Luego de que dos de los tres integrantes de la comisión preinvestigadora rechazaran la posibilidad de crear una investigadora “para analizar en profundidad la gestión de la pandemia de covid-19 en Uruguay”, los diputados Federico Preve (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional) y Gustavo Salle (Identidad Soberana, IS) presentaron los informes para argumentar su voto a favor o en contra.
Tanto Abdala como Preve se manifiestan, en sus informes, en contra de la creación de la investigadora, “con miradas o fundamentos diferentes, o por lo menos no totalmente coincidentes”.
En el informe elaborado por Preve, al que accedió la diaria, el diputado se basa en el análisis de tres factores para dar su voto negativo a la formación de la investigadora: aspectos jurídicos, gestión sanitaria durante la pandemia y economía y políticas sociales.
El primer factor toma en cuenta el consentimiento y apunta que el plan de vacunación contra la covid-19 “no se estableció como obligatorio”, pero “sí se exhortó a la población a vacunarse, debido a que la información científica generada a la fecha indicaba que la inoculación tenía efectos positivos, que disminuyen notoriamente los casos graves y las muertes”.
“Estaba en el marco de la libertad de cada persona resolver si se vacunaba, en base a la información oficial activamente difundida sobre eficacia y seguridad, y de la información respecto a las vacunas, que se encontraba disponible en la página del Ministerio de Salud Pública (MSP)”, sostiene.
Otro de los puntos destacados por Preve es sobre las cláusulas de confidencialidad en los contratos con la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer para obtener las vacunas, y uno de los principales argumentos de IS para impulsar la investigadora.
El partido liderado por Salle afirma que el Estado uruguayo mantiene “contratos secretos” con las empresas fabricantes de las vacunas contra la covid-19, y en el informe que presentó para investigar la gestión de la pandemia planteó que, con base en una “recta interpretación” de la ley de derecho de acceso a la información pública, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, “el Poder Ejecutivo del Uruguay no estaba en condiciones de contratar bajo cláusulas de confidencialidad la adquisición de vacunas con las corporaciones internacionales”.
En ese sentido, Preve apeló a un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que para que cualquier restricción en el acceso a la información en poder del Estado sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta “debe superar una doble prueba de proporcionalidad de tres pasos”: “a) debe estar relacionada con uno de los objetivos legítimos que la justifican, b) debe demostrarse que la divulgación de la información efectivamente amenaza con causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo, y c) debe demostrarse que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con la información”.
Por lo tanto, el diputado plantea que “no hay dudas” de que en este caso “se supera la prueba de proporcionalidad”, ya que “el Estado uruguayo persigue un objetivo legítimo de obtener las vacunas para preservar la salud de la población”. De esa forma, “la violación a las cláusulas de confidencialidad suscritas con los laboratorios ocasionarían un grave perjuicio al poner en riesgo el suministro de las vacunas”. Abdala coincidió en esto y agregó que “no pudo fundarse consistentemente la supuesta ilegalidad de los mismos”.
Si bien Preve hace énfasis en que en la gestión de la pandemia “hubo una respuesta insuficiente en términos sanitarios, de reducción de la pobreza y apoyo a los sectores más vulnerados, dejando en evidencia las restricciones de la estrategia adoptada”, concluye que “no se valoran actos ilícitos ni irregulares que ameriten la conformación de la solicitada comisión investigadora”, así como que en cuanto a los aspectos jurídicos “no hay ilegalidad ni inconstitucionalidad en lo actuado”.
Asimismo, Abdala menciona que lo denunciado se trata de “un objeto de investigación de extraordinaria amplitud” que “desborda los límites de la competencia de las comisiones investigadoras y, aun, la función de contralor y fiscalización del Parlamento, en la medida en que buena parte de los hechos denunciados trasciende las fronteras del territorio nacional”.
En su planteo, Salle destacó que “varios informes revelaron que los datos de muertes por covid-19 fueron alterados, incluyendo pacientes con comorbilidades como muertes directas por el virus” y que “no existen informes transparentes sobre cómo se contabilizan los casos y muertes, por lo que se requiere una auditoría de los datos”.
Sobre esto, Abdala resaltó que las referencias hechas por IS a que “se ‘inflaron’ las cifras de enfermos, a la falta de efectividad de las vacunas y su posible correlación con el aumento de la mortalidad, el agravamiento de distintas enfermedades, la disminución de la natalidad, el incremento en un 80% de los abortos espontáneos, los trastornos en el sistema reproductivo de los seres humanos, o las alteraciones genéticas carecen de la necesaria evidencia científica como para poder sostenerse”.
Esta evidencia, dice Abdala, “no fue incorporada a la denuncia como prueba o fundamento del proceso parlamentario que se desencadenó con dicho planteamiento”.
En el próximo plenario, la Cámara de Representantes deberá abordar los tres informes, y, tal como está previsto, con los votos contrarios de la coalición multicolor y el Frente Amplio, la solicitud de IS naufragará.