la que manifestó “preocupación por la situación de acoso laboral” ejercida por Rodríguez. En esa línea, puso énfasis en que lo constatado “contradice los principios fundamentales” de lo que se estableció por ley en la creación de la institución. “Erosiona la credibilidad y legitimidad necesarias para cumplir su rol de garante de los derechos humanos en Uruguay”, puntualizó el mensaje.
Entre los distintos pedidos que se hicieron en el comunicado, la AFINDDHH pidió al Parlamento que “active de forma inmediata el mecanismo de destitución” que prevé la ley. También pidió el cese de la presidenta hasta que el Parlamento “se expida sobre el asunto”.
En diálogo con la diaria, el vocero de los funcionarios de la institución, Diego Bentancor, detalló que se le solicitó al Consejo Directivo que lleve adelante medidas inmediatas de protección para la funcionaria que denunció a Rodríguez. Según explicó Bentancor, esto tiene que ver con evitar el contacto con la presidenta de la institución, algo que podría “generar revictimización”. También se pidió la comunicación formal del proceso de investigación, dado que los funcionarios se enteraron por la prensa.
El actual Consejo Directivo se renovará en 2027, aunque las presidencias rotan entre sus directores, que ejercen funciones por un año. Con miras a la renovación de las autoridades, Bentancor dijo que se volverá a insistir en que sean las organizaciones las que vuelvan a proponer las autoridades, algo que cambió luego de la reinterpretación del artículo 39 de la Ley 18.446 durante el actual gobierno.
Aclaración: una primera versión de esta nota circuló en la web, por error, con la foto de la socioanalista y doctora en Educación Carmen Rodríguez, no de la presidenta de la INDDHH. Pedimos disculpas a la involucrada y a los lectores.