El Poder Ejecutivo extendió por un año el régimen de promoción de inversiones —vía exoneraciones tributarias— aplicable al área de la construcción que instauró el anterior gobierno, encabezado por el expresidente Luis Lacalle Pou, a fines de abril de 2020.
En aquel entonces, en el contexto de la emergencia sanitaria y bajo el amparo de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (16.906), Lacalle Pou estableció a través del Decreto 138/020 una serie de beneficios para “las actividades de construcción para la venta o arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o vivienda, y las urbanizaciones de iniciativa privada, correspondientes a proyectos de gran dimensión económica”.
En ese decreto, el anterior gobierno advertía sobre “el impacto del descenso de la actividad económica” producto de la pandemia, y abogaba por “dinamizar actividades intensivas en empleo” y generar “externalidades positivas hacia otros sectores de la economía”. En la redacción original se establecía que una obra de construcción era de “gran dimensión económica” cuando tuviese “un valor en obra civil y bienes muebles destinados a las áreas de uso común de 60 millones de unidades indexadas”. Este monto fue modificado con posterioridad; actualmente se ubica en 30 millones de unidades indexadas, por lo que el régimen comprende a proyectos de menor porte.
En el quinquenio anterior también se cambió varias veces la fecha de finalización de este régimen. En principio, Lacalle Pou había dispuesto que los beneficios podrían otorgarse a los proyectos que hubiesen sido presentados antes del 31 de diciembre de 2021, pero este límite se extendió en 2021, 2022 y 2023.
Finalmente, el actual gobierno dispuso mediante un nuevo decreto que este régimen continuará vigente para los proyectos que hayan sido presentados antes del 1° de enero de 2026 y cuyo período de ejecución “no se extienda más allá del 30 de setiembre de 2028”. El Poder Ejecutivo sostiene que resulta “conveniente” extender el plazo de este régimen “mientras se evalúan los impactos del mismo”.
Las bases programáticas del Frente Amplio marcan que las políticas de promoción de inversiones “deben focalizarse en promover actividades en las que se identifique un fuerte impacto deseado y cuya concreción efectivamente dependa de los beneficios otorgados en términos de valor agregado y desarrollo nacional”. En tal sentido, la fuerza política prevé llevar a cabo un ajuste y un perfeccionamiento de “los mecanismos de promoción y exoneración de inversiones” durante el actual período de gobierno.
El régimen diseñado por la administración de Lacalle Pou, que se mantendrá un año más, establece que previo al asesoramiento de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, el Poder Ejecutivo otorgará un conjunto de beneficios fiscales, tales como la exoneración de todo tributo a la importación de maquinaria para la obra civil, así como distintas deducciones en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas —que varía entre 5% y 40% en función de la dimensión de la obra— y en el Impuesto al Patrimonio.
El decreto que extendió este régimen fue firmado por el presidente Yamandú Orsi el martes 25 de marzo, el mismo día de la primera reunión del Consejo de Ministros. Si bien el decreto está disponible en la página web de Presidencia, Orsi no hizo mención a esta resolución del Poder Ejecutivo en la conferencia de prensa, que tuvo lugar al término del Consejo de Ministros.