Pablo Siris protagonizó algunas de las discusiones de los últimos años vinculadas a las telecomunicaciones y los medios: desde la eliminación del monopolio de Antel para brindar internet hasta la aprobación de la nueva ley de medios, pasando por el debate en torno a la portabilidad numérica y otras decisiones del Ejecutivo, como la autorización a Mercado Libre de desplegar su propio servicio de reparto. Siris fue uno de los voceros del Frente Amplio (FA) en esas polémicas por su rol de director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Recientemente designado futuro titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Siris habla en esta entrevista de las controversias que dejó el período saliente y de las consecuencias de algunas de las decisiones del oficialismo –como la aprobación de la nueva ley de medios, que entiende que se debería “revisar”–, y pone sobre la mesa algunos temas a los que, a su entender, hay que hincarles el diente. Uno de ellos es el auge de las plataformas de streaming, que en los últimos años se han multiplicado en el mundo y revolucionado el paradigma del consumo de productos audiovisuales.
En su balance del período que se cierra, Siris afirma que las políticas del gobierno de la coalición estuvieron atravesadas por un “marcado sesgo ideológico” que se tradujo en la “posición contraria a la presencia del Estado”, y se materializó, por ejemplo, en la “desinversión en el mercado de las telecomunicaciones” y en el aumento de la concentración de los servicios de comunicación audiovisual, lo que, en definitiva, atenta contra “la construcción de sociedad y de ciudadanía”.
¿Qué balance hacés de este período en la Ursec?
Fue un período muy difícil por la posición que tenía el actual oficialismo, o sea, la posición que se impulsaba desde el Poder Ejecutivo, y particularmente desde el Partido Nacional (PN), en torno a los medios de comunicación y a las telecomunicaciones. A lo largo de estos cinco años, sin embargo, se ha logrado defender determinadas posiciones y en algún caso revertir algún efecto muy negativo de la política que llevaba adelante la mayoría de la coalición o, mejor dicho, el PN o su ala más dura. En algún otro caso no tuvimos éxito, pero el rol que cumplimos fue el de poder mostrarle a la población los efectos negativos de lo que estaba sucediendo. Así fue con la portabilidad numérica, así fue con la subasta del espectro radioeléctrico, así fue con las modificaciones a la Ley 19.307 [ley de medios], finalmente derogada, así fue en relación con informes que pretendían mostrar éxitos que no había, denunciando la desinversión en el mercado de telecomunicaciones, denunciando la concentración en los servicios de comunicación audiovisual, denunciando cómo en el mercado de los servicios postales se incorporaban sin ningún tipo de análisis de mercado nuevos operadores que pasaron a ser prácticamente hegemónicos, etcétera.
¿Dirías, a partir de estos ejemplos, que hubo un proyecto ideológico del gobierno en lo que respecta al mercado de los medios y de las telecomunicaciones?
Absolutamente, hay un marcado sesgo ideológico, particularmente en la posición contraria a la presencia del Estado en los mercados de las telecomunicaciones y en el servicio de comunicación audiovisual. El combate a Antel es casi absurdo y la forma en la que Antel desinvirtió y retrocedió en el mercado es muy notoria. Alcanza con preguntarles a sus trabajadores e incluso a quienes somos usuarios y vemos cómo han variado algunas condiciones en la calidad del servicio que recibimos. Ha habido una política antipresencia del Estado en este tipo de servicios, de retirada del Estado, así como se ha dado también en otras áreas; esto no es novedad. Si sucede en la educación, en la salud, en la alimentación de la gente, ¿nos puede extrañar que suceda en las telecomunicaciones y en los servicios de comunicación audiovisual?
¿Quiénes se beneficiaron de este retiro del Estado?
Siempre los grandes capitales privados. Eso también tiene un sesgo ideológico, ¿no? No es que se retira el Estado para que la actividad sea desarrollada por la gente autoorganizada, no es la autogestión comunitaria. No es el sueño hippie de la comuna que se autoadministra. Estamos hablando de la incorporación de grandes capitales nacionales y trasnacionales en el mercado de las telecomunicaciones, en los servicios de comunicación audiovisual y en los servicios postales también, operando a expensas de la presencia del Estado.
En este período marcaste una posición fuerte frente a la nueva ley de medios, que se aprobó terminando el último período legislativo. ¿Cuáles son los elementos más negativos que trajo esta ley, a tu entender?
Probablemente, desde el punto de vista ideológico, filosófico o del debate que tenemos que dar quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación y de la libertad de expresión, una de las cosas más graves sea la salida de los mecanismos de consulta pública, de democracia participativa o de participación ciudadana en el sistema de medios de comunicación. La eliminación de la Chasca [Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual], la desaparición de las consultas públicas y de las audiencias públicas para instalar un servicio de comunicación audiovisual, la posibilidad de que los grandes capitales vinculados a la radio y la televisión puedan incrementar su participación en el mercado, a expensas, por supuesto, de la diversidad de voces imprescindibles en una sociedad democrática, es probablemente uno de los efectos más terribles que tiene la ley.
La posibilidad de que los operadores de televisión para abonados brinden servicios de internet es una situación muy delicada, muy compleja. Es extraer ingresos de la empresa pública de telecomunicaciones, que ha hecho un esfuerzo enorme de muchos millones de dólares para que tengamos el servicio que tenemos, para que la fibra óptica llegue a todos los hogares, y darle esa ganancia a un operador privado. Y no se puede decir en nuestro país que eso sea porque el privado llega donde no llega el Estado, eso no es cierto, no se puede decir que los precios del privado sean mejores que los precios del Estado; es simplemente extraer ganancia de lo público a lo privado.
¿Por qué es preocupante o negativo que aumente la concentración mediática?
Tiene un tema mucho más vinculado a lo filosófico, que es, precisamente, la construcción de sociedad y de ciudadanía, que requiere diversidad de voces, que requiere un intercambio fluido de la expresión del pensamiento, que requiere, también, diversidad de ofertas culturales. Hoy por hoy en la televisión abierta prácticamente a cualquier hora del día te están hablando de un programa de una gente que está encerrada en una casa. Incluso en los noticieros se recoge el programa de chimentos de la conversación que se dio después de la transmisión en vivo que se produjo el día anterior... Desde el punto de vista periodístico y comunicacional es absurdo, es un delirio, no hay nada informativo, noticioso ni cultural en eso. Ni siquiera de entretenimiento; termina siendo alienante. Sin embargo, ese formato vende, es un formato comercial. Entonces, detrás de lo que se supone que es un programa que te entretiene, en realidad está la venta de productos que tú ves de manera permanente auspiciando esos programas. Entonces, la comunicación termina siendo un negocio de muy pocos. La diversidad la requiere el espíritu, no sólo de una persona, sino de una sociedad. Necesitamos diversidad de voces, la sociedad no necesita un discurso único.
Más recientemente denunciaste que el Ejecutivo estaba avanzando en la regulación de forma exprés. ¿Qué sabés al día de hoy de cómo viene esta reglamentación?
No tengo información al respecto. En la Ursec se procesó de forma exprés, no tengo claro cuál es la posición que tiene el Poder Ejecutivo actual, pero en la Ursec puedo señalarlo porque el borrador del decreto se aprobó en una semana. Es completamente fuera de estándar. Pero además es altamente negativo, porque vino sin informe ni jurídico ni técnico. Por ejemplo, se habla en el borrador del decreto de la revocación parcial de la licencia, pero no se dice qué quiere decir eso, ni qué implicaría, ni si se refiere a un territorio, a los titulares, nada. Se crea una licencia de telecomunicaciones clase E para servicios de comunicación audiovisual y no se explica por qué se hace eso, que no se había hecho nunca. Se plantea la posibilidad de que la Ursec por sí pueda decidir hacer audiencias o consultas respecto de algunos temas sin que esté la ley. Yo estoy de acuerdo con la realización de audiencias y consultas, pero si no está la ley no se puede. Se amputa la administración de plazos: por ejemplo, en las transferencias de licencias de servicios [actualmente] se autoimpone a la administración un plazo de tres meses, y si no hay respuesta entonces se considera que aplica el silencio positivo, y en este borrador pasamos de 90 a 70 días sin que nadie explique nada.
El futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que esta ley tiene varios aspectos que son “un ancla para el desarrollo democrático del país”. ¿Coincidís con el diagnóstico? ¿Hay que revisar o dar marcha atrás a algunas de sus disposiciones?
Yo no quisiera plantear una posición que condicionara los debates que se van a dar seguramente en el Parlamento, pero creo que es una ley que sí tiene aspectos que deben ser revisados, porque hay algunas cosas que están muy mal hechas. Porque a pesar de que estuvo mucho tiempo en el ámbito parlamentario, se terminó resolviendo a las apuradas en dos días y algunas de las definiciones que allí se adoptaron están directamente mal, incorrectas.
La ley de medios anterior y también la nueva dejan por fuera el universo de internet. ¿Sigue siendo un debe su regulación o no hay que regularlo? ¿Has pensado por dónde abordar ese desafío?
Ese es un tema muy complejo, precisamente, porque tiene que ver con la libertad de las personas. Sí tengo una opinión, por ejemplo, respecto de las plataformas. Las plataformas han generado en la realidad de las telecomunicaciones en nuestro país y en todo el mundo una locura, una carrera sin fin en la cual aumentan su oferta de servicios, la gente empieza a demandar esos servicios y entonces las redes, las infraestructuras que brindan servicios de internet de las empresas de telecomunicaciones se ven forzadas a aumentar la cantidad y calidad de su servicio, particularmente del ancho de banda, simplemente para que las grandes plataformas les brinden a sus usuarios cada vez más cosas. ¿Eso está mal? No, a priori, el tema es que las plataformas no aportan nada en este proceso, no sólo en nuestro país, en ningún lugar del mundo, prácticamente, las plataformas ponen una antena, un cable, un fierro de cualquier tipo. Ni siquiera se pagan impuestos, en general. Las empresas de telecomunicaciones, la sociedad entera, el Estado, terminan haciendo un esfuerzo gigantesco para garantizar que tú puedas ver tu red de streaming favorita, que no está mal, pero ¿cuál es el aporte que esas empresas van a hacer para ese esfuerzo social, ese esfuerzo económico, productivo, etcétera, para que ellos puedan brindar ese servicio? En este momento, ese aporte no está y es parte del debate que hay que dar.
Me imagino que si, eventualmente, se propusiera cobrarles impuestos, va a haber quienes digan que se van a ir o les van a subir los precios a los usuarios. ¿Cómo ves ese dilema?
No es sólo una cuestión de plata. Los Estados y las sociedades no sólo necesitan dinero para desarrollarse. Hay Estados que han hecho acuerdos, por ejemplo: “Usted acá no paga nada y lo queremos mucho, pero póngame contenidos en el mundo, no sólo para que los vea yo, no sólo para que los veamos en la región; quiero que haya un policial islandés que le aparezca en las tendencias a un señor en Montevideo”. O sea, hay mecanismos para lograr este tipo de situaciones. Yo no quiero adelantar políticas, lo que quiero decir es que hay opciones, y la de la plata tampoco está mal. No es sólo plata, pero parece justo señalar que algún aporte debería hacerse. Algunas de estas plataformas que antes ofrecían sólo servicios en línea, ahora están transmitiendo eventos en vivo, y normalmente terminamos viendo cosas tan absurdas como el College Football, ¿no? No deberíamos estar en una situación tan desigual, donde las empresas y las sociedades brindan todo para que estas empresas hagan su negocio y estas empresas no dan absolutamente nada.
¿Tendría que pensarse en algún tipo de regulación?
Hay que pensar en contraprestaciones, pero no sólo desde nuestro país. Nuestro país, aunque es maravilloso, es pequeño; hay que pensar en respuestas de los Estados, de las sociedades, ante este tipo de situaciones.
Para el caso de las redes sociales y la desinformación que allí circula, ¿qué camino vislumbrás? Por ejemplo, hay redes sociales que tenían factcheckers y eliminaron esa figura, ¿ese era un camino positivo?
Yo entiendo que los contenidos de internet deben ser absolutamente libres. Sin embargo, particularmente en las redes sociales se está dando un fenómeno terrible. Un querido amigo equiparaba una de las redes sociales que ahora cambió el nombre con la puerta de un baño público, donde se ponen los disparates más grandes desde el anonimato, en general, sin consecuencias. Pero no sólo es el discurso de odio; durante la pandemia vivimos situaciones absurdas de gente que a través de las redes sociales decía que consumiendo hipoclorito de sodio no te llegaba la covid, o que la covid era un invento, o que te ponían nanorobots... Termina siendo un delirio en el que se mueven importantes sectores de la sociedad detrás de una cuestión absolutamente fabricada, promovida para que así sea, porque termina siendo un negocio por los clics que genera. Yo creo que las propias redes sociales tienen una responsabilidad con los contenidos que se difunden y, por lo tanto, estaba muy bien que hubiera no sólo verificadores de la información, sino, en algunos casos, moderadores de discursos de odio. Por supuesto que tiene que tener una justificación, porque si no también caemos en la arbitrariedad, pero hay determinados discursos que no se deberían permitir. Nuestro país es completamente libre en la expresión de las ideas, pero el discurso nazi está prohibido, es un delito penado por la ley y está bien que así sea. La incitación al odio también, la discriminación racial, étnica o por cuestiones de género, y está bien que así sea. Sin embargo, hoy en las redes sociales uno puede leer cosas brutales y lo que en el mejor de los casos obtenemos es una suerte de opinión de la comunidad que dice: “Bueno, lo que este señor dice no es enteramente así”. Entonces, no sólo se han eliminado mecanismos de verificación, en definitiva, se está eliminando la responsabilidad de las empresas. Yo tengo la opinión de que ciertamente las empresas, en cuanto responsables, deberían buscar mecanismos de verificación o de moderación del discurso.
Los canales privados históricamente recibieron muchas exoneraciones y beneficios por brindar sus servicios, y eso no es exclusivo de este gobierno. ¿Hubo un cambio drástico en comparación con lo que venía haciendo el FA en este gobierno o se profundizó una tendencia?
Lo que ha sucedido a lo largo de este período ha sido mucho más complicado. En 2023 se aprobó un fondo de 82 millones de pesos que se asignó íntegramente a los tres canales al solo efecto de que pagaran los royalties de los programas de franquicias internacionales. Los tres canales privados reciben un millón de dólares anuales, o sea, casi 45 millones de pesos cada uno, para que la gente pueda ver los contenidos en el teléfono y, por la información que yo tengo, nunca, ni en horario pico, llega siquiera a los 5.000 usuarios ese servicio. No sólo se les permitió en los 90 la conformación de una suerte de monopolio del cable en la zona de Montevideo, sino que además ahora se les permite la formación de un consorcio para profundizar esto, y se les permitió, además, que ese consorcio construya su propia red de fibra paralela a la existente. Fueron los primeros en recibir autorización para brindar servicios de internet; ni hablar de las exoneraciones impositivas que reciben de a cantidades muy importantes; se eliminó el pago por uso de espectro, se eliminó el canon por abonados en la televisión para abonados. Prácticamente es el mejor negocio del mundo, ¿no? Además, no pueden tener competidores, porque cuidado si aparece una triste emisora comunitaria en algún rincón de un barrio...
¿Qué diagnóstico hacés de la situación de las emisoras comunitarias?
El mejor diagnóstico lo hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que entendió que había una práctica discriminatoria en relación con los servicios de comunicación audiovisual comunitarios versus los servicios de comunicación audiovisual comerciales. Identificó además que la administración y particularmente la Ursec incurría en esa discriminación de manera consuetudinaria. Se les han puesto limitaciones, se les ha exigido la conformación de personería jurídica, como si no supiéramos lo que cuesta en este país armar una sociedad civil. Quienes hacen radiodifusión comunitaria no sólo lo hacen honorario, sino que terminan poniendo plata de sus bolsillos porque les interesa difundir tal o cual cosa o porque les interesa el concepto de que la gente sea capaz de tener su propio medio de comunicación. Es algo que debe ser promovido desde el Estado y no perseguido, y se ha perseguido, además, a instancias siempre de emisoras comerciales que denuncian lo que entienden como competencia desleal por parte de estas pequeñas emisoras comunitarias.