A Hugo Bai le tocó en el período pasado representar al PIT-CNT en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que la anterior administración creó para trabajar en la última reforma jubilatoria. Junto con la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y el Frente Amplio (FA), quedó en minoría frente al entonces oficialismo y las cámaras empresariales. Ahora, como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, asumió la tarea de coordinar el diálogo social que llevará adelante el actual gobierno, cuya hoja de ruta fue presentada públicamente el martes.
En entrevista con la diaria, Bai sostiene que el tema del financiamiento estará presente en todos los ejes temáticos del diálogo social y resalta que “hay oportunidades de mejora” en el régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). Por sobre todo, subraya su convencimiento de que, si bien “no va a ser fácil”, “hay condiciones para encontrar acuerdos amplios” entre el conjunto del sistema político y las organizaciones sociales.
¿Qué diferencias va a tener este diálogo social en comparación con la CESS que funcionó en el período pasado?
Primero, la agenda. Acá estamos pensando en una agenda mucho más amplia; por supuesto que el tema de jubilaciones y pensiones va a estar incluido, pero también van a estar incluidos temas que tienen que ver con la protección a la infancia, con un avance en el sistema de cuidados, con la protección de los activos. Aquello tenía un componente mucho más técnico y centró todo el intercambio en la parte jubilatoria, estrictamente en el gasto jubilatorio. Nosotros pretendemos que esta Comisión Ejecutiva sea un ámbito de carácter político, porque, si bien el proceso tiene que estar apoyado por un conjunto de técnicos y especialistas, nos parece que para construir acuerdos sociales y políticos es fundamental tener representantes políticos, tanto de las organizaciones sociales como de los partidos políticos.
En la hoja de ruta que se presentó no se incluyen las bases que fijó el FA para el diálogo social. ¿Esas bases se van a tener en cuenta?
Me parece que son documentos distintos: un documento sobre cómo se posicionaba la fuerza política, que por supuesto es un documento que conozco, y este documento de hoja de ruta de un diálogo plural, inclusivo, que pretende intercambiar sobre todos esos temas que están ahí. Lo que no hay son propuestas específicas. Está todo abierto para el intercambio. Después, naturalmente, entre los integrantes de la Comisión Ejecutiva tendremos que ir viendo cómo avanzamos en la construcción de los acuerdos políticos.
¿Pero las bases del FA no son el punto de partida para el diálogo social?
Las bases fueron un insumo clave para construir la hoja de ruta y obviamente reflejan un conjunto de preocupaciones que el Poder Ejecutivo comparte y que van a ser abordadas en la discusión del diálogo social. Ahora, me parece que no es el momento para que el Poder Ejecutivo empiece a decir qué vamos a hacer con tal cosa o tal otra. Por supuesto que nosotros tenemos nuestras ideas y, llegado el momento, las compartiremos, pero ahora queremos enriquecerlas con los aportes que nos hagan los demás. Sabemos que son temas sobre los que hay diferencias y no va a ser fácil encontrar consensos, pero estamos convencidos de que hay condiciones para encontrar acuerdos amplios en algunos puntos y pretendemos que eso quede reflejado.
El PIT-CNT ya adelantó que en el diálogo social va a plantear una sustitución gradual de los aportes patronales por un impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la postura inicial del gobierno en ese sentido?
Hoy la postura nuestra es que estamos planteando un diálogo y que estamos abiertos a las propuestas que cada una de las organizaciones sociales y los partidos políticos quieran hacer. Ese es un tema que está dentro del perímetro del diálogo y que, por lo tanto, va a ser objeto de intercambio. Me parece un planteo legítimo y que puede ser analizado y estudiado. El tema del financiamiento está puesto en la hoja de ruta como una de las dimensiones transversales para tratar todos los ejes temáticos.
¿Hay margen para analizar el actual régimen de exoneraciones al capital, como el impuesto al patrimonio o el IRAE?
Si es planteado, va a formar parte de la conversación. Ahí hay que conocer mejor los planteos concretos, es decir, la recaudación de esos impuestos no tiene una asignación directa a la seguridad y la protección social, pero naturalmente pueden tener un impacto en el espacio fiscal para introducir determinados cambios. Después también habrá que ver cómo se posiciona el Poder Ejecutivo con relación a eso y los compromisos que el gobierno también ha asumido en materia de impuestos.
En el período pasado, en el marco de un conversatorio sobre la reforma jubilatoria, habías planteado que hay espacio para avanzar en eso.
Yo hoy estoy en un nuevo rol. Todo lo que he dicho lo suscribo, no tengo problema, forma parte de lo que pienso, pero hoy no me pusieron acá para hacer lo que yo pienso, sino más bien para coordinar un proceso de diálogo en el que intervienen el Poder Ejecutivo, los actores sociales y los partidos políticos. Si esos planteos se llevan a cabo, veremos cómo se posiciona el Poder Ejecutivo con los compromisos que ya están asumidos de la campaña electoral. En esta etapa el Poder Ejecutivo no adelanta postura sobre ningún tema específico; estamos en la etapa de escuchar a los actores. Más allá de eso, los compromisos que están asumidos se van a cumplir por parte del Poder Ejecutivo.
La idea del diálogo social surgió a partir de la reforma jubilatoria del período pasado. ¿Cuáles son los principales aspectos a revisar de esa reforma?
En primer lugar, aquella fue una reforma estrictamente jubilatoria. También estuvo ausente en el proceso anterior el tema del financiamiento y nosotros tenemos intenciones de incorporar a todos los ejes temáticos de manera transversal una mirada sobre el financiamiento. Pero además, dentro de lo estrictamente jubilatorio, nosotros incorporamos temas vinculados al piso de bienestar, al sistema de reparto intergeneracional y al componente de capitalización individual.
Ahí va a estar en juego cómo garantizar un piso básico vinculado al nivel de bienestar de la persona, pero ya no sólo para quienes acceden a la causal [jubilatoria], sino para todo aquel que, producto de su historia laboral, la informalidad, el desempleo o el conjunto de desigualdades que sabemos que existen, no va a llegar a cumplir con los años de aportes para acceder a una causal contributiva. Esos sectores también deberían tener un piso de bienestar garantizado a ciertas edades.
También pensamos que hay oportunidades de mejora en lo que es el pilar de capitalización individual. Ahí hay una serie de cambios sobre los que hay que dialogar y tratar de acordar, sobre todo, para que vayan en línea con el bienestar de las personas, es decir, disminuir los costos del sistema para que en última instancia el ahorro individual rinda más. O sea, acá está claro que va a seguir existiendo un sistema multipilar y que uno de esos pilares va a ser el de ahorro individual, pero desde nuestro punto de vista el diseño actual tiene oportunidades de mejora que permitan reducir costos en beneficio de los ahorristas.
¿Qué significa “reducir costos”? ¿Por ejemplo, disminuir el margen de ganancia de las AFAP, que haya más competencia?
Naturalmente una mayor competencia va a generar condiciones de ganancias más razonables dentro de lo que es el sistema; nos parece que ese es un camino sobre el que hay que transitar, pero, repito, el Poder Ejecutivo no adelanta cuál es la propuesta, simplemente hoy por hoy nos parece que es el momento de escuchar a los demás, y lo que tengan para decir las AFAP nos parece sumamente relevante.
Uno de los cambios que introdujo la última reforma jubilatoria fue la obligación para los nuevos trabajadores de afiliarse a una AFAP. ¿Eso puede estar en discusión?
Si alguno de los actores lo incorpora, va a formar parte del intercambio y veremos cuál será la mejor solución. Yo creo que hay que pensar en el diseño en su conjunto en el marco de un sistema multipilar; hay que ver en qué condiciones aporta la gente a cada uno de los pilares, sobre todo, al pilar uno y al pilar dos, que son los pilares contributivos.
¿Qué consecuencias tendría dar marcha atrás en eso?
La situación anterior está vinculada a la opción voluntaria de aportar a las AFAP, que es el artículo 8 de la Ley 16.713, que venía acompañado de una bonificación. Yo diría que ese fue un mecanismo bastante problemático, [porque] uno ha visto cómo ha operado a lo largo de estos casi 30 años del sistema mixto y ha sido un mecanismo que deberíamos tratar de no reproducir. Nos parece que este tipo de opciones voluntarias donde la gente no sabe bien qué es lo que más le conviene o qué es lo que tiene que elegir termina generando situaciones de inequidad horizontal dentro del sistema, que después culminan con colectivos que sienten que fueron perjudicados por haber tomado malas decisiones.
A título personal, me parece que cualquier diseño del sistema debería evitar exponer a las personas a tomar decisiones sobre aspectos que no conocen. Ahora estamos lidiando con situaciones como la de los cuarentones, que están con un asesoramiento en el BPS [Banco de Previsión Social] viendo lo que más les conviene y lo que no. Me parece que es un camino en el que no tendríamos que profundizar.
El diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley para mantener justamente la bonificación de 1,5 en el cálculo jubilatorio que eliminó la reforma jubilatoria. ¿Ese no es el camino?
Si en el proceso de diálogo surge una propuesta de ese tipo por parte del Partido Colorado, o por parte de quien sea, puede ser objeto de análisis. Por lo pronto, no me queda del todo claro el alcance de ese proyecto y si viene acompañado por un estudio de sustentabilidad económico-financiera. Cualquier propuesta, en particular una de ese tipo, me parece que es bueno que incorpore [un estudio para saber] qué impacto tendría a mediano y largo plazo en términos del gasto jubilatorio. La sensación que a uno le da ese proyecto es que, en cierta forma, desarticula un poquito la lógica que tenía la reforma implementada en el período pasado.
¿Qué lugar va a ocupar el tema de la Caja Militar en el diálogo social?
La idea en el marco del diálogo no es abordar la situación de ningún colectivo específico. Pero sí, en esa mirada general, vamos a estar atendiendo problemas de sustentabilidad a mediano y largo plazo y de equidad, y, por lo tanto, algunos elementos de la Caja Militar que tengan que ver con la sustentabilidad general del sistema jubilatorio y con las asimetrías que puede haber entre ese subsistema particular y otro puede ser objeto de análisis. Evidentemente, hoy hay asimetrías en ese régimen respecto del régimen general, y con esa perspectiva, mirando todo el bosque y la equidad que nosotros pretendemos que exista dentro del sistema, puede formar parte del intercambio. Hoy está planteado de esa manera.
Tenías un rol diferente, pero en el período pasado insististe con que, para tener “legitimidad social”, cualquier reforma de la seguridad social debía avanzar en el tema de la Caja Militar.
Yo todo lo que dije lo mantengo. Hoy el rol en el que estoy es diferente y lo que te puedo decir es eso, que la preocupación sobre la equidad del sistema y la sustentabilidad a mediano y largo plazo forma parte de la agenda de este gobierno, y, por lo tanto, todo aquello que tenga vinculación con eso son aspectos que pueden formar parte del diálogo.